Los tribunales económico-administrativos están acelerando para resolver en tiempo récord las reclamaciones de los contribuyentes contras las tasas de basuras que están cobrando desde el otoño pasado todos los ayuntamientos de España, lo que les obligará a abandonar el proceso o a ir por la vía judicial, con el coste que supone en procuradores y abogados.
Así lo denunció este miércoles la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf): "Hay una clara mala práctica administrativa porque no podemos tener tribunales como el Económico-Administrativo Central de Madrid que normalmente está tardando dos años en resolver y que en este asunto está tardando dos meses. Que en dos o tres meses, tan rápido, esté resolviendo, igual es porque sabe que hay mucho dinero en juego y lo que está intentando es que el que ha reclamado por la vía administrativa -que no tiene coste- se vaya a la judicial, con lo que supone en costes en procurador y abogado. Es un ejemplo evidente de mala práctica administrativa y esto es lo que criticamos más profundamente, porque esto no es la norma, es la aplicación de la norma", ha denunciado Bernando Bande, presidente de la Asociación.
El objetivo de esta velocidad en la resolución de los recursos, que están colándose a otros más antiguos, sería, según sospecha Bande, que los cientos de miles de contribuyentes que han reclamado decidan abandonar el proceso, ya que muchos no querrán asumir el coste de ir por la vía penal en los tribunales contencioso-administrativos.
Llama la atención, además, que estos tribunales no esperen a que la Justicia se pronuncie sobre la legalidad de las órdenes municipales, en los casos en los que han sido impugnadas ante tribunales judiciales. En el caso de Madrid, la propia Aedaf presentó un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que previsiblemente emitirá sentencia en marzo.
Si este tribunal declara nula la ordenanza, los asesores fiscales esperan que anulen todas las liquidaciones de la misma, incluidas las de aquellos ciudadanos que no hayan recurrido. La Ley de Haciendas Locales, en su artículo 19.2, permite que una declaración de nulidad de la Ordenanza beneficie a todos los afectados, sin exigir que cada uno de ellos haya interpuesto recursos judiciales individualizados.
Los ayuntamientos de toda España están cobrando desde el pasado otoño una nueva tasa de gestión de residuos, conocida como tasa de basura, o una tasa más alta de la que ya tenían para dar cumplimiento a una norma estatal que aprobó el Gobierno en 2022.
"Las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía", estipuló la ley 7/2022.
Esa tasa, por definición, debía ser "no deficitaria", lo que exige que todo el coste que supone proveer el servicio debe ser repercutido a los contribuyentes, sin que haya posibilidad de que parte se financie mediante una tasa y parte con cargo a los presupuestos del municipio. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha advertido de que "el coste completo de la gestión de residuos es elevadísimo", de ahí que los ayuntamientos se hayan visto obligados a imponer tasas que oscilan entre los 57 euros en Toledo para un hogar medio a los 288 euros en la ciudad de Valencia.
Más allá de las enormes diferencias en función de la ciudad y el elevado coste que supone en algunas de ellas, uno de los problemas que plantea esta tasa es que algunos ayuntamientos no han tenido en cuenta en su diseño la idea de que pague más quien más contamine o quien menos recicle, lo que puede justificar las reclamaciones planteadas. En caso de ser aceptadas por la Justicia, los consistorios podrían verse obligados a devolver miles de millones de euros.
Según cálculos avalados por los inspectores locales, el coste agregado de la gestión de residuos en España asciende a unos 5.200 millones de euros al año y las tasas vigentes hasta 2025 reportaban unos ingresos por unos 3.500 millones, con lo que se han tenido que incrementar para cubrir un déficit de unos 2.000 millones.