La vicepresidenta Yolanda Díaz ha lanzado a consulta pública el proyecto de real decreto por el pretende cumplir su amenaza a los empresarios de regular el registro horario en un texto independiente tras haber fracasado su reducción de jornada en el Congreso de los Diputados.
Se trata de un breve texto de apenas seis páginas en el que el Ministerio de Trabajo dibuja de forma muy escueta un desarrollo normativo que, inicialmente, plantea una regulación mucho más laxa de la que había incorporado en el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral.
Como se ha avanado en estas páginas esta misma mañana, la ley impide a Díaz endurecer por decreto las multas a los empresarios que incumplan la jornada laboral de sus empleados y el registro horario, tal y como pretendía la vicepresidenta, elevando las saciones hasta los 10.000 euros por trabajador.
De modo que al Ministerio solo le quedaba la opción de desarrollar aspectos técnicos del registro, como la obligatoriedad de que sea digital e interoperable, con acceso remoto en tiempo real a la Inspección de Trabajo. Pero ni siquiera esos aspectos se establecen de manera tajante en el texto lanzado a consulta pública hace apenas unos minutos.
En concreto, el proyecto determina el desarrollo de cinco puntos. En el primero fija el "establecimiento de disposiciones que garanticen la realización personal y directa de los asientos por las personas trabajadoras, así como la identificación de las interrupciones". Y añade que "ello podría determinar la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico, con mecanismos de verificación de la identidad", dejando abierta la opción a esa obligatoriedad de que el registro sea efectivamente digital, como sí establecía la regulación incluida en el proyecto de ley de reducción de jornada, según el cual las empresas ya no iban a poder anotar la jornada de sus trabajadores en un papel, como hasta ahora.
En el segundo, sobre "la precisión de cada tipo de tiempo de trabajo registrado", indica que "se debe registrar toda la jornada, pero cabe prever que se señale si el tiempo de trabajo es efectivo o de disponibilidad, o si las horas son ordinarias o extraordinarias". "Esta calificación permitirá identificar más incumplimientos de la normativa, con las consecuencias que legalmente procedan", afirma.
En el tercer punto, sobre "el control de las modificaciones de los asientos", establece que "esta garantía puede incluir obligaciones específicas como la de que la representación legal de los trabajadores obtenga copias del registro con una cierta periodicidad, o que deban estar presentes para modificar el registro".
Es decir, determina que se "puede" incluir la obligación de permitir el acceso a los sindicatos, pero no establece esa exigencia de manera nítida como en el texto que ha devuelto el Congreso al Gobierno. Y de nuevo, avanza que "en algunos casos" se "podría requerir del acceso electrónico interoperable y garantías informáticas de autenticidad, como sellos de tiempo", pero no lo fija como obligatorio.
En el cuarto apartado apunta a la "obligación de acceso inmediato, así como remoto en el caso de los registros electrónicos", es decir, solo en el caso de que las empresas no hagan el registro a papel y boli, tal y como sucede en la actualidad y como, según este proyecto de real decreto, van a poder seguir haciendo.
Y en el quinto y último punto, el texto deja a desarrollo reglamentario posterior "las formas de mantener los registros individuales a disposición de las personas trabajadoras y el conjunto de los registros a disposición de su representación y de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social", lo que" puede incluir las formas adecuadas de acceso, incluidas las telemáticas".
No toca las multas
Un planteamiento que deja la puerta abierta a un desarrollo mucho más light en términos de endurecimiento del control horario del que contenía el proyecto de ley que enmendaron ayer en el Congreso Junts, PP y Vox. Concretamente, ese texto establecía que "la empresa mantendrá un registro diario de jornada, realizado por medios digitales", que el sistema "garantizará la interoperabilidad que permita su acceso y gestión" y que "deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación legal de las personas trabajadoras".
Asimismo, el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral aumentaba las multas a las que se enfrentan las empresas incumplidoras desde los 7.500 euros actuales por compañía hasta los 10.000 euros por cada trabajador afectado por los incumplimientos. Sin embargo, este endurecimiento de las sanciones tampoco ha sido incluido en el texto lanzado a consulta pública porque esas cuantías están fijadas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y esta ley no puede modificarse en un reglamento aprobado de manera unilateral por la vía del real decreto, sino que requeriría del aval del Congreso de los Diputados.
En todo caso, lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es lanzar el trámite de consulta pública, a partir del cual se irán incorporando a un real decreto las distintas aportaciones que lleguen de los agentes económicos directamente afectados por la norma. Esto quiere decir que el texto final podría establecer de manera taxativa la obligatoriedad de que el registro sea digital y permita el acceso en directo a los inspectores. Pero, de momento, el proyecto avanzado por el departamento de Yolanda Díaz esboza un desarrollo reglamentario laxo, en comparación con su planteamiento inicial.
Con todo, el texto final tendrá que pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGE), que preside el ministro de Economía Carlos Cuerpo, con quien Díaz ya chocó frontalmente por la reducción de la jornada laboral pactada solo con los sindicatos, sin el apoyo de la patronal. Solo después de ese aprobado aterrizará en el Consejo de Ministros, algo que no sucederá tan pronto como esperan las organizaciones sindicales.