El nuevo registro de alquiler turístico deja fuera del mercado al 42% de las viviendas de corta duración

A partir de hoy, toda vivienda destinada al alquiler turístico o de temporada que no esté inscrita en el Registro Único de Arrendamientos deberá retirar sus anuncios de plataformas como Airbnb o Booking. Así lo establece la normativa europea, que obliga a que, desde este 1 de julio, todos los alojamientos de corta duración cuenten con un número identificativo. Esta medida busca regular la actividad del sector y garantizar un mayor control por parte de las autoridades. En definitiva, el nuevo sistema pretende combatir el fraude y poner freno a la proliferación de pisos turísticos que han saturado muchas zonas del país en los últimos años.

Aunque la norma entró en vigor el pasado 2 de enero, los propietarios han dispuesto de seis meses para inscribirse en el registro. Este lunes, último día antes de su aplicación efectiva, se habían recibido 215.438 solicitudes de un total de 368.295 viviendas que el Instituto Nacional de Estadística identifica como turísticas. Esto implica que 152.857 viviendas no estarían regularizadas a partir de hoy y, por tanto, no podrán seguir ofreciendo sus servicios de manera legal.

Es más, los últimos datos actualizados ayer por el Ministerio de Vivienda detallan que de las 215.438 peticiones para obtener el código, solamente 94.209 han sido aprobadas desde principios de año, es decir solo el 25,6% de toda la oferta nacional de alojamientos vacacionales cuentan ahora mismo con la autorización para operar legalmente en nuestro país, dejando fuera al 74% restante. El resto, 102.732 están pendientes de revisión y las 15.575 restantes han sido revocadas. El procedimiento es el siguiente: los arrendadores envían la documentación y los registradores de la propiedad tienen que comprobar que los pisos cumplan con los requisitos. Esto es, que tenga la licencia o declaración responsable que exige el ayuntamiento o la comunidad autónoma en la que esté ubicado, que el estatuto de la comunidad de propietarios permita el uso turístico. Además de comprobar que el inmueble no sea de protección oficial, por lo cual no podría destinarse a esta actividad. Depués, tienen un periodo de 15 días hábiles para asignar el código definitivo o madar la orden para retirar los anuncios de las plataformas o corregir los datos que sean incorrectos antes de emitir el código definitivo. De no tenerlo, además de tener que dar de baja sus servicios online, la sanción económica puede ascender al medio millón de euros. Ante la urgencia, más de 130.000 de estas solicitudes fueron enviadas en el último mes colapsando a los registradores.

Más de tres de cada cuatro solicitudes activas se concentran en cinco comunidades autónomas. Andalucía encabeza la lista con 49.397 registros, la mayoría de ellos en la provincia de Málaga. Le siguen Canarias, con 16.719 viviendas inscritas en Gran Canaria y 13.341 en Tenerife. Cataluña suma 27.818 registros, concentrados especialmente en las zonas de mayor afluencia turística: Barcelona (9.521), Tarragona (6.659) y Gerona (9.521). Por último, la Comunidad Valenciana acumula un total de 21.930 solicitudes, repartidas entre Valencia (4.506), Alicante (14.515) y Castellón (2.909).