Viernes, 24 de junio de 2022. Pasan las seis de la mañana cuando se gesta un salto a la valla en el paso fronterizo del Barrio Chino, en Melilla, cerrado desde marzo de 2020 por el Covid. En el salto, según Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), murieron al menos 37 personas y otras 77 aún se encuentran desaparecidas.
La gestión de esa tragedia -que se produjo apenas tres meses después del giro del Gobierno en la postura histórica de España respecto al Sáhara- ha sido uno de los grandes lunares del Gobierno, con un importante desgaste y una merma en la reputación de España. «Esa imagen no es la mejor ni la más deseable para España», recuerda, un año después, Eduardo de Castro González (ex de Ciudadanos), entonces presidente de la ciudad autónoma.
«La intervención marroquí fue totalmente desproporcionada. Lo dije desde un principio. No se puede tratar a las personas así. Las imágenes están ahí, se pasaron de la raya. El hacinamiento... El problema fue la gendarmería marroquí. Todo fue extraño, raro del lado marroquí», prosigue De Castro, en conversación con EL MUNDO. «Por parte española, era una veintena de guardias civiles enfrentados a una masa ingente de personas que estaban dispuestas a todo. No tenían los medios suficientes».
Dramático en lo humanitario, quedó un escándalo político vigente.
Una frase persiguió desde el primer momento al Gobierno. «Las fuerzas de seguridad de Marruecos se han empleado a fondo. Ha sido un extraordinario trabajo de los dos países para frenar un asalto violento que pone en cuestión nuestra integridad territorial. Es importante reconocer el extraordinario trabajo de los cuerpos de seguridad en Melilla y Ceuta y también por parte del Gobierno marroquí en coordinación con nosotros para frenar un asalto violento, bien organizado y perpetrado, y bien resuelto por los dos cuerpos de seguridad. Marruecos es un socio estratégico», fue la valoración que hizo Pedro Sánchez desde Bruselas, en paralelo a las primeras noticias sobre la tragedia.
Los muertos y la dureza de vídeos y fotos obligarían al presidente a rectificar. «No había visto las imágenes cuando dije que lo de Melilla estaba bien resuelto», justificó días después. Pero, en realidad, pasadas 24 horas de la tragedia, con todo el tiempo para repasar el caso, reafirmó la alabanza a Marruecos, culpando sólo «a las mafias que trafican con personas», un discurso habitual de la extrema derecha en su rechazo a la inmigración.
El asunto se le iba a atragantar al Ejecutivo. De hecho, provocó que Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, fuera una de los dos únicos ministros reprobados en esta legislatura -la otra es Raquel Sánchez, ministra de Transportes-. Marlaska defendió que fueron unos hechos que «nunca» debieron ocurrir pero que derivan de una actuación «proporcionada» de los cuerpos policiales.
El ministro del Interior se parapetó tras el argumento de que no hubo muertos en territorio español ni se «desatendió» a los migrantes. «No tuvimos que lamentar ninguna pérdida humana en territorio nacional. No hubo ningún muerto en territorio español». Una versión que mantuvo aún incluso cuando una investigación de Lighthouse Reports (LHR) -organización que trabaja con una de las alianzas de medios de comunicación europeos- destapó que durante el salto al menos una persona murió en suelo español y por las imágenes, no se descartaba que pudiera haber más fallecidos en el lado español.
Marlaska ha contado con total respaldo de Sánchez. Moncloa ha defendido la actuación de los agentes españoles, sin declaraciones que pudieran enfadar a Marruecos. Y ello a pesar de episodios sonrojantes, como que el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, encargado de la investigación allí, aseguró que las autoridades españolas emplearon la violencia y no abrieron las puertas a pesar de la avalancha.
Un capítulo resume la incomodidad que la tragedia provocó en el Gobierno. En el primer Consejo de Ministros tras el salto, apenas tres días después, compareció la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hubo varias preguntas directas a ella. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, después de conversar fuera de micrófono con Montero, fue quien tomó la palabra, impidiendo conocer la opinión de ésta. En esa comparecencia, Rodríguez reiteró el agradecimiento a Marruecos por «la colaboración en la defensa de nuestras fronteras».
Brecha en el Gobierno
La tragedia también supuso una brecha entre el PSOE y sus socios de gobernabilidad. Unidas Podemos, ERC y Bildu cuestionaron una y otra vez los argumentos de Marlaska y exigieron una comisión de investigación. Los socialistas lograron vetarla gracias al PP. Los socios de Sánchez reprochan que éste llegara al Gobierno con la bandera del Aquarius -el barco con migrantes que en julio de 2018 ningún país quería acoger- y haya protagonizado una gestión como la del 24 de junio de 2022 en Melilla.
Pone voz a esta censura y malestar Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, y uno de los más activos en desmontar la versión del Gobierno. «Ha sido una de las peores gestiones de este Gobierno en la legislatura. Ha cerrado en falso esta tragedia al no haber querido profundizar en cuáles fueron las causas, cuántas personas fallecieron, dónde están los más de 77 desaparecidos», expone en conversación con este diario, en alusión a la negativa del PSOE a poner en marcha una comisión de investigación. Recuerdan los socios de Sánchez que los socialistas, en febrero de 2014, exigieron una comisión de investigación y responsabilidades políticas tras la tragedia de El Tarajal, cuando 15 inmigrantes, repelidos por los agentes, perdieron la vida al intentar llegar a nado.
«La imagen de España salió dañada. Pero a España le dio igual porque en términos europeos, más allá de que la Comisión te tire de la oreja o el Parlamento Europeo te llame a comparecer, ya vemos lo que ocurre cuando, por ejemplo, muere un centenar de personas en un barco en el Mediterráneo», reflexiona Iñarritu, para quien «España es firmante de numerosos tratados que reconocen los derechos humanos y hay que cumplirlos. No puedes cumplir cuando hay crisis como Afganistán o Ucrania en circunstancias mediáticas y, por otro lado, cuando te llegan miles de personas solicitando ayuda de la manera que pueden, mirar hacia otro lado. No puedes usarlo mediáticamente».
«Los saltos, la entrada de esa forma en Melilla no es nueva. Llevamos décadas soportando este tipo de presión. Lo que marcó este salto es que no fue el más masivo pero sí el más trágico. Nunca había pasado algo así. La reflexión es clara: nunca tendría que haber pasado y es deseable que nunca vuelva a pasar. Hay que investigar y si hay responsabilidades tendrán que asumirlas los responsables políticos», valora Eduardo de Castro González, presidente de Melilla en la legislatura que acaba de finalizar. En diciembre de 2022, la Fiscalía archivó la investigación al no ver delito en la actuación de los guardias civiles.
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