Con la respuesta favorable que la Comisión Europea acaba de enviar al Gobierno belga se retrata la debilidad política extrema del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la Eurozona. El suyo es ya el único Gobierno que no ha enviado aún plan presupuestario para 2026 tras haberlo sido también en el año anterior. El último lo remitió en octubre de 2023 para informar de que se prorrogaban los de ese año. Es también el único que falla, por tanto, en este requisito en los dos primeros años de entrada en vigor de las nuevas reglas del euro.
Sánchez suele describir su debilidad parlamentaria como habitual en la Unión Europea al proliferar gobiernos de coalición, pero incluso el primer ministro francés, Sebastian Lecornu, ha conseguido in extremis una ley de Presupuestos para 2026. También el Gobierno belga de Bart De Wever, con cinco partidos en su seno, ha conseguido, aunque con retraso, unirse a los que han cumplido las nuevas reglas del euro y remitido un plan presupuestario para 2026.
El comisario europeo Valdis Dombrovskis es laxo y acepta la petición del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de no remitir plan presupuestario para su valoración en Bruselas en tanto no haya cuentas públicas. De hecho, las nuevas reglas del euro lo permiten para no forzar a los Gobiernos a presentar espejismos. Pero Sánchez ha incumplido su promesa de llevarlos al Parlamento antes de fin de año y ni siquiera ha presentado aún un proyecto de ley. Se ha saltado así en febrero, por quinto mes consecutivo, la obligación prevista en la Constitución de proponer Ley de Presupuestos aunque no se apruebe. "Estamos trabajando intensamente", es el mensaje que lleva transmitiendo todo este tiempo la ministra de Hacienda responsable, María Jesús Montero. El mensaje oficial es que se terminará remitiendo al Congreso en este mes de marzo, lo que debería implicar coordinación con Bruselas. "Se presentarán en el primer trimestre", declaró Cuerpo el pasado lunes a Onda Cero.
Las nuevas reglas del euro han consolidado la obligación de remitir a la Comisión Europea estos planes para "garantizar la coordinación de las políticas fiscales entre los Estados miembros que comparten la moneda y, dado que el Tratado de la UE reconoce la política económica como una cuestión de interés común, los gobiernos están obligados por la gobernanza económica europea", según el reglamento comunitario. Un portavoz oficial de la Comisión recalca a este diario que, aunque Bruselas ya no obliga a remitir planes presupuestarios a los que no pueden hacerlo por carecer, como España, de cuentas públicas aprobadas, deben enviarlos "lo antes posible" y, en todo caso, "el proyecto de ley de presupuestos deberá presentarse a la Comisión, como es habitual, al menos un mes antes de la adopción de la ley de presupuestos correspondiente".
La presidenta saliente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, ya advirtió el pasado año del problema de haber sido los únicos en no enviar plan presupuestario para 2025, pero el tropiezo se repite para 2026. Aunque no entrañe sanción, Herrero lo ve una mala práctica, porque "la reiteración de prórrogas presupuestarias debilita la rendición de cuentas y la calidad institucional". El conflicto desatado en Irán recuerda que el entorno mundial es incierto con múltiples crisis posibles y conviene tener presupuestos aprobados y margen de actuación.
Lo que sí no tuvo más remedio que enviar el Gobierno a la UE el pasado año es el llamado Plan Fiscal y Estructural, que es otro ejercicio de coordinación de políticas presupuestarias pero más a largo plazo. Y ahí también Cuerpo hizo el mayor uso posible de la flexibilidad de la Comisión. Según un estudio de la OCDE, España es de los pocos países que se le ha consentido estirar los ajustes necesarios durante siete años, en vez de cuatro, y con menores exigencias de control de gasto que las que tenían previamente. Según ha defendido en las últimas semanas la AIReF, el Gobierno va camino de incumplir este plan, pese a estar suavizado y da por hecho que quien gane las siguientes elecciones sí tendrá que afrontar medidas de ajuste, porque Cuerpo retrasa lo más posible ese momento. Ganar tiempo es lema en Moncloa, pero ser el último mohicano que no se retrata en Bruselas es una imagen clara de que la debilidad en el poder en España es incluso mayor que en otros socios del euro. Y ya es decir.