Este jueves, las protestas agrarias han vuelto a llenar calles y principales vías de varias ciudades europeas, reflejando el creciente malestar del sector primario frente a la hoja de ruta de la Unión Europea. París, Bruselas, Berlín y Cataluña han sido algunos de los escenarios de movilizaciones que comparten un denominador común: el rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.
En Cataluña, en la provincia de Gerona, cerca de un centenar de tractores bloquearon la autopista AP-7 y la N-II a la altura de Pontós (Alt Empordà) desde primera hora de la madrugada, en algunos casos de manera indefinida, hasta pasadas las ocho de la mañana. Las protestas, organizadas por la plataforma Revolta Pagesa, denuncian no solo el impacto del acuerdo con Mercosur, sino también la que califican como una «mala gestión» de la fauna salvaje, que, según el sector, pone en riesgo tanto las explotaciones agrícolas como la ganadería.
En Francia, Emmanuel Macron cedió a las presiones internas y anunció que su país votará el viernes en contra del tratado UE-Mercosur. Horas antes, durante un discurso ante los embajadores extranjeros en París, el presidente francés había defendido la «independencia estratégica» de Europa frente a Estados Unidos y China. Macron justificó su decisión alegando «el rechazo político unánime al acuerdo» expresado en la Asamblea Nacional. «La firma del acuerdo no será el final de la historia», advirtió. «Seguiré luchando por la plena aplicación de los compromisos adquiridos por la Comisión Europea y para proteger a nuestros agricultores».
Decenas de tractores invadieron las calles de París y se concentraron ante lugares emblemáticos como la Asamblea Nacional, el Arco del Triunfo o la puerta de Auteuil, en medio de forcejeos con la policía y al grito de «Francia, ¿todavía queréis a vuestros agricultores?». La indignación del sector se ha intensificado por la combinación del acuerdo con Mercosur, la crisis sanitaria provocada por la dermatosis nodular -que obligó al sacrificio de reses- y la sensación de abandono institucional. «La supervivencia de los agricultores está en juego», advirtió Karine Duc, presidenta de la cámara de agricultores de Lot-et-Garonne. «No es solo la dermatosis o Mercosur; están haciendo que nuestra profesión sea humanamente y económicamente inviable».
Estas movilizaciones llegan en la antesala de un momento político crucial. Este viernes, los embajadores de los Veintisiete debatirán a puerta cerrada la firma del tratado. Para que el acuerdo prospere, se requiere una mayoría cualificada: al menos 15 países que representen el 65% de la población comunitaria. Tras un primer intento fallido en diciembre por el rechazo de Francia e Italia, el equilibrio sigue siendo frágil. El reciente cambio de posición de Italia -tras el anuncio de Ursula von der Leyen de liberar 45.000 millones de euros en fondos agrícolas- podría inclinar la balanza, aunque no ha logrado calmar la ira del campo francés.
Las divisiones entre los Estados miembros se hacen cada vez más evidentes. Hungría e Irlanda confirmaron ayer que votarán en contra del acuerdo, al considerarlo perjudicial para sus agricultores. El ministro húngaro Péter Szijjártó acusó a Bruselas de presionar para abrir el mercado europeo a «importaciones ilimitadas» de productos sudamericanos, ignorando los intereses del sector agrario. En la misma línea, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, reconoció que, pese a algunos avances, persiste la desconfianza sobre el impacto del tratado. «Debemos asegurarnos de que los estándares ambientales y productivos impuestos a nuestros agricultores no se vean socavados por sistemas de producción con menores exigencias», afirmó.
Frente a estas posiciones, el Gobierno español mantiene su respaldo al acuerdo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este jueves que Mercosur representa una «gran oportunidad» para España y la UE y calificó de «grave error» interpretarlo como una amenaza. A su juicio, el tratado es aún más relevante desde el punto de vista geopolítico y tendrá un impacto positivo para el sector agroalimentario español, especialmente en productos como el aceite de oliva o el vino.