Si se renovaran 10 millones de viviendas en los próximos 14 años, se multiplicaría por 10 el ritmo actual de rehabilitación y se ahorrarían alrededor de 4.175 millones de euros en facturas energéticas. Así lo afirma Greenpeace en el informe Tu llave de la vivienda digna publicado este jueves, que asegura que el ahorro sería equivalente a casi dos centrales nucleares de Almaraz (27.000 GWh).
Este objetivo supondría una inversión pública anual de 6.000 millones de euros para contribuir al problema del déficit de vivienda que se ve agravado por el encarecimiento y el envejecimiento del parque residencial, desplazando a cada vez más grupos vulnerables y contribuyendo al cambio climático. De hecho, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1980 y el 95% antes de la normativa de eficiencia de 2008. Así, Greenpeace asegura que se sacaría a 2,5 millones de personas de la pobreza energética, que afecta ya al 21% de los hogares en el invierno y al 33,6% en el verano.
"La vivienda debe dejar de tratarse como un activo especulativo y convertirse en una infraestructura clave para el bienestar, la justicia social y la transición ecológica", reza el documento, que también pide regular el alquiler de temporada y los pisos turísticos con un aumento del IVA a los grandes tenedores y el fin de exenciones fiscales de las sociedades de inversión inmobiliaria.
De seguir con la propuesta, para el 2040, el parque residencial español cumpliría con el objetivo del Acuerdo de París que plantea un escenario de no superar los 1.5 grados, lo que impulsaría el ahorro energético equivalente a la factura anual de luz de cinco millones de hogares y reduciría en 48 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono, el mismo impacto que generaría retirar 2 millones de vehículos térmicos de circulación. Además, crearía cerca de 350.000 empleos en el sector de la rehabilitación, una reducción del paro en 1,5 puntos porcentuales.
"La rehabilitación mejora la calidad de vida, reduce el consumo energético, aumenta el ahorro familiar y baja las emisiones. Las soluciones y los recursos están sobre la mesa, lo que falta es voluntad política", ha declarado María Prado, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
Estas 10 millones de viviendas serían una inyección necesaria al parque público de vivienda social, que solo representa un 2,5% en España frente al 9-30% europeo. La ONG advierte que es una solución para el problema de los desahucios, que en muchos casos se quedan en el limbo jurídico por no tener alternativa habitacional.
Además, Greenpeace plantea situar la rehabilitación energética como eje central de la política de vivienda de calidad para garantizar el derecho de la vivienda digna, y la creación de una solución completa de financiación, llamado Fondo de Vivienda Digna Rehabilitada, que integra parte del Fondo Social por el Clima y otros fondos europeos y nacionales, así como una línea ICO de vivienda digna para canalizar el ahorro privado e inversiones en condiciones.