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- Enmienda Telefónica La banca aportó al Estado casi 400 de los más de 1.000 millones reclamados por despidos colectivos con gran impacto entre los mayores de 50 años
Las grandes empresas de consumo han vuelto a situarse en el punto de mira del Ministerio de Trabajo. Compañías como Pepsico, Coca Cola Europacific Partners y Schweppes se unieron a Aguas de Danone en la lista de compañías que se enfrentan a reclamaciones de cantidades económicas por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Lo hacen por haber acometido un despido colectivo que ha tenido un impacto relevante entre trabajadores de mayores años en las últimas fechas en virtud de la conocida como coloquialmente como 'Enmienda Telefónica', según los datos recogidos por EL MUNDO.
Esta ley aprobada en 2013 recoge que las empresas que acometan este tipo de procesos y tengan beneficios deben compensar al Tesoro con una cantidad equivalente a la que costaría el paro de estas personas y las cotizaciones a sufragar por el Estado ante la Seguridad Social durante el mismo periodo.
En los 12 años que la ley lleva en vigor y hasta 2024, último año con cifras, 108 empresas han recibido reclamaciones del tesoro por el despido de 32.197 trabajadores. Hasta la fecha el Estado ha ingresado 1.077 millones de euros, mientras que otros 60 millones permanecen en el 'limbo' del dinero reclamado a estas compañías. Se trata de un año que ha sido especialmente intenso en recaudación para el SEPE, ya que la cifra de las aportaciones supone un 32% más que la declarada en 2023
Entre ellas, el sector del consumo es actualmente preponderante. En total, 27 empresas que tienen abierto algún tipo de expediente, un aspecto que cubre desde la reclamación inicial hasta la judicialización del caso, algo que ocurre muy a menudo, según fuentes jurídicas.
De ellas, cuatro son filiales de Pepsico, Coca Cola Europacific Partners Iberia SLU (CCEP) y su filial Compañía Castellana de Bebidas Gaseosas a la que se suman Aguas de Danone SL y Schweppes en el sector de la distribución alimentaria y Avon Cosmética y Roca, también involucradas en el gran consumo.
En el caso de Pepsico, la compañía cerró el pasado año la salida de 177 trabajadores, con preferencia para los mayores de 56 años, que se sumó a los que hizo en 2023 y 2024 y donde salieron 600 trabajadores, y que probablemente sean los objetos de la reclamación del Sepe. La compañía no ha contestado a las preguntas de este diario. Por su parte, CCEP cerró la salida de 56 empleados, una parte importante de prejubilaciones, en 2024.
Así, un tercio de las empresas con reclamaciones en curso por la aplicación de esta legislación pertenecen a este sector, el más afectado seguido por el farmacéutico (Bayer, Grifols, Sanofi Aventis, Roche y Nutricia están en la lista). Las empresas suelen pasar como mucho tres años en la lista, lo que indica que en el caso de perdurar más de un año, como Danone y Grifols, por ejemplo, es probable que el caso esté judicializado.
El reparto de sectores de la lista revela también un relevo histórico, puesto que estas compañías están sustituyendo a los dos sectores habituales en acometer este tipo de procesos: los bancos y las compañías de telecomunicaciones, especialmente Telefónica, que aún tiene pendiente contabilizar el impacto de su último ERE, pero es con diferencia la empresa que más ha aportado a lo largo de los años (305 millones de euros). Esto no quiere decir que el grueso de los despidos colectivos se hayan quedado en el sector del gran consumo, ya que las compañías en pérdidas que han realizado estos ajustes de plantilla no están obligadas a compensar al Tesoro.
Una ley cuestionada
La aplicación de la enmienda Telefónica y su redacción están ampliamente cuestionadas dentro del sector legal y empresarial. Durante años, la CEOE presionó por su derogación o modificación al considerar que era un doble coste para las compañías, la indemnización y el pago al Estado.
Más allá de la naturaleza de la medida, existen varios conflictos o situaciones que las empresas consideran injustas derivadas de la aplicación de la normativa. La primera es que el Tesoro se reserva el derecho de exigir la reclamación si, por ejemplo, la compañía alcanza los beneficios dos años después del ERE o si los tuvo dos años antes.
Al mismo tiempo, también se han producido casos en lo que las cantidades se han exigido incluso si la filial se encontraba en pérdidas, ya que la matriz sí había declarado beneficios.