El Tribunal de Cuentas celebrará el 17 de noviembre el juicio por el gasto de dinero público en el referéndum ilegal del 1-O. La lista de presuntos responsables a los que la Fiscalía reclama de 3,4 millones de euros la encabeza el ex president Carles Puigdemont. Le acompañan una treintena de cargos de la Generalitat, incluidos ya condenados como el ex vicepresident Oriol Junqueras y ex consellers, a los que el indulto no libró de las responsabilidades económicas del delito.
La amnistía que el independentismo presenta como línea roja para apoyar una investidura de Pedro Sánchez incluye desactivar las sanciones e indemnizaciones vinculadas al procés. La proposición de ley registrada en el Congreso en 2021 incluye referencias al Tribunal de Cuentas. «La amnistía también incluye las sanciones dictadas o que pueden ser dictadas por el Tribunal de Cuentas en relación con las causas mencionadas», indica el texto. Esas causas mencionadas incluyen, entre otras, las del referéndum de 2017 (el 1-O) y a la consulta previa de 2014 (el 9-N).
El aplazamiento del juicio convendría a los acusados, dado que la tramitación de una ley de amnistía podría dilatarse. La defensa de Puigdemont ya intentó retrasar la causa esgrimiendo su inmunidad como eurodiputado. La solicitud fue desechada y la vista se fijó para dentro de tres meses.
"Ante cualquier jurisdicción"
El juicio del Tribunal Supremo a los líderes del procés que no huyeron impuso condenas de prisión pero difirió las responsabilidades económicas a un juicio posterior en el Tribunal de Cuentas, que es el previsto para noviembre. En abril del año pasado la Fiscalía cifró en 3,4 millones la cantidad a reclamar a 35 cargos de la Generalitat. Parte por el 1-O (1,2 millones)y parte por la acción exterior de la Generalitat a través de Diplocat (2,2 millones).
Una amnistía frenaría las reclamaciones económicas que aún estuvieran dirimiéndose y así lo expresa en múltiples apartados la proposicion de ley: «La amnistía comportará la extinción de [...] las responsabilidades civiles de cualquier tipo, exigibles ante cualquier jurisdicción y derivadas de los hechos descritos».
Más complejo sería resolver qué sucedería con las cantidades abonadas en procedimientos concluidos, es decir, las multas e indemnizaciones ya pagadas. Ahí se incluyen, por ejemplo, las sanciones abonadas por condenados por desobediencia y, con una cuantía y simbolismo mucho mayor, lo que se pagó por el 9-N.
Condena por el 9-N
El Tribunal de Cuentas acabó imponiendo en este caso una sanción total de 5,8 millones a distintos responsables de la consulta ilegal, entre ellos el ex president Artur Mas. La decisión devino firme en 2021, tras inadmitir el Tribunal Supremo los recursos de casación.
La proposición de la Ley de Amnistía sostiene que lo ya abonado también podría reclamarse al Estado: «Se devolverán las fianzas y abonos, las sanciones o multas de carácter económico serán devueltas junto con el interés legal del dinero, así como todo tipo de embargos, limitaciones o restricciones de disposición patrimonial de las mismas o afines, a petición de los interesados», reza el artículo segundo del texto.
Sin embargo, fuentes jurídicas conocedoras del asunto ven poco probable que la amnistía pudiera finalmente imponer esas devoluciones: «Lo pagado, pagado está», afirman. La mayor parte de lo abonado por los condenados provenía de la caja de resistencia, por lo que la devolución abriría un debate de cómo repartir del vuelta esos fondos.