El acceso a la vivienda se complica cada vez más en España. Quienes buscan comprar o alquilar un piso no solo se encuentran con precios que exigen más de la mitad de sus ingresos o varias propiedades en condiciones precarias, sino que también deben sortear los anuncios para evitar aquellas que vienen con un bicho incluido, las okupadas.
Los últimos datos publicados por Idealista revelan que la venta de viviendas sin posesión (que han sido compradas legalmente, pero no pueden entrar ni usarla) ya suponen el 3% del total en venta en sus anuncios en España entre julio y septiembre de 2025, es decir, alrededor de 23.010 que reconocían sufrir un proceso de okupación, un 4,6% más respecto al trimestre pasado y una cifra que podría aumentar si se considera el otro lado de la oferta que no anuncia abiertamente que mantiene una situación particular del inmueble. Y, aunque las más afectadas son las grandes capitales como Barcelona (855 anuncios), Madrid (766 anuncios) y Sevilla (558 anuncios), es un fenómeno que no para de crecer en todo el país... excepto en Soria, la ciudad donde los okupas no llegan.
Parte de Castilla y León y de la España vaciada, la ciudad de los poetas es la única capital sin anuncios de viviendas con algún proceso de ocupación en la inmobiliaria durante el tercer trimestre de 2025. Con números también bajos, en Teruel, Melilla y Segovia, apenas se han registrado dos anuncios, mientras que sumó uno más en Guadalajara. En estas, no llegan a representar ni el 1% sobre el total de oferta en venta, excepto en Teruel donde es el 1,4%.
En cualquier caso, el resto de España está viendo un incremento de este tipo de viviendas en venta en las inmobiliarias. En 2024, las denuncias por okupaciones de vivienda aumentaron un 7,4% a nivel nacional, lo que suponen 16.426 hechos conocidos -denuncias o actuación policial- de usurpación y allanamiento, según el ministerio del Interior en los últimos datos publicados, un incremento frente a los datos del 2023 cuando llegaron a los 15.289 delitos. Además, se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica que arrancó en 2010 y solo superada por las registradas en 2021 (17.274) y 2022 (16.765).
Una situación que obliga cada vez más propietarios "que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia" a vender sus inmuebles "a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real", asegura Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, lo que refleja un creciente problema social y la carencia de políticas habitacionales del país, "donde la falta de vivienda social es un tema crítico que requiere un enfoque coordinado entre el sector público y privado", menciona el portal.
De regreso a las estadísticas, Gerona se mantiene un trimestre más a la cabeza de los territorios en los que este fenómeno es más acusado. Los 132 anuncios de viviendas okupadas suponen el 8,9% de su oferta total en venta, mientras que Tarragona (8,8%) y Sevilla (8,4%) le siguen con apenas décimas de diferencia. Los anuncios de este tipo de viviendas tienen un peso mayor en estas ciudades, incluso más que en los grandes mercados como Palma (2,5%), Madrid (2,4%) y Valencia (2,3%).
"Tristemente, estas ventas [viviendas okupadas] son una realidad en el mercado y para revertirla son necesarias políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda", explica Iñareta.
Derecho de propiedad
La ocupación ilegal es uno de los debates más grandes que hay alrededor de la crisis de vivienda. España tiene el puesto 22 de los 37 países analizados en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, elaborado por Property Rights Alliance y difundido en España por el Instituo de Estudios Económicos (IEE), lo que indica que la propiedad privada en el país está menos protegida que la mayor parte de los países europeos.
De hecho, esta situación llegó a Bruselas donde Borja Giménez, el eurodiputado que lideró la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, avisó a este periódico que "España es el país con más problemas de ocupación de la Unión Europea", por lo que la inseguridad jurídica agrava el problema de oferta de vivienda.
Así, los propietarios se enfrentan a la lentitud de procesos judiciales y a una legislación limitada, con compensaciones insuficientes y que no afectan a los inquiokupas, los inquilinos que dejan de pagar la renta o que permanecen en la vivienda una vez termina el contrato, por lo que pone freno a la creación de oferta residencial en el mercado inmobiliario.
El portavoz de Idealista sostiene que "todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomentan la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler".