Los sindicatos quieren que la reducción de la jornada laboral máxima legal a 37 horas y media semanales se debata en el Congreso de los Diputados. Que los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad -PP, Vox y especialmente Junts, clave en la votación- las retiren y se retraten en la tramitación parlamentaria ante unos votantes que, de forma mayoritaria y transversal entre todos los partidos políticos, quieren trabajar menos , tal y como reflejan las encuestas.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, instan a los grupos que mantienen vivos sus vetos en el Congreso, con el foco en los de Carles Puigdemont, a que permitan que el proyecto de Ley se debata y los ciudadanos puedan conocer sus posturas políticas respecto a la reducción de la jornada. Se apoyan en varios datos específicos: el 75% de los ciudadanos quieren que se reduzca la jornada laboral, casi el 83% de los catalanes están a favor de la medida y el 72% de los votantes de Junts la apoyan.
"Que vayan con cuidado", ha advertido Pepe Álvarez a los partidos que quieren tumbar la medida estrella de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. "Este no es un asunto entre el PP, Vox y Junts con los partidos que dan soporte al Gobierno, es una cuestión que afecta a la columna vertebral de las reivindicaciones y anhelos de los ciudadanos", ha insistido el líder de UGT, para incidir en que no le parece "de recibo" que "se pretenda castigar a la mayoría de los trabajadores" ni que "hurten al pueblo español de conocer cuáles son sus opiniones" respecto a la reducción de la jornada laboral, "secuestrando la voluntad mayoritaria de los ciudadanos sin conocer sus argumentos".
Ambos representantes sindicales han argumentado que la reducción del tiempo de trabajo es una medida "eficaz" desde el punto de vista económico, que contribuirá al incremento de la productividad y a la mejora de la economía, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores más precarios. En este sentido, han puesto de ejemplo a las mujeres, ya que la medida impactará más en los sectores más feminizados, a los empleados de la hostelería, del comercio o de la agricultura, del sector de la limpieza o de los cuidados a domicilio, o a los vigilantes de seguridad, que verán incrementado su salario por hora.
Un "fraude democrático"
"Determinados grupos políticos no quieren ni discutir esto y quieren erradicar una Ley que es de justicia y que afectaría a todos sectores", ha afeado, por su parte Unai Sordo a Junts, PP y Vox, a quienes ha acusado de "fraude democrático" por impedir el debate en el Congreso con unas emniendas a la totalidad que, a su juicio, suponen también un "desprecio al diálogo social" y al "marco constitucional". "Están despreciando olímpicamente lo que piensa incluso la mayoría de sus electorados", ha enfatizado el secretario general de CCOO.
"Resulta paradójico que diputados que ganan 100.000 euros al año, que tienen varios pisos en propiedad, que tienen acciones, chalets o un despachito que les puso papá vayan a votar en contra de reducir la jornada a los trabajadores de la hostelería o incrementar el salario de los trabajadores de seguridad", ha llegado a decir Unai Sordo, para quien esto "dice mucho del sesgo de clase que hay detrás de esta votación".
Aunque tanto Sordo como Álvarez han asegurado que la apelación no es exclusiva a Junts sino a todos los grupos políticos, lo cierto es que la presión la están dirigiendo especialmente a la formación catalana, cuando quedan apenas 48 horas para que el Congreso valore su enmienda a la totalidad. "Que decidan si quieren hacerse la foto con los sectores económicos y poderes fácticos más rancios de España", ha advertido a los de Puigdemont el secretario general de UGT. Sordo, por su parte, ha acusado a Junts de representar "a los sectores más cutres del capitalismo español".
"Como una pesadilla"
En todo caso, han insistido en su llamamiento a todos los grupos políticos y a los partidos que "aspiran a representar a la España que madruga". Pero no solo eso. CCOO y UGT hacen un llamamiento también a los trabajadores, para que defiendan esta medida en su día a día en los centros de trabajo, y como gran estrategia de presión ambos sindicatos han convocado movilizaciones en todas las provincias el próximo miércoles por la tarde, coincidienedo con la votación de las enmiendas en el Congreso. En Madrid, la protesta tendrá lugar muy cerca de la sede parlamentaria, en la Plaza de las Cortes.
Tanto Sordo como Álvarez han evitado dar por perdida la votación, aunque claramente se han posicionado ya en el día después, para exigir al Gobierno que vuelva a activar la tramitación del proyecto legislativo cuanto antes. En paralelo, han advertido a las formaciones políticas de que continuarán con la presión y con el debate sobre la reducción de la jornada laboral lo que queda de legislatura. "Va a ser como una pesadilla", ha avisado Pepe Álvarez.
A los empresarios, por su parte, les han anunciado que darán la batalla por la reducción del tiempo de trabajo en la mesa de negociación colectiva en la que se hablará del nuevo AENC y que, en todo caso, forzarán a Yolanda Díaz a poner en marcha el nuevo control horario, que endurece considerablemente las sanciones a las empresas que incumplan las jornadas de sus trabajadores. Una medida que ya ha anunciado la propia vicepresidenta que pondrá en marcha salga a delante o no la jornada de 37,5 horas en el Congreso, ya que el endurecimiento del registro horario supone una modificación reglamentaria que puede aprobarse en Consejo de Ministros a través de un Real Decreto.
