Sí. El segundo Gobierno en coalición de Sánchez será políticamente legítimo y legal. No es necesario que la intersindical papanata sanchista insista en proclamar, como si el pueblo español fuera un sujeto (ya, obviamente, no de soberanía) intelectualmente limitado y ajeno a la democracia, que en un sistema parlamentario gobierna quien logra aunar más escaños. Es evidente, pues, que a Sánchez le respalda la legitimidad de la mayoría del Congreso, pero también que perdió la legitimidad moral, ética y constitucional.
El intercambio de la amnistía por la investidura con los golpistas -los mismos dirigentes de 2017 siguen al frente de Junts y de ERC- se basa en una incontestable mentira: definir como voluntad de concordia lo que sólo es un inabarcable afán por mantenerse en el poder. Y representa, de hecho, la voladura del pacto de la Transición, aquel 78 que supuso un voluntario reencuentro entre españoles y cuyo espíritu es la antitesis del hoy divisorio sanchismo.
No. España no será por el momento una dictadura bolivariana, como torpemente afirman los hiperbólicos Ayuso y Abascal. España conserva, a pesar de su Gobierno, las características que definen una democracia liberal: instituciones plurales e independientes, contrapesos de poder y una sociedad civil que estos días de movilizaciones demuestra que ni se calla ni se resigna. Ahora bien, la deriva autocrática del sanchismo, descubierto como un vulgar trumpismo mediterráneo y sociata dispuesto a negociar el Estado de Derecho con criminales, sí sitúa a España en la misma senda autoritaria de la Hungría de Orban, la Eslovaquia de Fico o la Cataluña de Puigdemont y Junqueras.
El desprecio a la pluralidad del mitin de Sánchez en el Congreso, negando una mínima empatía por los muchos españoles indignados con la amnistía, a quienes, en cambio, insultó definiéndolos sin distinción como ultras, consagra el paradigma guerracivilista de la izquierda española y anticipa una legislatura de checa, choque y revancha. A partir de una Ley de Amnistía que habilita la persecución de jueces, fiscales y policías, ejecutores según Sánchez de la «venganza del 155», y que será dirigida por las cúpulas ERC y Junts, cuyos portavoces Rufián y Nogueras chulearon al presidente para exhibir mando y plomo. Recordándole que el compromiso firmado es que culmine rápido rápido el procés y blinde la impunidad absoluta para la mafia nacionalista.