- Cataluña Junts y la CUP se reunirán esta semana para abordar la investidura de Carles Puigdemont y la formación de la Mesa del Parlament
- Política El "síndrome de final de legislatura" se abre paso en el PSOE
Mientras la proposición de Ley de Amnistía afronta su último trámite parlamentario, la Fiscalía comienza a estudiar su postura ante la inminente aplicación de la norma tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado este jueves una reunión con los fiscales de Sala del procésFidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, críticos con la Ley de Amnistía. Los fiscales que deben decidir sobre el futuro procesal de Carles Puigdemont albergan serias dudas sobre la aplicación de la medida de gracia que pretende borrar los delitos del 1-O, según ha podido saber este periódico.
Un día después han sido citados en la sede de la Fiscalía General los fiscales jefes de Cataluña. El objetivo de ambos encuentros es delimitar la línea de actuación del Ministerio Público ante el borrado de los delitos del 1-O. Fijar posiciones. Intercambiar impresiones jurídicas.
En la Fiscalía General del Estado consideran prioritario que haya unidad de criterio de actuación en un asunto de máxima relevancia y sobre el que García Ortiz ha eludido pronunciarse durante la tramitación parlamentaria de la ley por no ser el fiscal un actor político.
A la reunión de hoy, en la sede de Fortuny, han sido convocados junto a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo asignados a la causa del 1-O la teniente fiscal del Alto Tribunal, María Ángeles Sánchez Conde -encargada de la causa de Tsunami Democràtic abierta a Carles Puigdemont por la Sala Segunda- y los fiscales jefes de Penal del Tribunal Supremo.
Por su parte, el viernes han sido citados en la Fiscalía General el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, los cuatro fiscales jefes provinciales de dicha autonomía y los seis fiscales jefe de área, informan fuentes del Ministerio Público. En Cataluña hay alrededor de 300 procedimientos judiciales abiertos por el desafío independentista catalán, tanto por los hechos que tuvieron lugar en otoño del año 2017 como por los disturbios del año 2019 cuando se notificó la sentencia donde se condenó a los ex miembros del Govern de la Generalitat por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
Crisis de autoridad
El pasado mes de noviembre, desde la Fiscalía General que dirige García Ortiz se reclamó a distintas Fiscalías, entre ellas la de la Audiencia Nacional y la de Cataluña, información sobre «cuantos procedimientos penales se hayan tramitado» en relación con el proceso independentista catalán. En concreto, los datos que esos departamentos tuvieron que remitir al equipo de Álvaro García Ortiz fueron el número de procedimientos incoados relacionados con el procés, el estado procesal de los mismos, qué órgano judicial era el encargado de instruir esas diligencias, así como cualquier escrito de calificación emitido por el Ministerio Fiscal.
Paralelamente, el fiscal general ha impedido, entre fuertes críticas, que el Consejo Fiscal se pueda pronunciar sobre la proposición de Ley pese a las reiteradas peticiones cursadas por el Senado, llegando los vocales de la Asociación de Fiscales a emitir un dictamen sobre la norma en clara muestra de rebeldía contra Álvaro García Ortiz.
La aprobación de la amnistía llega en un momento en el que el fiscal general sufre una crisis de autoridad provocada, entre otras cuestiones, por los continuos reveses judiciales recibidos -anulación de nombramientos judiciales, desautorización en el caso de Tsunami Democràtic precedida de un escándalo por los cambios de criterios del fiscal, inadmisión de la recusación de una Sala del Supremo- y por la posibilidad real de que se convierta en el primer responsable del Ministerio Público investigado por el Alto Tribunal por la filtración de datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
También por la incapacidad de apaciguar a la Carrera Fiscal: dos de las tres asociaciones judiciales -la Unión Progresista de Fiscales que presidió el propio García Ortiz es la única que no le ha dado plantón- han abandonado el grupo de trabajo creado por el fiscal general para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, paso necesario para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dejaría en manos del fiscal la instrucción judicial. Y lo han hecho como señal de protesta con la actuación del fiscal general porque hay un amplio consenso en que el modelo del sistema penal es obsoleto y que, en consecuencia, debe actualizarse dando mayor protagonismo al fiscal.
A esto se suma, la crisis de credibilidad que atraviesa el Ministerio Público por la imagen de «servilismo con el Gobierno» atribuida a García Ortiz.
En este contexto, el fiscal general tendrá que convencer, o imponer su criterio como superior jerárquico, a los fiscales de Sala del Supremo sobre el borrado de los delitos de Carles Puigdemont.