«Donde antes había deuda pública, ahora habrá una vivienda pública», soltó el martes la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, sobre el futuro del banco malo Sareb en una afirmación de demagogia insoportable para cualquier interventor de cuentas del Estado. Sí, porque haya o no vivienda pública, lo que seguirá existiendo en la llamada Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una deprimente deuda cercana a los 30.000 millones de euros. Incluso se puede afirmar que el Plan aprobado por el Consejo de Ministros el martes para la Sareb a propuesta de Nadia Calviño -y anunciado en mitin dominical del PSOE por Pedro Sánchez- afianza la perspectiva de perder el grueso del dinero.
Sánchez ha ordenado a la Sareb que movilice «hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables». Es decir, que, en vez de intentar venderlas al mejor postor, deberán ser «cedidas» a comunidades autónomas y ayuntamientos o asegurar que se destinen a personas vulnerables. Suena a loable y algo mejorará el parque público de alquiler, pero con demasiados matices y, por supuesto, un coste para el Estado que hay que explicar.
¿Puede regalar la Sareb lo que tiene? Está teóricamente prohibido. Por un lado, lo que firmó el Gobierno de Mariano Rajoy en el Memorando de Entendimiento en 2012 es que, a cambio de conseguir el rescate bancario, de la UE se crearía un banco malo con la obligación de extraer valor a largo plazo de los 200.000 activos tóxicos que asumía de las cajas de ahorros. El Estado ayudaba a las entidades financieras a sanearse y el contribuyente avalaba a una nueva sociedad que intentaría vender los suelos e inmuebles heredados al mejor precio posible antes de 2027 para evitar pérdidas al erario. «La entidad gestionará los activos con el objetivo de realizar su valor a largo plazo», se comprometió España con sus socios.
Hay que valorar el enorme reto que supone para el equipo de Javier Torres en la Sareb respetar ese mandato y, a la vez, la orden de Sánchez. Por un lado, no puede regalar, sino vender a comunidades autónomas y ayuntamientos 21.000 viviendas que tiene listas para vivir. A un precio medio, según se puede ver en Idealista, de 100.000 euros cada una, el desafío es sacar a gobiernos autonómicos y locales 2.100 millones por ellas en un ambiente en el que el ala de Podemos defiende no pagar. El presidente de Castilla-La Mancha, Alfonso García-Page, ha asegurado esta semana que esas viviendas de Sareb "son las malas, malas que no se han podido vender de ninguna manera". Además, no abundan las situadas en zonas clave para contener precios.
Luego hay otras 14.000 ya habitadas en la que obtener algún ingreso ya sería casi un éxito, visto el desastre. Por un lado hay 5.600 okupadas, según estimaciones internas de la Sareb a las que ha tenido acceso este diario. Son familias que no pagan ni un euro de alquiler y que el banco malo tiene imposible desahuciar por razones políticas y judiciales. De ellos hay unos 3.000 okupas que se pueden considerar «vulnerables» y otros 2.600 que sí tienen recursos, según las citadas estimaciones y que, por tanto estarían disfrutando de una vivienda del Estado echándole a la vida un rostro de cemento.
El desafío es conseguir algún ingreso de todos ellos. En el caso de los vulnerables, al menos un 30% de su Ingreso Mínimo Vital si es que tienen derecho y de los otros, un precio justo para el contribuyente. En la Sareb anima que esa cifra era en septiembre de 7.600 viviendas, pero han logrado ya «regularizar» a 2.000 okupas. El director de Vivienda Asequible y Social y Relaciones Institucionales, Pau Pérez de Acha, se apoya en Servihabitat el complejo proceso de convencer a los okupas para que soliciten el Ingreso Mínimo Vital si tienen derecho a él y paguen algo por el piso.
El resto hasta las 14.000 habitadas se completan con 4.000 de incierto pago de alquiler heredado de promotores quebrados y otras 2.000 cedidas en convenio a comunidades y ayuntamientos que conllevan mínimos ingresos.
Quedarían 15.000 viviendas dentro del plan gubernamental con la Sareb, pero aún no han sido aún construidas y el suelo será cedido a promotores sin ingreso a corto plazo. Por tanto, el plan Sánchez no dará ni para amortizar el 10% de la deuda pendiente sin que tampoco sea panacea, para resolver la vivienda en España
Fuera del plan, la Sareb aún se reserva unas 5.400 viviendas en zonas de lujo y ocio con un valor medio muy superior a los 100.000 euros de las otras. Su proyecto sí es venderlas al mejor postor, pero, evidentemente, tampoco da ni de lejos para terminar de cubrir los citados 30.000 millones que la Sareb debería borrar antes de 2027.
La Sareb nació con una deuda de partida con aval del Estado de 50.781 millones y diez años después sólo ha podido eliminar el 40% después de haber vendido los bienes inmuebles que ha podido. Nació con la ficción de tener una mayoría de capital privado aunque su deuda la asumiera al 100% el Estado, pero el actual Gobierno decidió revertir esa situación en 2022 y tomar el pleno control para añadir al mandato original de maximizar beneficios otro de buscar «utilidad social», señaló el nuevo Decreto. Consciente de lo firmado con la UE, la propia Calviño dijo el martes que en 2022 se había bajado la deuda en 3.000 millones -hubo que usar caja de la Sareb- y que la «nueva finalidad social se conjugará con el objetivo de recuperar el valor económico de sus activos y procurar el menor coste para el contribuyente».
El caso es que el nuevo mandato permite a Sánchez usar la Sareb para ampliar el parque público de vivienda. «Es bochornoso que sólo sea un 3% en España», dijo el propio presidente. Tiene razón en el bochorno, pero lleva ya cinco años en el poder y con políticas que disuaden la oferta de alquiler por la actitud con los okupas y la nueva Ley de Vivienda, será difícil implicar al sector privado que es crucial. Así, ni un cañonazo con la Sareb es solución y menos con pólvora de rey.
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