Con tres años de retraso tras la culminación del Brexit, y al cabo de sucesivos aplazamientos por el temor a una disrupción en el puerto de Dover y en el túnel del Canal de la Mancha, el Gobierno británico ha decidido implantar finalmente los controles para la importación de productos de origen animal y vegetal procedentes de la UE.
El propio Gobierno ha estimado que el coste añadido de los nuevos controles para las empresas británica será de 386 millones de euros, con una contribución del 0,2% a la inflación por la subida de precios en los supermercados. Un informe de la compañía de seguros Allianz Trade estima sin embargo que el coste puede ser de más 2.300 millones de euros al año.
Las organizaciones empresariales han denunciado por su parte el "completo desorden" y la "total confusión" creadas por los planes del Gobierno. Según The Financial Times, y ante la preocupación por un posible colapso en las aduanas, los controles se aplicarán inicialmente al 100% únicamente en la categoría de "alto riesgo" (importaciones de animales vivos y plantones).
Los productos de "riesgo medio" -como huevos, productos lácteos, carne y flores cortadas- necesitarían certificados de salud y podrían estar sujetos a controles. Los de "bajo riesgo", en su mayoría alimentos procesados, podrían evitar inicialmente las inspecciones.
En la primera fase del así llamado Modelo Operativo de Objetivos Fronterizos (BTOM, por sus siglas en inglés), implanta el 31 de enero de este año, solo se requería los certificados de salud. En la segunda fase iniciada el 30 de abril, se establecen puestos de control para inspeccionar los productos procedentes de la UE.
Para evitar el cuello de botella en Dover, el Gobierno británico ha construido a 30 kilómetros el centro de de inspección de Sevington, con capacidad para 1.700 camiones en una vasta extensión de 94 hectáreas. Otros centros similares se han construido en Portsmouth y Killingholme.
El Sindicato Nacional de Agricultores (NFU) ha advertido que los nuevos controles suponen "un riesgo existencial" y pueden afectar seriamente a las cosechas de los próximos meses. Las grandes cadenas de supermercados Asda, Sainsbury's y Morrison han estimado el impacto inevitable en la cesta de la compra: del orden de 8,5 libras (diez euros) extras al mes por cliente.
Las organizaciones de consumidores han expresado también su preocupación, y el Comité Parlamentario de Medio Ambiente y Asunto Rurales ha pedido "claridad" al Gobierno sobre "la naturaleza exacta de las inspecciones físicas de productos animales y vegetales".
"Antes del Brexit, podíamos llamar un lunes al exportador europeo y tener las plantas el miércoles es el Reino Unido, así de fácil era", declara a The GuardianRichard McKenna, gerente de Povender Nurseries, uno de los mayores viveros en el sur de Inglaterra que importó el año pasado plantas por valor de 2,5 millones de euros desde el continente.
"Ahora necesitamos certificados fitosanitarios antes de mandar las plantas, lo que nos cuesta bastante dinero", se lamenta McKenna. "Si a todo esto le añadimos ahora los controles físicos, entramos en un territorio desconocido. Todo son costes añadidos, desde más retrasos a posibles daños en los envíos".
Según estimaciones de la Federación de la Cadena del Frío (CCF), que agrupa a las empresas responsables del suministro logístico a temperatura controlada del Reino Unido, el coste añadido de los nuevos controles podría traducirse en 890 euros por carga y un total de 1.150 millones de euros al año para el volumen total de productos vegetales y animales que pasarán por el centro de Sevington.
"La confusión que existe sobre cómo y cuándo se van a introducir los controles han dificultado enormemente los preparativos", advierte Phil Pluck, director ejecutivo de la CCF. "Una ejecución por fases es la adecuada, pero las empresas necesitamos claridad sobre cómo se van a introducir las fases y un calendario definitivo".