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Financiación autonómica

Informe de expertos: el 'cupo' catalán es inviable sin forzar a Illa a una gran aportación al resto de CCAA ni desmontar privilegios a País Vasco y Navarra

Un estudio del Ivie ve imposible el plan del Gobierno sin condiciones inasumibles para los nacionalistas

La vicepresidenta primera del Gobierno,  María Jesús Montero, este viernes en Sevilla
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, este viernes en SevillaJulio MuñozEFE
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El plan del Gobierno de un cupo catalán es inviable, salvo que se aplique con condiciones inasumibles para los nacionalistas. Así se desprende de un informe elaborado por expertos en financiación autonómica del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), referente en España en esta materia.

Tras estudiar el acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa y que se pondrá en marcha este lunes, su conclusión apunta a que no es posible -si se quiere evitar un grave agravio territorial- salvo que la Generalitat de Cataluña acepte una gran aportación a la solidaridad interterritorial y se desmonten privilegios actuales del País Vasco y Navarra.

Además de que consideran imposible el cupo catalán sin una reforma a fondo del sistema de financiación del resto, ponen, entre otras condiciones, ésta: «Un compromiso de solidaridad entre las comunidades autónomas para financiar sus funciones que permita, al menos, igualar los recursos disponibles para prestar los servicios públicos fundamentales».

Eso fuerza a un sistema de nivelación que es insostenible sin una fuerte garantía de solidaridad de las comunidades más prósperas, incluida Cataluña. Además, es imprescindible, en su opinión, para cuadrar cuentas, ésta otra condición: «Una revisión de las importantes ventajas financieras que disfrutan las comunidades forales». Según el informe, «la revisión debe asemejar el esfuerzo fiscal que su cupo y contribución actuales representan a las aportaciones que el resto de comunidades implícitamente realizan para financiar las cargas del Estado». Además, «las comunidades forales deben participar en la solidaridad entre comunidades para nivelar los recursos disponibles para prestar los servicios públicos fundamentales».

Esta condición para que el nuevo sistema sea digerible colocaría a Pedro Sánchez ante el riesgo de perder el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y Bildu en el Parlamento. Los expertos del IVIE cuantifican en 6.000 millones anuales la aportación extra que tendrían que hacer País Vasco y Navarra, un destrozo para los recursos actuales de los que disfrutan.

En definitiva, el plan de financiación singular para Cataluña solo es aplicable "si los términos genéricos en los que se expresa el acuerdo PSC-ERC se concretan mediante criterios de contribución de las CC. AA. al Estado y a la solidaridad interterritorial transparentes y con la potencia redistributiva suficiente para nivelar las elevadas diferencias de capacidad fiscal existentes entre las comunidades autónomas españolas".

El problema es que, de hacerse así, el propio IVIE advierte de que no colmaría las expectativas de gran mejora de la financiación catalana generadas por los nacionalistas. "Esos resultados no serían los que parecen esperarse del sistema de financiación singular propuesto para Cataluña. Por ejemplo, existirían mejoras de financiación para esta comunidad, pero no de las cuantías que en ocasiones se mencionan", señalan. Y, si se les da satisfacción, "y la singularidad de Cataluña se concretara como una asimetría más de recursos, sumándose a otras ya existentes e injustificadas, en lugar de solucionar el problema, lo agravaría".

El estudio desmonta el argumento ofrecido este mismo viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ve posible aplicar el acuerdo "sin ningún agravio territorial". "Nunca jamás el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo, ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía", afirmó la titular de Hacienda.