A menos de dos meses del cierre del año, la industria turística española no tiene claro si 2025 quedará marcado por alcanzar los 100 millones de visitantes, un hito que abre el debate sobre la sostenibilidad y el impacto del mayor negocio en el país más allá de lo económico, o se quedará a las puertas. Lo que sí sabe con certeza es que la explosiva recuperación que ha vivido en los últimos cuatro años tras la crisis del Covid le lleva a afrontar un creciente frente administrativo que trata de poner orden en forma de tasas turísticas, ordenanzas, limitaciones, oficinas contra el intrusismo o restricciones que se aplican sobre el alojamiento, el transporte y los servicios.
El sector, con un peso del 13% sobre el conjunto del PIB, ha sido un motor económico en los últimos años que explica en buena parte por qué España supera la atonía de los países vecinos y sigue batiendo récords de empleo. Hoteles, restaurantes, aerolíneas, aeropuertos, puertos... El impulso económico del sector ha sido tan potente que todo se mide en registros históricos. También su cara B, que ha emergido como nunca lo había hecho antes en lo que la patronal de las grandes empresas turísticas, Exceltur, denomina "externalidades", perjuicios o molestias causados por esta actividad.
"El fuerte aumento de visitantes, tanto nacionales como internacionales, presiona los precios de la vivienda, dispara el consumo de recursos hídricos y pone a prueba la capacidad de los destinos para absorber flujos masivos sin comprometer su sostenibilidad", resume el último estudio publicado esta semana por la Fundación de Estudios Económicos (Funcas) y apadrinado por el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
El crecimiento a un ritmo que ha duplicado al del conjunto de la economía ha generado protestas por la masificación de zonas turísticas de playa y los centros urbanos de grandes capitales como Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia.... La escalada de precios de habitaciones y vuelos también lo ha hecho, pero menos. Pero quizás ha sido la expansión descontrolada de los pisos turísticos y su colisión con el mayor problema social del país, la vivienda, lo que ha movilizado más a las instituciones para poner límites y buscar un cambio de modelo.
Lógicamente en la vanguardia de esta política están las zonas más saturadas como Baleares y Cataluña, que este 2025 lideran la recepción de turistas extranjeros (con 13,7 millones y 15,8 millones hasta septiembre, respectivamente). Pero las medidas se extienden en forma de moratorias, refuerzos de inspección, multas..., a otros territorios y generan una relación cada vez más tensa con el tejido empresarial. Suponen, por ejemplo, que las grandes empresas de cruceros no puedan atracar sus buques como antes en puertos de Baleares o Barcelona por el impacto que tiene el desembarco simultáneo de 15.000 personas; o que en Ibiza no puedan circular desde el pasado 1 de junio más de 20.100 coches, medida muy discutida por Balearia, que advierte de que la limitación ha provocado un efecto llamada, disparando un 60% las matriculaciones locales. Las discusiones con Airbnb para acabar con la oferta ilegal de pisos turísticos han llevado al Ministerio de Vivienda a ordenar a la plataforma la retirada de anuncios de 53.800 casas, de las que 16.740 están en Andalucía, 8.698 en Canarias, 7.729 en Cataluña, 2.373 en Baleares y 1.531 en Madrid.
"España está siendo capaz de reinventarse", afirma positivo Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la patronal de grandes empresas turísticas como Meliá, Barceló, Iberia o la propia Balearia. Pero advierte de que las administraciones están tomando "medidas improvisadas" ante la presión social que genera el malestar por la expansión de la industria. "Hay que abordar los problemas sin criminalizar el turismo", dice. "Es posible que al final haya que limitar pero primero es aconsejable gestionar, incentivar a través de la legislación o entenderse con las empresas", opina antes de matizar que la masificación en Baleares o Canarias responde más a un aumento de la población residente que a la acción de la industria.
Precisamente el Consejo de Ministros aprobó a finales de octubre su Estrategia España Turismo 2030, un compromiso de reforma económica financiado por fondos europeos que ha pasado desapercibido y que ha sido una decepción para el sector. "La industria lleva 30 años sin estrategia y lo que se ha aprobado son solo medidas genéricas y sin presupuestos, una decepción", se lamenta Perelli.
En el centro de si el cambio de modelo hacia una mejor integración lo lideran las empresas, las administraciones o ambos, existen casos que pueden ayudar. Durante años, Magaluf, destino fundamentalmente británico en Palma de Mallorca, ha sido dentro y fuera de España el ejemplo de la degradación que puede llegar a producir un modelo turístico extremo: masificación, desplazamiento de lo local, inseguridad, drogas, ruido, alcohol, muertes por balconing... En esta semana, el ayuntamiento de Calviá ha visitado precisamente la World Travel Market (WTM) en Londres para presentar "el nuevo Magaluf" en una de las mayores citas mundiales del sector.
No es una campaña publicitaria vacía. La zona está en transformación desde 2011, en plena depresión por la crisis financiera y a iniciativa de Meliá, su mayor operador con 11 hoteles y 4.000 habitaciones. La colaboración público-privada movilizó al ayuntamiento, al gobierno autonómico y a la delegación del Gobierno para crear un nuevo marco urbanístico con apoyo en infraestructuras y seguridad, facilitando licencias y mejoras en el paseo marítimo, los comercios o una nueva plaza. Los inversores, entre los que hoy están presentes nombres como Rafael Nadal, aportaron 200 millones de euros para actualizar el parque hotelero y subirlo de categoría. El resultado ha sido, según Meliá, una mejora de la reputación del destino y un cambio en la clientela, que ha elevado un 54% los días en los que abren los hoteles con un aumento del empleo y del 8% anual en los ingresos por habitación (medidos con el ratio RevPar). Magaluf es así un indicador del horizonte que se plantea Baleares, cuya presidenta, Margalida Prohens, defendió también en la World Travel Market de Londres la transformación turística de Baleares como destino cultural, con "medidas de contención, desestacionalización y crecimiento en valor".
En la vecina Ibiza, el Grupo Matutes ha acometido también una reformulación del turismo en la Playa den Bossa a través de Palladium, su cadena hotelera. La iniciativa comenzó hace trece años en un proceso que desde el lanzamiento del ya famoso Ushuaia ha elevado progresivamente la categoría de la oferta para atraer clientes y reconvertir la demanda. Las inversiones en la reconversión se cifraron en 300 millones de euros en 2013, incluyendo carriles bici, áreas verdes y espacios públicos. El proceso ha sido relanzado este año con otra inversión de 90 millones de euros. Palladium continúa con la transformación de la oferta en Playa den Bossa a modelos de aún mayor valor, como Unexpected, que exportará a Emiratos Árabes.
El enfoque para el cambio de modelo ha generado más controversia en Cataluña, donde la percepción negativa del turismo se enmarca dentro de la crisis del alquiler, agudizada con la proliferación de pisos turísticos y la pérdida de identidad local. La Generalitat ha tomado cartas en el asunto con medidas e inversiones público-privadas para guiar la masa de viajeros anuales (19,94 millones en 2024) hacia otros atractivos fuera de las capitales, como el Gran Tour de Cataluña o la Ruta del Císter; también para atraer perfiles de mayor gasto. Y de paso, devolver algún resquicio a sus ciudadanos.
En su capital, Barcelona, el turismo aporta un 14% del PIB, y el Ayuntamiento considera que es más que suficiente. No hay que aumentar la demanda, sino gestionar mejor la oferta: hay una concentración "muy desigual" de los más de 170.000 turistas diarios en la ciudad. Mientras distritos como Ciutat Vella reúnen 14.200 turistas diarios por kilómetro cuadrado, en otras zonas la cifra se queda en los 100. En base a esto, el Ayuntamiento aplica su plan de Espacios de Gran Afluencia (EGAs) para los barrios más visitados de la capital, y limitaciones al aforo turístico.
Pero las empresas alzan la mano y piden "evidencias científicas" que prueben que hay verdaderamente un turismo masivo que justifique tanta intervención. "La masificación es un poco mito. Nadie dice qué capacidad tiene la Sagrada Familia o el Parc Güell [que eliminará 500.000 entradas anuales para 2027], hasta cuántos visitantes es normal y hasta cuántos visitantes está masificado", expresa Miquel Gotanegra, portavoz del departamento de turismo de Foment del Treball.
Estas no han sido las medidas más polémicas hasta la fecha. El sector no termina de digerir que Barcelona prohiba la exención de nuevas licencias desde 2008 para hoteles, y que con el mismo método (no renovar las licencias existentes ni emitir nuevas) vaya a eliminar sus 10.292 pisos turísticos en 2028. Una cuestión más que zanjada por el consistorio, pese a la propuesta reiterada de los hoteleros de mantener una parte de los alojamientos turísticos.
Estos también cuestionan el aumento progresivo del Impuesto de Estancia en Establecimientos Turísticos (IEET) que sólo se aplica en Cataluña y Baleares. "Lo más fácil para la administración es duplicar los impuestos. Pero realmente se tiene que valorar hasta dónde se puede llegar: el sector turístico, que genera 550.000 puestos de trabajo en Cataluña, se tiene que mimar y cuidar", añade Gotanegra. Por su parte, la patronal Gremi d'Hotels ya ha advertido que el IEET puede debilitar en términos de competencia a la hostelería catalana: "Nos preocupa que la empresa que viene a un congreso y deba reservar 20 habitaciones de hotel vea que le sale demasiado caro".
Con 11,9 millones de euros en el IEET (más el recargo municipal) contribuye el sector de los cruceros a la economía de Barcelona. Pero tampoco escapa a las limitaciones: las terminales de cruceros pasarán de siete a cinco en 2027. De los 12.800 pasajeros que permiten actualmente los amarres públicos, pasarán a 7.000 en una única terminal pública. La desaparición no afectará a las empresas con terminales propias, como los gigantes MSC, Carnival Cruises, o Royal Caribbean. Pero el sector crucerista, que dejó el año pasado 436 euros por viajero en Cataluña (3,4 millones de euros diarios), se pregunta por qué a ellos, que no participan en la crisis de vivienda, pero sí sufren limitaciones a su capacidad desde 2018 en el Port de Barcelona. "Existe un permanente y particular debate sobre los cruceros que genera mucha incertidumbre. Y a nuestras empresas, que trabajan con mucha antelación, les gusta tener un marco estable", expresa Alfredo Serrano, director de la patronal crucerista CLIA en España. Y en esta línea advierte que "la incertidumbre no ayuda al sector a invertir y a posicionarse en el destino". Los últimos datos de la patronal apuntan a que el flujo de cruceristas, desde 2021, se ha disparado un 561,94% (hasta alcanzar los 2,8 millones en 2024).
"Una ciudad como Barcelona es capaz de organizar todos los fines de semana eventos deportivos para 80.000 personas y no supone un gran problema. Pero el hecho de que lleguen 12.000 u 8.000 cruceristas sí lo es", valora el empresario. Cuestiona también los beneficios de un turismo de mayor duración, frente al de estancias cortas "pero bien organizadas". La cuestión, insiste, no está en el tiempo que pasan los turistas en las ciudades, sino en que el gasto sea mayor (y concentrado en unas pocas horas).