El Gobierno plantea una subida del SMI del 3,1% para 2026 sin tributación en el IRPF
El Ministerio de Trabajo ha propuesto formalmente a los agentes sociales una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1% para el año 2026, lo que situaría la cuantía en 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas. Esta medida, anunciada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero y supondría un incremento de 37 euros al mes respecto a los 1.184 euros actuales,. Una de las claves del plan es que el SMI seguirá sin tributar en el IRPF, tras alcanzar un consenso con el Ministerio de Hacienda para prorrogar y ampliar las deducciones vigentes.
Para intentar atraer a la patronal (CEOE y Cepyme) al acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a estudiar seriamente la "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos,. Esta representa una demanda histórica de los empresarios, ya que actualmente sectores auxiliares como la limpieza o la seguridad privada no pueden trasladar legalmente el aumento de los costes laborales a los precios de las licitaciones públicas. Trabajo defiende este cambio no solo como una oportunidad política para el consenso, sino como una obligación derivada de la Directiva Europea de Salarios Mínimos que España debe transponer.
A pesar de este gesto, la patronal mantiene cautela ante el impacto económico, estimando que un alza del 3,1% implica un sobrecoste de unos 1.780 millones de euros para las empresas del país. Asimismo, las organizaciones empresariales exigen que no se avance en la prohibición de absorber o compensar pluses salariales, un tema que se está abordando en una negociación paralela. Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han celebrado que la patronal haya abandonado su "posición de bloqueo" en un encuentro calificado como "esperanzador" por el Gobierno.
El Ministerio de Trabajo considera el SMI como el "principal antídoto contra la desigualdad". El éxito final del pacto depende ahora de equilibrar las cargas empresariales con la protección del poder adquisitivo de los trabajadores. Esta negociación es como un juego de poleas de precisión, donde el Gobierno intenta elevar el bienestar social mientras busca el contrapeso adecuado en la contratación pública para que el motor empresarial no se detenga bajo el peso de los nuevos costes.