Las grandes empresas implicadas en el accidente de Adamuz han comenzado a tomar medidas preventivas de cara a la investigación y posterior juicio por un accidente que acabó con la vida de 45 personas hace nueve días. Se trata del peor siniestro para la alta velocidad española desde la liberalización de este mercado.
Con el ministro Óscar Puente en la diana política por la confusión que han generado sus declaraciones sobre el estado de la vía y el conjunto de la investigación, Adif, el gestor de infraestructuras, está en el centro del foco de las responsabilidades civiles por la rotura del carril derecho de la vía por la que circulaba el tren. A falta de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)determine qué fue exactamente lo que produjo la salida de la vía del Iryo 6189 en la unión de dos piezas de carril con más de tres décadas de diferencia en su fabricación, la Guardia Civil tiene en marcha una investigación paralela.
Si el fallo estuvo en la ejecución de una soldadura o en la verificación de la calidad de la misma, Adif resultaría afectado a raíz de su relación con Redalsa, la empresa de Valladolid en la que participa con un 52% y que se ocupa de estas tareas especializadas. La defensa de Adif es tarea de la abogacía del Estado pero en ese caso, una posible condena millonaria complementaria a las indemnizaciones que ya adelantó ayer Puente en el consejo de ministros entraría dentro de la cobertura que ofrece su aseguradora QBE, que deberá a su vez presentarse en el juicio en el lado de la defensa.
Compañía australiana
Fuentes al tanto de la situación jurídica que apenas ha comenzado a plantearse señalan que QBE, aseguradora de origen australiano, ha tomado como referencia para su defensa el otro gran accidente ferroviario de alta velocidad sucedido en España, el de Angrois, en Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013 con 80 fallecidos y 114 heridos. Adif contaba entonces con Allianz como su aseguradora de responsabilidad civil mientras que Renfe estaba cubierta por QBE. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, dictaminó en 2024 que las víctimas recibieran 25 millones de euros a repartir entre las aseguradoras. Condenó al maquinista, Francisco José Garzón Amo, y al responsable de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en marcha la línea del accidente, Andrés Cortabitarte.
Sin embargo, el pasado 19 de enero -un día después del accidente de Adamuz- la Audiencia Provincial de A Coruña, mantuvo únicamente la condena al conductor exonerando así a Adif como responsable ya que, inicialmente, Cortabitarte había sido condenado.
Tanto Adif como su aseguradora Allianz han quedado, por lo tanto, 15 años después del accidente más grave de la historia de la alta velocidad española, libres de pagar las indemnizaciones que se deben a las víctimas. Allianz, que dejó hace dos años de ser la aseguradora de Adif, estaba representada en el caso por el despacho de abogados Hogan Lovells.
Fallo «humano»
Así, el «fallo humano» del maquinista de Renfe -que ha acabado estableciéndose como la verdad judicial del accidente en Galicia y exonerando a Adif- es el precedente que la aseguradora QBE podría tratar de repetir, esta vez de la mano del despacho que lo consiguió. Aunque las circunstancias del accidente, las investigaciones y el procedimiento al que se enfrenta el Ministerio de transportes y Adif es diferente, hay elementos comunes. Por ejemplo, el factor humano presente en la soldadura entre un carril de 1989 y otro de 2023 que centran todas las sospechas de la CIAF.
El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, admitió el pasado viernes en la rueda de prensa que los soldadores que ejecutaron la unión de carriles pertenecen a Redalsa y que la soldadura está firmada, aunque rechazó identificarlos o dar sus nombres por protección de datos. Hay que tener en cuenta que, en este caso, además de la ejecución de la soldadura hay responsabilidades en sus revisiones y en la certificación de las revisiones, con otras empresas implicadas en el mantenimiento del servicio ferroviario.
Con menos intensidad en la preparación de su defensa, el resto de actores implicados en la escena del accidente también han tomado medidas para conocer su posición jurídica y estar atentos a posibles cambios. Es el caso de ArcelorMittal, citada por el presidente de Adif el pasado viernes en relación a la calidad del suministro de acero de los carriles. ArcelorMittal comparte accionariado con Adif en Redalsa, la empresa que ejecuta las soldaduras. También es el caso de Iryo, el operador del tren que descarriló en primer lugar, invadiendo parcialmente la vía contraria y provocando la colisión con el Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario en el tramo de Adamuz.
Un gurú técnico
Según fuentes al tanto de las estrategias jurídicas, Iryo ha contratado como asesor en este suceso a Ignacio Ribera, ex responsable técnico de Renfe, ex vicepresidente de la CIAF, y un testimonio de calidad técnica en el juicio que se derivó del accidente de Angrois, compareciendo a petición de la abogacía del Estado que defendía a Adif. Aunque toda la investigación técnica realizada hasta ahora centra la posible responsabilidad en Adif, Óscar Puente ha indicado esta semana que sigue sin excluir ninguna posibilidad como causa del accidente, incluyendo un problema en el Iryo.