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La prórroga de los dos decretos leyes del Gobierno que componen el conjunto de medidas del escudo social cayó ante los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts en el Pleno del Congreso celebrado ayer. En concreto, se frenó la moratoria del Real Decreto 11/2020 que impide los desahucios y la prohibición del corte en los suministros para la gente vulnerable, además del decreto que recoge el tope a los precio de productos y servicios en situaciones de emergencia.
La de ayer era una derrota ya anunciada: a primera hora de la mañana la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lamentaba la falta de apoyos en el Congreso para mantener el escudo social. Y lanzaba un duro mensaje a los partidos políticos que lo rechazaban utilizando "bulos y mentiras" que relacionaban los casos de problemas sociales económicos y vulnerabilidad con la delincuencia. Además garantizó que comenzará a trabajar con los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales para ver qué respuestas dan a los afectados a partir de ahora.
La realidad es que hay dos lados afectados: el de los propietarios, y el de las personas vulnerables. Y entre medias, quien se aprovecha de la situación, como los inquiokupas.
Por el lado de los primeros, Ricardo Elvira, portavoz de la plataforma Afectados por la Ocupación, subraya un mensaje ante un desenlace que ve "evidente": "Una vez que ha caído un decreto dos veces [en relación a la primer freno, el pasado enero], hay que tumbar las medidas del todo". O al menos, aplicar otro sistema. Echa en falta, además de la atención de los organismos competentes a las demandas de las plataformas de propietarios, "una intención real de solucionar problemas". O dicho de otro modo: que sean los organismos públicos quienes faciliten una solución habitacional (vivienda estable) a las familias y personas que sean incapaces de permitírsela.
Desde la Asociación de Pequeños Propietarios ante la Inseguridad Jurídica (Aprovij), su presidenta Katty Díaz celebra el fin de una etapa que "nunca debió durar seis años": "Una medida que nació como excepcional en 2020 terminó convirtiéndose en permanente. Durante todo este tiempo, el Estado no asumió el coste de su política social: lo trasladó a propietarios concretos, que han visto sus procedimientos [lanzamientos] paralizados año tras año". Insiste en que la vulnerabilidad existe y debe atenderse, pero que no sea a costa de la propiedad privada mientras la "Administración no crea alternativas reales ni suficientes".
Y este es el punto en común entre una y otra postura: la responsabilidad de dar una solución habitacional corresponde al Estado, que "no se está haciendo cargo".
Está de acuerdo en este único punto Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que representa a todo tipo de afectados por procesos de lanzamientos. Reconoce que mantenían "la esperanza de algún tipo de recapacitación" en la votación de ayer, y que no se diese "la patada a los vulnerables". Él, que insiste en que "el derecho a la propiedad está hiperprotegido" en España, pide ahora un cambio en las medidas que aplican las administraciones públicas para proteger el derecho a la vivienda. "Medidas estructurales, que no dependan de la artimética parlamentaria" y que protejan a la población ante el "inasumible precio del alquiler". Avanza, como también ha hecho Sindicat de Llogateres, una ronda de manifestaciones y protestas a nivel nacional.
"Seis años dan para planificar, construir vivienda social y asumir responsabilidades", insisten desde Aprovij. También para elaborar una estadística homogénea a nivel estatal que permita calibrar la situación, el gran vacío que denuncian todas las plataformas: no es posible deducir el número de afectados (propietarios o inquilinos) por el Real Decreto 11/2020 en España.
El Ministerio de Vivienda contabiliza más de 60.000 desahucios evitados desde 2020, las únicas cifras oficiales a nivel nacional. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial no tiene estadísticas sobre cuántos se han evitado al haberse identificado a inquilinos vulnerables. La información sobre los datos de que han sido atendidos correctamente (esto es, ofrecer una vivienda alternativa) corresponden a los Servicios Sociales, lo que obliga a pedir información individualmente a las comunidades autónomas, que a en muchos casos derivan a los juzgados municipales o ayuntamientos.
Mientras tanto, la Plataforma Afectados por la Ocupación calcula 80.000 propietarios con inquilinos acogidos a la condición de vulnerables en España, en base a una estimación propia que parte de los datos oficiales de delitos por hallanamiento o ursurpación de vivienda. Por otro lado, el Sindicat de Llogateres de Cataluña, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y el Observatorio Desca cifran en 70.000 los desahucios paralizados por el escudo social, los mismos que se reactivarán en toda España tras el Pleno de ayer. La última plataforma mencionada calcula que desde 2020 sólo se ha dado una alternativa temporal a un 2% de los desahucios impedidos (con datos para casos hipotecarios y de alquiler).
La situación es compleja y difícil de abordar. Y se necesitan "medidas urgentes de calado" según el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, de Foessa y Cáritas. En 2013, el 57% de los hogares vulnerables tenía una vivienda en propiedad, aún con pagos pendientes, pero ahora esa proporción cae al 30%, y hay un señalado auge de las formas de acceso en precario. Sea con una vivienda facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio..., ha pasado del 2,4% en 2018 al 6,3% de la población de 2024.
Porque, entre tanto, a pesar del crecimiento económico del país, no ha habido una distribución uniforme de la riqueza que reduzca la diferencia entre hogares, pero sí hay en común "una emergencia social", que es la vivienda y su gasto creciente. Los autores estiman 6,8 millones de personas en España realizando un sobreesfuerzo económico para costearlo.
¿Qué es el Real Decreto 11/2020?
El Real Decreto 11/2020 fue elaborado por el Gobierno para paliar la crisis de la pandemia de Covid-19. El parón significó el estancamiento económico de muchos hogares, atrapados entre un trabajo interrumpido (con el cese de los ingresos), pero con un alquiler y suministros básicos que debían seguir costeando.
Es decir, hogares que necesitaban protección, como recoge el texto: desempleados, hogares con una caída igual o superior al 40% de sus ingresos a raíz de la crisis, familias cuyos ingresos que no superen la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), tengan hijos o mayores con discapacidad a su cargo (y no supere en cinco veces el Iprem), o que su esfuerzo económico supere el 35% de los ingresos familiares.
En el caso de los contratos del alquiler, el Real Decreto ordenó la suspensión de lanzamientos (desahucios) para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda que finalizasen en ese período. Por otro lado, se creó un programa de ayudas para compensar la moratoria de la deuda del alquiler a los caseros, porque no pueden interrumpir el mantenimiento de la vivienda.
Si bien el origen estaba en la necesidad surgida con la pandemia, el Gobierno prorrogó el Real Decreto 11/2020 en los años siguientes con el alza de precios derivada de la guerra de Ucrania, la catástrofe del volcán de la isla de La Palma, o la inflación. Y con las últimas ampliaciones, también se incluyen bajo esta protección a las víctimas por violencia de género.