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Normalmente, la llegada de un nuevo año suele traer novedades tributarias. Es lo que va a ocurrir este 1 de enero de 2026 con el Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, que modifica el Reglamento del IRPF y que va a suponer ampliar la capacidad inspectora de Hacienda teniendo en cuenta los nuevos sistemas de pago que se utilizan en la actualidad.
Desde el comienzo del año 2026, desaparece el umbral mínimo de los 3.000 euros. Hasta ahora, los bancos debían informar a Hacienda en todas las operaciones superiores a esa cantidad, pero a partir del 1 de enero, deberán notificar al fisco de forma mensual y no anual. Esta medida aplica también a pagos online y mediante teléfonos móviles.
De esta manera, el nuevo límite a tener en cuenta son 25.000 euros en un año.
- "Se añade una nueva obligación informativa de carácter anual relativa a operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas. Dicha obligación informativa se refiere al total anual de los abonos, cargos, recargas y retiradas en efectivo y operaciones de gasto en establecimientos, quedando excluidas aquellas tarjetas cuyos importes de cargos y de abonos en el año no hayan excedido de 25.000 euros", indica el artículo 38 ter de nuevo Decreto.
Por tanto, a partir de ahora, las entidades bancarias están obligadas a informar a Hacienda de los movimientos realizados cuando el total de cargos y abonos supere los 25.000 euros en un año natural. Esto incluye las operaciones realizadas en comercios físicos, plataformas online y otros sistemas de pago electrónico.
A quién va a afectar
El objetivo de esta medida es combatir el fraude fiscal y tener una mayor transparencia en las operaciones económicas. Va a afectar, principalmente, a autónomos y pymes. Aunque ya tenían la obligación de declarar cobros a través de medios electrónicos, con la reforma, los bancos deberán compartir esta información mensualmente.
Además, en el caso de los particulares, si los pagos con tarjeta superan los 25.000 euros al año, el banco notificará esas operaciones a la Agencia Tributaria, lo que aumentará el riesgo de una posible inspección si hay discrepancia con las declaraciones fiscales.