- Pensiones Los trabajadores con sueldos de más de 4.909 euros pagarán una cuota extra desde 2025 para sufragar la jubilación del 'baby boom' sin generar más pensión
- Cuentas públicas Sube el déficit de la Seguridad Social pese a las promesas de la reforma, la subida de cotizaciones y el récord de cotizantes
La temida jubilación de la macrogeneración del baby boom se está acelerando de manera silenciosa pero contundente. La brecha entre los nuevos jubilados y los que fallecen ha escalado en solo un año a niveles nunca vistos por el doble impacto de la avalancha de nuevas altas de jubilación y el frenazo de las bajas por la mejora de la esperanza de vida. Un cóctel que ahonda en el desgarro de las maltrechas cuentas del sistema público de las pensiones pese a las sucesivas subidas de cotizaciones que ha impulsado el Gobierno y al récord de trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
El pasado año 2024 se registraron 368.065 altas de pensiones de jubilación, un nuevo máximo histórico y muy por encima del dato de 2023, cuando se contabilizaron 326.949 altas coincidiendo con el aterrizaje de la primera hornada de baby boomers (trabajadores nacidos entre 1958 y 1977). En 2024 el proceso se aceleró con los quintos del 59 que llegaron a los 65 años habiendo cumplido todos los requisitos necesarios para jubilarse. Lo llamativo es que mientras las altas se incrementaron cerca de un 13% respecto al año anterior, las bajas apenas lo hicieron un 3%, al pasar de 265.060 a 273.346, de modo que la brecha entre los nuevos jubilados y los que salen definitivamente del sistema alcanzó un nivel nunca visto del 35% en 2024, frente al 23% de 2023 o el 13% de 2019, antes del estallido de la pandemia.
Estamos ante un punto de inflexión. Hasta ahora, cuando la Seguridad Social ha registrado un pico en las altas de jubilación se ha debido a la decisión en masa de trabajadores que han buscado esquivar las reformas que han venido endureciendo el acceso a la pensión, como sucedió en 2013, cuando se anunció el aumento de la edad de jubilación anticipada, o en 2018, cuando miles de trabajadores adelantaron su jubilación por miedo a la entrada del factor de sostenibilidad que, a partir de 2019, iba a adecuar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. También se registraron aumentos notables durante la crisis financiera por los despidos colectivos de mayores de 50 años y las prejubilaciones pactadas en sectores como la banca.
Pero ninguna de esas causas está detrás del máximo histórico de altas de hoy. De hecho, desde el Ministerio de Seguridad Social destacan como una tendencia positiva para la sostenibilidad del sistema el crecimiento de las jubilaciones demoradas, que representan ya el 11,3% de las nuevas altas, más del doble que en 2019 (4,8%). «Este cambio refleja el impacto de los incentivos a la demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de jubilación anticipada. Como consecuencia, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65 años, frente a los 64,4 años de 2019», señalaba una nota reciente respecto a los cambios que introdujo la última reforma para contener la sangría del gasto, en paralelo a las subidas de cotizaciones para apuntalar los ingresos.
El motivo de la avalancha de jubilaciones actual no es otro que el aterrizaje en el sistema de las primeras quintas del baby boom. Entre 1958 y 1977 nacieron en nuestro país 14 millones de niños, 2,5 millones más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en las dos décadas siguientes. Esos niños están empezando a llegar ahora a la edad de jubilación y pidiendo su pensión en la Seguridad Social a un ritmo que se ha acelerado hasta tal punto que en 2024, por segundo año consecutivo, se registraron más nuevos jubilados que nacimientos de bebés.
Esto no pilla por sorpresa al Gobierno ni a las autoridades económicas, que llevan años anticipando esta situación. Sin embargo, la reforma pactada con la Comisión Europea para intentar levantar un dique de contención del gasto contempla un despliegue paulatino de medidas con la vista en 2050, por lo que sus efectos aún no se dejan sentir en las cuentas públicas.
De hecho, pese al récord de afiliaciones y a la subida de las cotizaciones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que pagan todos los trabajadores o la cuota de solidaridad que abonan los que tienen sueldos más altos, la Seguridad Social sigue en déficit. Durante la presentación del cierre del ejercicio 2024, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que aunque los ingresos por cotizaciones subieron un 6,7%, hasta un récord de 210.240 millones de euros, los números rojos del sistema no sólo no mejoraron, sino que empeoraron en 122 millones, hasta totalizar un desequilibrio de 8.495 millones de euros. En proporción al Producto Interior Bruto el déficit sí bajó ligeramente, del 0,56% al 0,53%.
El dinero procedente de esas cotizaciones extraordinarias que ha puesto en marcha el Gobierno para sufragar el retiro de los boomers se está desviando a la conocida como hucha de las pensiones. Sin embargo, ese Fondo de Reserva apenas cuenta en estos momentos con 10.000 millones de euros. Es la cantidad más alta desde diciembre de 2017, pero no da ni para pagar una nómina de pensiones a los jubilados.
Y es que no sólo cada vez hay más pensionistas, sino que también cobran pensiones más altas. De acuerdo con los registros de la Seguridad Social, las nóminas de los nuevos jubilados alcanzaron los 1.566 euros a cierre de 2024, mientras las de los que se dieron de baja en el sistema se situaron de media en los 1.289 euros. Las cantidades crecen cada año exponencialmente, impulsadas por las sucesivas revalorizaciones de las prestaciones con la inflación a lo largo de la reciente crisis de precios. De hecho, a falta de conocer el último dato que difundirá el departamento que dirige Elma Saiz esta misma semana, las nuevas altas de jubilación se han disparado en lo que va de año hasta los 1.761,5 euros de media y, en conjunto, el gasto en todas las pensiones del sistema supera ya los 13.500 millones de euros al mes.
Pese a esta creciente tensión en las cuentas de la Seguridad Social, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)se ha visto obligada a dar su aprobado a la reforma de las pensiones en su primer examen oficial. Y lo ha hecho aunque no comparte la fórmula pactada con Bruselas cuyo resultado, en función de las proyecciones de ingresos y gastos hasta el año 2050, arroja que, por el momento, no es necesario hacer nuevos ajustes. La AIReF ha constatado que, pese a los cambios introducidos, «la sostenibilidad del sistema no ha mejorado». Y la propia presidenta del organismo fiscalizador, Cristina Herrero, advirtió durante la presentación de los resultados de esta evaluación que será necesario «tomar medidas adicionales» en el futuro.