El mercado laboral resistió el embate del fin del verano con la creación de casi 31.500 puestos de trabajo y un descenso de más de 4.800 parados. En ambos casos, los mejores registros, al menos, desde 2007, sin tener en cuenta los meses de septiembre de los años pandémicos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en las estadísticas de empleo. Un análisis pormenorizado de los datos de afiliación arroja un balance menos positivo en sectores como la Educación, uno de los que más sufre con el periodo estival y a los que más le cuesta recuperarse en el inicio del curso escolar.
Este año no ha sido diferente a los anteriores y los centros educativos -públicos y privados- han empezado a funcionar en el nuevo curso con mucho menos personal del que tenían en plantilla en el mes de mayo, antes de que empezara la oleada de despidos veraniegos. En concreto, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Seguridad Social, el pasado mes de septiembre se sumaron 61.025 cotizantes en el sector de la Educación, una cantidad que apenas representa un 24% de los más de 255.000 empleos destruidos entre los meses de junio, julio y agosto.
Tras conocer los datos definitivos de la criba veraniega, a principios del pasado mes de septiembre, desde el departamento que dirige Elma Saiz señalaron al sector privado como principal responsable del desplome de la afiliación en la Educación, ya que el 70% de las bajas de contratos en el periodo estival se registraron, efectivamente, en colegios, academias y otros centros educativos y deportivos privados. Además, el Ministerio restó importancia al hecho de que el grueso del ajuste se concentrase en los contratos fijos discontinuos, con cerca del 60% de las bajas, al defender que el Gobierno ha mejorado la protección de estos trabajadores para que quienes no estén activos en el periodo estival puedan computar como cotizado el año completo de cara a la jubilación.
De igual manera, desde el Gobierno señalan al elevado volumen de interinidades, que son esos puestos de trabajadores que cubren vacantes temporales o hacen sustituciones eventuales de funcionarios en centros públicos, pero ubican esta problemática en el tejado de las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de Educación. Con todo, lo cierto es que la reforma laboral impulsada en 2021 no ha logrado acabar con la práctica extendida en los centros educativos de rescindir los contratos de los profesores en junio para volver a activarlos en septiembre y ahorrarse así el abono de las nóminas en los meses estivales.
"La importante caída que se produce a lo largo de estos meses tiene un elemento positivo, que es que todo ese empleo vuelve ahora después de vacaciones y lo iremos viendo, como todos los años, en los meses de septiembre y octubre", afirmó el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, en la rueda de prensa de presentación de los datos de afiliación de agosto. Ahora sabemos, a falta de conocer el dato del décimo mes del año, que se han recuperado poco más de 60.000 de los 255.000 empleos destruidos, por lo que faltan nada menos que 195.000 profesores en el arranque del curso.
En una nueva rueda de prensa celebrada ayer, con motivo de la actualización de las estadísticas para el mes de septiembre, el número dos de Saiz volvió a hacer referencia al sector educativo, por sus "implicaciones" para "el futuro y para la inserción de quienes se forman en el mercado de trabajo". Y destacó que, en términos interanuales, el empleo en las actividades vinculadas a la enseñanza está creciendo a una tasa del 4,6%, "un ritmo verdaderamente extraordinario", afirmó, que se traduce en un aumento de poco más de 49.000 afiliados en los últimos doce meses.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que "la serie de afiliados en Educación tiene un comportamiento estacional: si lo alineamos con los cursos escolares vemos que los afiliados en Educación empiezan habitualmente a crecer en septiembre, y normalmente la subida es más fuerte en octubre y luego continúa creciendo de forma sostenida hasta alcanzar su pico máximo en los meses de mayo de cada año, mientras que el mínimo se da en agosto coincidiendo con el despido recurrente de los interinos de los centros públicos".
Desde el sindicato de funcionarios CSIF valoraron ayer la evolución de la afiliación en el sector educativo en septiembre "después de tres meses consecutivos de destrucción", aunque advirtieron de que, en conjunto, en las Administraciones Públicas y en la Sanidad desaparecieron 18.000 cotizantes (con 10.422 y 7.813 bajas, respectivamente). Unas cifras que, a su juicio, "evidencian la inestabilidad de los puestos de trabajo en ámbitos muy sensibles de nuestras administraciones, que deberían contar con unas plantillas estables, estructuradas y que no fluctúen por los efectos coyunturales del mercado de trabajo".
Ante este panorama, CSIF, junto con CCOO y UGT, lleva meses exigiendo al ministro de Función Pública, Óscar López, que inicie las negociaciones para abordar el refuerzo de las plantillas y para encaminar un nuevo acuerdo en materia salarial, ya que las nóminas de los funcionarios llevan todo el año congeladas. El ministro ha vinculado la actualización de los sueldos a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, una maniobra que en CSIF consideran "una excusa inaceptable". "Utiliza a los empleados públicos como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria", lamenta el sindicato.