ESPAÑA
Tribunales

El juez del 'caso Púnica' envía a juicio al ex consejero Granados y otras 42 personas por corrupción en obras públicas

El ex consejero madrileño de Presidencia adjudicaba al empresario amigo David Marjaliza a cambio de dinero, viajes de lujo, relojes...

Francisco Granados llega al Congreso para intervenir en una comisión de investigación en 2018.
Francisco Granados llega al Congreso para intervenir en una comisión de investigación en 2018.BERNARDO DÍAZ
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al ex consejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en la rama del caso Púnica que ha indagado en las adjudicaciones de suelo público a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

El auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza separada número 8 de la macrocausa supone que el instructor da por concluida la investigación y considera que hay indicios de delitos suficientes para ir a juicio. El siguiente paso antes de poder celebrar la vista oral es que Anticorrupción y otras partes personadas formulen sus escritos de acusación.

Las presuntas ilegalidades afectan al periodo 2003-2011, durante la gestión de Granados como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente de Presidencia, Justicia e Interior.

La resolución del Juzgado Central de Instrucción Seis, de 146 páginas, considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de Influencias, malversación, fraudes y falsedad documental.

Además de a Granados, el instructor propone juzgar a varios empresarios, entre ellos el constructor David Marjaliza y Javier López Madrid y archiva la causa para cuatro investigados, entre ellos el también empresario José Luis Ulibarri.

Contratos del metro

El juez detalla en su auto la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra a favor de la trama. Entre las obras investigadas se encuentran tramos de Metro Sur, Metro Norte y la línea de metro ligero a Boadilla del Monte.

"Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios investigados, encargados de la redacción de los pliegos técnicos, no solo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, que de entrada aseguraba la elección del adjudicatario, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar contratos modificados y complementarios", afirma el magistrado.

El magistrado explica que la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre destituyó del cargo de consejero de Transportes a Granados, atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella Consejería, pero, al mismo tiempo, le ofreció presidir la secretaría general del PP de la Comunidad de Madrid.

En esa nueva organización Granados asumió nuevas funciones puesto que se asignó a Presidencia la empresa pública Arpegio, gestora del suelo de la Comunidad, Arpegio, que antes estaba en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Con esa y otras reestructuraciones Granados volvió a tener bajo su gestión "un considerable patrimonio", así como "la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística/inmobiliaria".

Entre la actividad que pasó a controlar estaba la adjudicación de parcelas de la Comunidad de Madrid para la construcción de viviendas libres y de vivienda protegida, así como la supervisión de la adjudicación de parcelas de ayuntamientos.

Cestas de Navidad

El relato del juez prosigue indicando que Granados se concertó con el constructor Marjaliza para adjudicarle parcelas públicas de una de las promociones más importantes que iba a desarrollar Arpegio: el proyecto Ciudad Jardín de Arroyomolinos.

En este caso, dice el magistrado, los contratos de compraventa entre Arpegio y una de las empresas de Marjaliza, se firmaron antes de que el Consejo de Administración de Arpegio resolviese la adjudicación en favor de esas sociedad.

La resolución apunta que tanto Granados como su mujer, María Nieves Alarcón, utilizaron fondos públicos de Arpegio para agasajar con cestas de Navidad a amigos, compañeros de trabajo, profesores de las hijas o médicos que les habían atendido. En eso gastaron 100.000 euros de fondos públicos.

El instructor también detalla los continuos regalos de Marjaliza a Granados a modo de comisiones en especie. Entre ellos, un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.