La Dirección General de Tributos, adscrita al Ministerio de Hacienda, ha dado orden a sus funcionarios de no reunirse con empresas ni con sus representantes a fin de evitar que se produzcan tratos de favor como sucedió en el llamado 'caso Montoro', que implica al ex ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.
Así lo ha señalado este martes la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que ha asegurado que aunque no hay comunicación oficial de Tributos al respecto, de facto viene siendo así desde el mes de julio. "Aunque oficialmente no ha dicho nada, los hechos son muy tozudos. Lo que se nos ha comunicado en que están trabajando en un protocolo para recibir a los contribuyentes de forma más ordenada, para que no se pueda decir que hay tratos de favor o contactos informales con nadie, y creemos que está relacionado con el caso Montoro", ha confirmado Daniel Gómez-Olano, coordinador del Consejo Asesor Institucional de AEDAF, en una rueda de prensa para presentar una propuesta de reforma del marco regulador de las consultas tributarias.
Se trataría de una medida de prevención para evitar que pueda repetirse un caso como el que protagonizó el ex ministro de Hacienda, quien antes de ser parte del gabinete de Mariano Rajoy había fundado un despacho profesional de lobby, Equipo Económico, que, una vez que fue nombrado ministro, interactuaba presuntamente con el Ministerio para conseguir leyes a medida y tratos de favor en asuntos tributarios para sus clientes, a los que cobraba por esa intermediación.
Como contó este medio, la consultora presionaba a altos cargos de Hacienda para que se reunieran "pronto" con sus clientes, lo que ha derivado en su imputación y en la del ministro.
Venía siendo habitual, hasta que este escándalo salió a la luz en julio, que la Dirección General de Tributos se citara con contribuyentes -empresas, se entiende- que querían plantear consultas tributarias, una práctica a la que ahora Hacienda quiere dar portazo para evitar problemas. El cambio de actitud, no obstante, puede perjudicar a los contribuyentes que pedían esos encuentros de buena fe, para recibir información y aclarar dudas.
"El interrogante que surge es que si como consecuencia de este cierre en la DGT o de esta prudencia que se está teniendo para evitar que alguien pueda decir que hay tratos de favor...si no puede afectar a la relación con las empresas", abunda Gómez-Ollano, quien defiende que "la actividad de lobby puede ser necesaria en un parlamentarismo democrático adecuado".
Fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda explican a EL MUNDO que "lo que se está haciendo es reforzar la transparencia para que, internamente, se garantice que quede constancia de cualquier reunión que se produzca con empresas y las personas que forman parte de la misma. No es que antes no se hiciera, sino que ahora se sistematizará".
Cambio en el proceso de consultas
Además de que esa relación personal ya no es posible, los asesores fiscales denuncian que el proceso de consultas a Tributos no está funcionando bien, y lejos de mejorar la seguridad jurídica la está empeorando, por lo que proponen una reforma basada en varios puntos.
Piden, primero, que se mantenga el carácter vinculante de las consultas -un logro que se alcanzó en 2003- y que ahora en muchas ocasiones se vulnera acreditando que el contenido de la consulta no encaja a la perfección con otra previa.
Denuncian que cuando las empresas que están en proceso de reestructuración piden a Tributos que acredite que hay un motivo económico, en la mayoría de los casos ni contestan o alegan que habría que estudiar el caso concreto, por lo que piden que se estandaricen unos criterios por los que se pueda considerar que hay motivo económico en la reestructuración, para poder hacerla sin coste fiscal.
Y, en tercer lugar, denuncian que el plazo que tiene Tributos para contestar es demasiado amplio, de seis meses, además de que a veces se demoran por encima de ese periodo. En este sentido, proponen que el contribuyente, al hacer su consulta, pueda sugerir una interpretación y que, en caso de ser la adecuada, opere el silencio administrativo y sea aceptada por el organismo sin necesidad de contestar.
AEDAF denuncia que una de las causas de los retrasos en las respuestas a la consultas es "la falta de medios en la Dirección General de Tributos", así como una cierta "descoordinación entre ésta y la Agencia Tributaria", que debería solucionarse por el bien del contribuyente.