El bono social eléctrico es una de las herramientas de lucha contra la pobreza energética que han definido las políticas públicas en esta materia desde su creación en 2009, si bien ha sufrido cambios muy considerables desde su creación, pasando de un criterio de elegibilidad inicial basado en la potencia contratada a criterios de renta y composición del hogar a partir de 2017. Ya antes de su reforma en 2017, la creación del bono social trajo consigo uno de sus aspectos más polémicos incluso hoy en día, el acceso automático para las familias numerosas con independencia de su renta.
En su último documento de Estrategia Nacional de Pobreza Energética, el gobierno ha establecido su intención de reformar el bono social de tal modo que se prime el acceso a hogares de rentas bajas, lo que de facto supone cortar el acceso automático a las familias numerosas con independencia de su capacidad económica. El debate no se ha hecho esperar, tanto por las elevados niveles de pobreza energética que aún persisten en España, como por el miedo de muchas familias numerosas de ingresos medios a quedar excluidas de esta política pública.
En ese sentido, las críticas parten de un argumento razonable, y es que la vía de acceso al bono social a través de la acreditación del título de familia numerosa es, de largo, la vía con una mayor tasa de cobertura del bono social en la actualidad. Concretamente, un 45% de las familias numerosas recibían en 2022 el bono social, respecto a menos de un 20% de los hogares elegibles por el criterio de renta, pero que no eran familias numerosas. Esto significa que, aunque el ministerio deje clara su intención de incrementar la cobertura del bono social entre rentas bajas, restringirlo al requisito de renta hará caer de forma brusca su cobertura incluso entre las familias numerosas de rentas bajas.
Los datos del último informe de EsadeEcPol e Intermon Oxfam sobre la cobertura del bono social eléctrico (que puede encontrarse aquí) aporta además información adicional de como se comporta la cobertura del bono social entre diferentes subgrupos de familias numerosas en España a partir de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE. Concretamente, muestran como la cobertura del bono social entre familias numerosas tiende a crecer con la renta del hogar, si bien la cobertura desciende de forma abrupta entre los hogares con mayor renta (Decil 10). Es decir, en general, las familias numerosas de ingresos medios altos muestran las mayores tasas de cobertura, con más de un 50% de cobertura en los deciles superiores de la distribución de ingresos.
La clave está en que, incluso entre las familias numerosas de bajos ingresos (deciles 1 a 4), la cobertura duplica a la de los hogares de bajos ingresos que no son familias numerosas. La razón para ello es sencilla, puesto que el proceso para acreditar ser una familia numerosa es considerablemente más sencillo y claro en términos administrativos respecto a documenta la suma de todas las rentas de los miembros del hogar. Es precisamente por ello que, si se transicionase a un sistema de renta como único criterio, sería esperable que la tasa de cobertura de las familias numerosas de baja renta converja con la cobertura actual del resto de familias en esa situación, de alrededor del 20% o, en otras palabras, supondría que un 20% de las familias numerosas de bajos ingresos perderían su acceso al bono social pese a tener derecho a el en cualquier escenario regulatorio.
Además, el informe de EsadeEcPol arroja luz sobre otros factores que inciden negativamente sobre la cobertura del bono social, especialmente relevante ahora que el gobierno ha retirado las últimas bonificaciones fiscales sobre el precio de la electricidad. En concreto, hay dos factores que juegan particularmente en contra del objetivo del gobierno de incrementar la cobertura entre las rentas bajas en los próximos años, el país de origen de los miembros del hogar y residir en una vivienda en alquiler, dos características cada vez más comunes entre hogares de rentas bajas en España.
La razón, de nuevo, está en la mayor dificultad para este tipo de hogares para realizar los trámites administrativos para acceder al bono social cuando lo hacen a través del criterio de renta, lo que augura que en los próximos años serán dos fuerzas que podrían incluso reducir la ya exigua cobertura del bono social entre las familias de bajos ingresos. Esto es especialmente cierto entre los hogares con miembros nacidos en el extranjero que, a igualdad de características observables, tienen 12 puntos porcentuales menos de probabilidad de acceder al bono pese a ser elegibles para acceder a él.
La reforma del acceso al bono social para familias numerosas responde a un objetivo legítimo de focalización del gasto social, pero entraña un riesgo que la evidencia hace difícil ignorar: que la transición hacia un criterio exclusivo de renta reduzca la cobertura precisamente entre los hogares vulnerables a los que se pretende proteger. Ignorar la complejidad administrativa asociada a probar la renta del hogar representa ignorar la principal barrera actual de acceso, especialmente severa para hogares con miembros de origen extranjero y para inquilinos, dos perfiles cuyo peso entre las rentas bajas no hace sino crecer. Cualquier reforma que no vaya acompañada de medidas activas de simplificación burocrática y detección proactiva de elegibles corre el riesgo de convertirse en un recorte encubierto, por lo que las administraciones deberían condicionar la restricción del acceso automático a la acreditación previa de que los mecanismos alternativos son capaces de, al menos, mantener la cobertura entre las familias numerosas de menos recursos.