Los primeros espadas de Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Repsol arrancaron el año convencidos de que el Gobierno suavizaría el gravamen a sus ingresos, aprobado a finales de 2022 para acabar con los llamados beneficios caídos del cielo ante los precios desorbitados de la luz y el gas. Pero la incertidumbre política ha relegado el proceso a un segundo plano, disparando la inquietud entre la élite empresarial. "No tenemos visibilidad de nada, ¡es un disparate!", asegura el primer ejecutivo de una de las grandes energéticas del país.
"Escuchamos que desaparecería o que se reformaría, pero seguimos sin novedad", se lamenta. Ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tienen este proceso entre sus prioridades. La confirmación de la segunda como candidata del PSOE a las elecciones europeas ha dejado al ralentí la acción legislativa de la cartera. Además, el periodo de reflexión de Pedro Sánchez ha marcado un punto de inflexión que anticipa que el Consejo de Ministros priorizará lo que el líder del PSOE ha definido como la agenda de "regeneración democrática", desde la renovación del Poder Judicial hasta la supervisión estrecha de la Ley de Publicidad Institucional en los "pseudomedios".
El pasado febrero, las cinco grandes desembolsaron más de 500 millones de euros del primer pago de la tasa de este año. En septiembre procederán al segundo. El impuestazo nació con una vigencia de dos años, 2023 y 2024, en los que las empresas afectadas debían tributar el 1,2% de sus ventas de los ejercicios anteriores, es decir, de su facturación de 2022 y 2023.
En octubre, el acuerdo de PSOE y Sumar para reeditar la coalición incluyó perpetuar el impuesto, lo que obligaba a revisarlo. Teresa Ribera admitió que el gravamen podría "no cumplir con los requisitos para ser permanente". La ministra de Hacienda la secundó: "Va a ser permanente y eso requiere algunos ajustes, que se vea modificado en una parte, básicamente, para incentivar la inversión en electrificación de la red". La idea inicial era hacerlo a través de deducciones que se desarrollarían en los Presupuestos 2024, pero la no actualización de las Cuentas Públicas este año ha complicado el proceso.
Fuentes ministeriales enmarcan los eventuales avances en conversaciones privadas y se remiten a las últimas palabras de la ministra de Hacienda, quien hace unas semanas admitió que la cartera estudia el encaje de una revisión en los PGE vigentes. Aunque es Ribera quien lidera la interlocución con el sector, es Montero quien lleva la voz cantante en este asunto.
En los despachos energéticos contemplan dos escenarios: la muerte del gravamen al finalizar 2024 o su reforma para cumplir con el acuerdo PSOE-Sumar. "Si le dan continuidad sería ya no como gravamen, sino dentro de una figura más fiscal, un impuesto al uso que incorpore deducciones o incentivos a la inversión", apuntan fuentes del sector. Y en ninguno de los dos casos esperan cambios para antes de final de año.
"El Gobierno debe aprobar una ley ad hoc o hacerlo vía Presupuestos. Aunque se incorporasen incentivos aplicables desde el 1 de enero de 2024, el impuesto en sí lo tenemos que pagar por adelantado y a nivel de cuentas, en el primer trimestre tenemos que computarlo completo", explican las mismas fuentes.
Públicamente, presidentes y consejeros delegados del sector refrescaron la semana pasada sus críticas contra el gravamen en la temporada de resultados trimestrales y Juntas de Accionistas. "Es un agravio comparativo y competitivo en el marco del derecho europeo", aseveró José Bogas, presidente de Endesa. El CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, lamentó el "impacto continuado" del impuesto extraordinario en las cuentas de la compañía y denunció que está "mal diseñado en España". En el lado opuesto, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, se mostró convencido de que el impuesto "se va a acabar" y enfatizó que últimamente ha percibido "un movimiento nuevo" desde el frente político, tanto en Bruselas, como a nivel nacional.
En la presentación de los resultados de 2023, el pasado febrero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, calificó el impuesto de sinsentido y aseveró que la situación fiscal en España "no tiene comparación con nada de lo que hace el resto del mundo". "El país tiene una lista de 38 tributos, 18 del Gobierno central. No tiene ningún sentido, están haciendo las cosas de manera que no hacen que la situación sea atractiva", aseveró.
En privado, los directivos se muestran más contundentes. "Detrae inversiones, es discriminatorio y claramente anticompetitivo", señala un alto ejecutivo del Ibex energético. "No tiene sentido decir que aspiramos como país a liderar la transición renovable y luego poner palos en las ruedas a quienes estamos dispuestos a invertir millones en ella", se lamenta otro CEO.
La paradoja de Cepsa
El caso más paradigmático es el de Cepsa, que sigue pagando el impuesto de los beneficios caídos del cielo pese a estar en pérdidas desde 2023. Con una mejora del 97% del resultado, sus números rojos pasaron de más de 200 millones en diciembre a 8 millones al cierre del trimestre. En febrero, la compañía ingresó a Hacienda 122 millones del primer pago del gravamen. En septiembre, desembolsará un importe equivalente.
Con 244 millones de euros de tasa anual, todo apunta a que Cepsa será la segunda energética que más pague, sólo por detrás de Repsol (250), pese a su situación contable. El ranking continuará este año con Endesa, Naturgy y, finalmente, Iberdrola. Esta anomalía se produce porque en España, a diferencia de la pauta europea, la tasa grava los ingresos y no los beneficios. Este fue uno de los aspectos más criticados por las grandes del sector. Todas han recurrido el gravamen en los tribunales.