No todo está perdido para Cabify, Uber o Bolt en la Comunidad de Madrid. Pese al enorme potencial de negocio que les ofrece el territorio, la judicialización ha sido un patrón en la relación entre el sector y las administraciones españolas. También en el caso de la Puerta del Sol que, aunque con menos contundencia que otros gobiernos autonómicos, ha frenado repetidamente la expansión intramuros de estas empresas. Si bien el Ejecutivo regional defiende que hoy existe un "equilibrio" entre la oferta y la demanda de estos vehículos, ha abierto ya la puerta a cambios.
La eventual revisión del número de licencias VTC estará supeditada a la expansión demográfica y al crecimiento económico del territorio. Así lo apuntó hace unos días el director general de Transportes y Movilidad regional, Luis Miguel Torres, en un encuentro sectorial organizado por la firma Bolt, quien aseveró que, aunque actualmente se ha alcanzado el "punto de equilibrio", podrían otorgarse nuevos permisos VTC "si el aumento de población y de eventos lo justifica". Y ambas cosas están en sus previsiones.
Ni el sector ni la Comunidad esperan cambios de hoy para mañana, pero todo apunta a que, tomando ambas variables como referencia, habrá debate en el medio plazo. Las proyecciones de población publicadas por el propio Ejecutivo autonómico anticipan que el censo total del territorio se disparará en más de un millón de personas antes de 2040. Y no es menos evidente la evolución prevista en el caso de los eventos masivos, por citar solo algunos ejemplos, el Gran Premio de Fórmula 1 que la capital acogerá entre 2026 y 2035, cuya afluencia llegará a rebasar los 140.000 espectadores; la capacidad de atracción del nuevo Bernabéu; o el plan regional para poner en marcha un 'miniWizink' cuyo aforo podría rondar las 5.000 plazas.
"Un vago compromiso", así encajan en el sector las palabras de Torres. Sí admiten que la posibilidad de indexar de alguna manera la oferta de vehículos a criterios cuantificables -"como apuntan los expertos", según fuentes de la Consejería de la Consejería de Transportes-, es una novedad y una buena noticia, sobre todo, si se tiene en cuenta que sus empresas han echado raíces en España a golpe de sentencia judicial, sin ninguna planificación por parte de la Administración. "Ahora mismo se ha llegado a un punto de convivencia entre taxis y VTC en Madrid, que ya es mucho si se recuerda de dónde venimos, y por eso el Gobierno regional tampoco tiene prisa por abordar el tema", analiza otra fuente empresarial.
La comunidad de vecinos mal avenida que forman taxis, Cabify, Uber y Bolt está de acuerdo en una cosa: el "punto de equilibrio" del que hablan en Transportes no responde a ninguna lógica, ni de gestión, ni de mercado, sino al azar. Lo cierto es que la Consejería elaboró un informe a finales de 2023 que concluyó que los casi 15.000 taxis y los más de 8.600 VTC que circulan en la autonomía forman una flota que suponen cierta sobreoferta respecto a las necesidades del territorio.
Fuentes del sector de las VTC critican que el análisis no tuvo en cuenta variables como los tiempos de espera o las solicitudes de usuarios que no fueron satisfechas. "¿Cuál es la cifra correcta? Igual que plantean elevar las licencias si crecen las necesidades, también a la inversa, habría que retirarlas si se determina que hay demasiadas", propone Santiago Simón, secretario de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
En el otro frente, desde Cabify enfatizan que en Madrid, "el volumen de taxis ha permanecido invariable desde 1979, mientras que la población en estos 45 años se ha incrementado un 50%, y los turistas se han cuadruplicado". Según los datos que maneja la compañía, "el 78% de los madrileños afirma que ha encontrado dificultades para acceder a servicios de taxi o VTC por los largos tiempos de espera o la falta de disponibilidad de vehículos".
Guerra judicial
Con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los VTC vivieron en España en una suerte de carta blanca que llevó a una avalancha de peticiones de licencias. En 2013, la presión del taxi empujó al entonces titular de Fomento, Íñigo de la Serna, a restringir y fijar una ratio de un VTC por cada 30 taxis, lo que llevó a las empresas a litigar para blindar unos permisos que iban a ser rechazados por una norma posterior a sus peticiones. El conflicto se centró en unas 16.000 licencias que superaban dicha ratio. El siguiente cambio lo promovió su sucesor, José Luis Ábalos, a finales de 2018, que puso fecha de caducidad a estos casos. El último giro lo dio el actual Gobierno en julio de 2023, justo antes de las elecciones generales, cuando introdujo en un decreto escoba una modificación que respaldaba a las CCAA a tumbar las peticiones de VTC por motivos medioambientales.
Antes del 'decreto Ábalos', Cabify llegó a solicitar 23.000 licencias, proceso que, finalmente, ha derivado en un pulso por 7.700 permisos que la Comunidad de Madrid rechazó en julio por segunda vez. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo devolviese el proceso a la casilla de salida e instase a la región a estudiar el caso, obviando la ratio 1/30. "Hemos tomado las acciones legales a nuestro alcance para revocar las resoluciones denegatorias de la Comunidad en vía administrativa", señalan desde Cabify. La firma alega que su solicitud es anterior a la reforma que resucitó la ratio 1/30, criterio que "fue declarado contrario al Derecho comunitario por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".
Por su parte, Santiago Simón enfatiza que las peticiones de Cabify resultan insostenibles: "Concentrar dentro de la M-30 todos los vehículos a los que aspira la empresa supondría un colapso diario en el tráfico de la ciudad... No tiene sentido ni lógico ni económico".