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Pese al crecimiento económico de los últimos años, España no ha podido corregir la desigualdad entre las capas de población con más y menos renta; de hecho, la brecha entre ambos grupos ha subido en las últimas dos décadas. Es un problema del que el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, culpa a las políticas públicas por ser ineficientes, a pesar de que la principal política distributiva diseñada para combatir la desigualdad, el Ingreso Mínimo Vital, fue concebida por él cuando era ministro de Inclusión y Seguridad Social, en el año 2020.
"España tiene estructuralmente un problema de desigualdad de renta que está bien identificado y que básicamente lo que pone de manifiesto es que las políticas públicas que tienen que estar orientadas a reducir esa desigualdad, como muchas otras políticas, adolecen de eficiencia", denunció este lunes durante una conferencia en el Consejo General de Economistas.
La prueba de esta falta de eficacia de las actuaciones del sector público está en el Índice de Gini -principal indicador utilizado para medir la desigualdad-, ya que cuando se mide antes de tener en cuenta el efecto de las políticas públicas redistributivas "no difiere mucho del de los países de nuestro entorno", mientras que cuando se vuelve a calcular teniendo en cuenta la acción de las políticas públicas "es cuando España aumenta en desequilibrio", denunció el gobernador.
Según los últimos datos de Eurostat, relativos a 2024, el coeficiente de Gini en España supera en 1,8 puntos la media de la Unión Europea, con sólo seis países en peor situación.
"En los últimos años se ha corregido algo, pero en términos de niveles se pone de manifiesto el considerable margen de mejora que tiene España. Esto no quiere decir necesariamente más gasto social, sino hacer un gasto más orientado a reducir la brecha de renta de los ciudadanos, mediante la política fiscal, la política de prestaciones... Pero sí, es un hecho objetivo", admitió.
Aludió directamente a las prestaciones porque son una de las principales herramientas de las que dispone un Gobierno para redistribuir la renta y la riqueza en el país, y dentro de ellas el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la política por excelencia.
"España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una distribución de la renta entre hogares más desigual. Aunque la reciente recesión económica deterioró especialmente los ingresos de los hogares con menos recursos, la alta desigualdad en España precede a los años de recesión, y la recuperación experimentada desde 2013 no la ha corregido sustancialmente (...) Estos altos niveles de desigualdad en España se acentúan entre las rentas más bajas de la distribución de ingresos, lo que hace que las tasas de pobreza extrema sean particularmente altas, incluso para el grado de desigualdad agregada del país. Aunque las causas de estas altas tasas de desigualdad y pobreza son múltiples, un factor común es el débil efecto redistributivo del conjunto de la intervención del Estado en España en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno", diagnosticaba la propia ley de creación del Ingreso Mínimo, en la que se explicita la necesidad de articularlo "como política destinada a corregir estos problemas".
Cinco años después de su creación y cuando Escrivá ya no forma parte del Consejo de Ministros sino que tiene encomendado evaluar sus políticas desde el puesto de gobernador del Banco de España, él mismo admite que el problema de desigualdad persiste y que las políticas públicas siguen siendo ineficientes.
Con datos de agosto, un total de 488.031 hogares en España perciben el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que complementa los ingresos hasta cierto nivel que se considera mínimo en función de las características y composición de cada hogar. De ellos, 258.361 cuentan además con el complemento de ayuda para la infancia (CAPI).
La cifra total queda lejos, por tanto, de los 850.000 potenciales beneficiarios que el propio Escrivá había detectado en 2020. En sus estadísticas oficiales, el Ministerio de Seguridad Social suma al colectivo de beneficiarios a los 276.874 hogares que sólo cobran el complemento para la infancia, pese a que ellos no se les complementan los ingresos hasta cierto nivel. Con todo, la cifra total de beneficiarios no llega a los objetivos que el Ministerio se había marcado.
Más allá de las políticas de prestaciones, Escrivá hizo mención este lunes a la política fiscal, ya que los impuestos -especialmente aquellos que gravan la renta y el patrimonio- tienen también una función redistributiva que en su opinión no está siendo eficiente.
"En comparación con otras economías avanzadas, España presenta un patrón similar al de Francia e Italia, donde la acumulación patrimonial en los grupos con mayor riqueza ha ido en aumento. Sin embargo, esta tendencia es menos marcada que en países como Estados Unidos, donde el aumento en la concentración de la riqueza en los percentiles más altos ha sido especialmente pronunciada. Estos datos sugieren un proceso de creciente desigualdad en la distribución del patrimonio en España, con una mayor concentración de la riqueza en los sectores más altos. Esta tendencia plantea importantes desafíos en términos de equidad y política fiscal, ya que una distribución patrimonial altamente desigual puede afectar la movilidad social y reforzar dinámicas económicas poco inclusivas", valoraba precisamente ayer Fedea en un estudio elaborado por Francisco García-Rodríguez, de la Universidad de Alcalá.
En su análisis, centrado en el Impuesto de Patrimonio, deduce que un diseño de este tributo más adecuado podría hacer que contribuya a reducir la concentración de la riqueza y mejorar la progresividad del sistema fiscal. De hecho, llega a la conclusión de que el impuesto sería ocho veces más redistributivo si se eliminaran el mínimo exento y las deducciones autónomicas, ya que a día de hoy sólo afecta al 0,5% más rico de la población.