Fernando Grande-Marlaska está incómodo desde el martes, cuando estalló en su ministerio la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Parapetado tras el «respeto máximo al Alto Tribunal» desliza, sin embargo, fórmulas para no terminar de dar por válida la decisión de los magistrados y prepara el terreno para evitar la vuelta del mando de la Guardia Civil si los tecnicismos del fallo se lo permiten. La resistencia que el ministro del Interior escenificó desde el primer día a cumplir con la decisión judicial permanece intacta.
En paralelo, Interior ha diseñado un ataque contra Pérez de los Cobos -en el que pone en duda su honorabilidad- que ayer su titular subió a la tribuna del Congreso de los Diputados. La semilla la sembró su gabinete el día anterior con mensajes enigmáticos -habla de que la pérdida de confianza que motivó su destitución viene avalada por «elementos conocidos con posterioridad» que afectan al mando- cuyo núcleo no desarrolló. Para esquivar hablar de si tiene intención de devolver a su trabajo al coronel, el ministro del Interior se ampara en que necesita conocer la textualidad del fallo para tomar decisiones.
Va a estudiar si existe alguna vía que le deje margen para mantener el criterio que le llevó a apartar de su puesto a Pérez de los Cobos, una decisión con la que se puso en contra a la práctica totalidad de la Guardia Civil. Desde la cúpula hasta los agentes de la escala básica han censurado la salida del mando. En estos dos días, el titular de Interior no ha garantizado su restitución como jefe de la Comandancia de Madrid, de donde él mismo lo sacó en 2020 tras negarse el coronel a informar de una investigación judicializada. El ministro ata el futuro laboral de Pérez de los Cobos a la siguiente frase: «Vamos a esperar a conocer la sentencia y el razonamiento técnico del Alto Tribunal para dictar las resoluciones que sean oportunas en parámetros y en términos técnicos-jurídicos». En lo que sí ha insistido Fernando Grande-Marlaska es en dejar claro que el coronel no tiene su confianza y en que persisten los motivos que, según él, provocaron el polémico cese. «El Ministerio del Interior reitera que las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad», indicó sin especificar cuáles son los elementos a los que alude. Además, el ministro del Interior sembró ayer la duda sobre el mando de la Benemérita a cuenta del caso Kitchen y, tal como dijo, el mal uso de los fondos reservados, competencia del área que el coronel dirigió con varios ministros.
En su defensa de que mantiene la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos pese al fallo del Tribunal Supremo, Grande-Marlaska evitó hacer mención a la investigación sobre el 8-M -de la que se negó a informar a sus jefes políticos- para centrarse en la gestión de fondos reservados.
"Falta de confianza"
«Lo gestionaban sin el debido control, tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y está en un expediente, y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizara para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad», indicó.
A renglón seguido volvió sobre su percepción del coronel. «La falta de confianza queda. En ese tipo de personas es en la que este ministro del Interior no ha tenido, no tiene y no tendrá confianza ¿Usted tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados y que gestionaban los fondos sin el debido control?», le preguntó en el Congreso de los Diputados a la diputada del PP Ana Vázquez cuando ella le exigió su dimisión.
Mandos del Instituto Armado consultados por este periódico dan por hecho que tras acatar la sentencia del Alto Tribunal y devolver a Pérez de los Cobos a la Comandancia madrileña, Interior volverá a cesarle. Al hecho de dificultar su reincorporación le seguirá un «nuevo cese». Para ello, las mismas fuentes anuncian las «nuevas tácticas» que Interior está desarrollando para ganar la batalla en los tribunales ante casos de características similares.
El argumento del que se acompaña una expulsión se apoya en un término amplio y poco preciso: «necesidades del servicio» y no en la «pérdida de confianza». «Es así como -explican- se salvan de que la Justicia la anule porque a los magistrados les es difícil entrar a valorar este aspecto. No les resulta tan obvio como una pérdida de confianza».
«Vincular el motivo de un cese a "necesidades del servicio" es lo que se está haciendo actualmente cuando dentro del ministerio no se saben arreglar las cosas», finalizan.
Los agentes recuerdan la reciente salida del coronel de la Guardia Civil de Melilla, Jesús Vicente Torresano, cuyo cese fulminante todavía resuena en la Dirección General del Instituto Armado. Según fuentes de la Guardia Civil, quiso poner en marcha instrucciones concretas para que los agentes pudieran actuar amparados por la ley contra los migrantes que les agredieran en sucesivos saltos a la valla de Melilla y se negó a abrir un expediente informativo a los guardias civiles que lanzaron piedras contra los subsaharianos que querían alcanzar España el pasado día 24 de junio.
Desde el Ministerio del Interior defendieron que la salida de Torresano obedeció a otros criterios. «No reúne las condiciones necesarias para este puesto», dijeron. En su cese oficial recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se lee, indican las mismas fuentes, que su destitución se debe a «necesidades del servicio».
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