- Prórroga Hacienda vuelve a retrasar la entrada en vigor del sistema Verifactu para pymes y autónomos: no será obligatorio hasta 2027
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Por "motivos de interés meramente políticos". Esta es la razón que encuentran y lamentan desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) para la prórroga de un año en los plazos de aplicación del sistema Verifactu.
En un comunicado publicado este martes, la asociación presidida por Ana de la Herrán añaden que el nuevo aplazamiento del sistema de registro de facturas para empresas se ha hecho "sin un proceso previo de contraste técnico suficiente", al que se le suma la ausencia de explicaciones adecuadas que, en cambio, creen que alimentan la inseguridad jurídica de las empresas.
La que es ahora la segunda prórroga de Verifactu (originalmente se planteó que entrase en vigor en 2025) fue anunciada la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El retraso de Verifactu se incluye dentro del real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros de este próximo jueves para cumplir con los compromisos pendientes con Junts. La moratoria había sido impulsada por el partido catalán, pero también dede patronales y asociaciones empresariales, como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que agradeció a Junts la "presión" que facilitó este nuevo retraso.
No obstante, si bien el anuncio lo hizo el presidente del Gobierno, la confirmación de la prórroga de un año para su obligatoriedad llegó después, de la mano de Hacienda. El Ministerio confirmó a los medios que, frente a las fechas originales de entrada en vigor del 1 de enero de 2026 para las empresas y el 1 de julio del mismo año para los autónomos que registrasen las cuentas de su actividad con el Sistema Informático de Facturación (SIF), ahora están previstas para el 1 de enero de 2027 y el 1 de julio del mismo año, respectivamente.
Desde la IHE, que consideran Verifactu como "una pieza clave en la lucha contra el fraude fiscal", creen que los últimos cambios "penalizan el cumplimiento voluntario y pueden trasladar a la sociedad el mensaje equivocado de que las obligaciones tributarias son flexibles o reversibles por razones ajenas a su finalidad". Es por ello que reclaman una transición ordenada para las empresas afectadas (en este caso, pymes y autónomos), pero además "una motivación clara, transparencia en los criterios utilizados y una comunicación coordinada, especialmente con quienes han trabajado en la implantación del sistema".
Esta falta de información hacia los propios trabajadores de Hacienda fue expresada por Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) la semana pasada, cuando también lamentaron que la prórroga en el nuevo sistema de Hacienda se hubiese producido sin precisar información previa a los trabajadores del departamento dirigido por María Jesús Montero. Recalcaron que "en los técnicos recae el peso de la información y gestión de Verifactu". Y reclamaron a la ministra de Hacienda "que piense en la relevancia de las funciones superiores que desarrollan los técnicos y les informe de los proyectos de ley en materias tributarias y del control del gasto público".
Un esfuerzo conjunto para la puesta en marcha de Verifactu que se ha visto anulado en su tramo final, 29 días antes de su entrada en vigor, para las dos millones de empresas que pagan el impuesto de sociedades y que preveía la Agencia Tributaria (AEAT). A estas se habrían sumado 2,4 millones de autónomos en julio. Esencialmente, el cambio en la norma para implica que las empresas instalen programas certificados por Hacienda y materiales informáticos para emitir sus tickets y facturas, que se enviarían automáticamente al sistema de la AEAT. Y todo ello tiene un coste (de equipos adaptados al sistema informático) que debían asumir las propias empresas y que ahora no será obligatorio hasta 2027.