La recaudación por los impuestos sobre la renta ha supuesto un 4,2% del PIB en el acumulado hasta agosto, tres décimas más que en el mismo periodo del año pasado y casi un punto más que en los primeros ocho meses de 2019, el último año antes de la pandemia, según recoge el Ministerio de Economía en su nota semanal de coyuntura del viernes a partir de datos consolidados de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
El incremento, de 0,9 puntos de PIB, es el que explica el grueso del aumento de los ingresos públicos que se ha producido en los últimos seis años y que equivale a 1,2 puntos, lo que ha permitido que el total de ingresos públicos en los primeros ocho meses del año suponga un 11,5% del PIB. Un volumen de ingresos insuficiente para asumir un gasto público equivalente al 13,6% del PIB en ese mismo periodo.
Respecto a 2019, el gasto ha crecido en términos de PIB el doble que los ingresos (2,1 puntos), debido principalmente al incremento de 1,5 puntos en las transferencias corrientes a otras Administraciones Públicas -principalmente la Seguridad Social para que pueda asumir el pago de las pensiones y otros compromisos-, que ya suponen un 8,1% del PIB a término de agosto.
El repunte en el peso que suponen los impuestos sobre la renta en el PIB responde, al menos, a tres factores. El primero es el aumento del empleo -con un 12,4% más de ocupados que antes del covid, según la EPA-, el segundo es la subida de salarios en términos nominales que eleva la aportación del impuesto y el tercero, relacionado con lo anterior, es la decisión del Gobierno de no deflactar el tributo, es decir, de no adaptarlo a la inflación.
La explicación es sencilla: si a una persona le sube el sueldo un 10%, automáticamente tendrá que pagar más por IRPF al ser un impuesto progresivo - que aumenta conforme crecen los ingresos-. Si ese incremento del 10% en el sueldo se produce cuando el nivel general de precios no está aumentando o lo hace de forma razonable, pongamos un 2%, el trabajador se beneficia de una subida de sueldo real aunque tenga que contribuir algo más a Hacienda. Sin embargo, si la inflación es del 10% o superior, el aumento de sueldo queda diluido o puede llegar incluso a ser una bajada en términos reales.
Para solucionar este problema, los gobiernos pueden deflactar la tarifa y los tramos de los impuestos sobre la renta, para conseguir que la inflación no se "coma" las alzas salariales, una opción por la que no ha optado este Gobierno y que se ha traducido en los últimos años en la mayor subida del IRPF de este siglo que ha afectado, según calcula el divulgador Jon González, a todos los trabajadores con sueldos a partir de 15.876 euros brutos.
El Banco de España ya calculó que de 2019 a 2024, la Agencia Tributaria había ingresado 11.000 millones de euros extra por no haber indexado el IRPF a la inflación, cuantía a la que habría que sumar la recaudación adicional de 2025.
Los informes de recaudación de la Agencia Tributaria recogen mensualmente la evolución de los ingresos tributarios en términos de caja -no en Contabilidad Nacional como los computa la IGAE- y muestran que hasta agosto el IRPF ha aportado 98.530 millones de euros a las arcas del Estado, frente a los 59.732 millones que aportó en el mismo periodo de 2019, un incremento del 64,9% o 38.798 millones de euros más.
El dinamismo de este tributo y del resto, que elevan la recaudación total hasta los 209.851 millones a cierre de agosto, un 11,6% más, no es suficiente para cubrir el incremento del gasto, pero ayuda -junto con el crecimiento económico- a contener poco a poco el déficit público. "El saldo presupuestario del Estado evolucionó mejor que en el año anterior, situándose en agosto en el -2,1% del PIB, 0,4 puntos inferior a lo registrado en el mismo mes de 2024 (-2,5%). Respecto a 2019, empeora 0,9 puntos de PIB. Por partidas, aumentan tanto ingresos como gastos, aunque los primeros lo hacen con mayor intensidad (0,5 y 0,1 puntos de PIB, respectivamente), explicado, por el lado del gasto, mayoritariamente por las transferencias de capital a otras administraciones públicas a causa de la DANA, por valor de 2.499 millones de euros (equivalente a 0,15 puntos del PIB). Excluyendo este gasto, el déficit habría mejorado 0,6 puntos respecto a 2024. En menor medida, destacan el gasto en subvenciones, en formación bruta de capital fijo y en los recursos propios de la Unión Europea", explica el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.