Algo más de 3.267 euros al mes. Es lo que cobrarán los jubilados que perciban la pensión máxima del sistema público el año que viene. Una cantidad inédita en la historia de la Seguridad Social que se alcanzará gracias a una medida introducida en la última reforma global de las pensiones diseñada y aprobada por el exministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España.
El Gobierno ya tiene listo el texto legal que determinará la subida de las pensiones públicas para 2025. A la espera de conocer el dato de inflación definitivo del mes de noviembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha redactado ya tanto el real decreto como la memoria de impacto económico para la revalorización de las nóminas. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la "tramitación administrativa urgente" e inmediatamente el departamento que dirige Elma Saiz lanzó la audiencia pública, un trámite previsto para recabar la opinión de los ciudadanos afectados por las grandes iniciativas legislativas.
A unos días de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique una primera estimación sobre la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre, la fórmula que fijó el propio Escrivá permite proyectar el porcentaje en el que se incrementarán las pensiones a partir del 1 de enero de 2025. La reforma pactada con los agentes sociales estableció que las nóminas se revalorizarían en función del valor medio de los incrementos interanuales del IPC entre los meses de diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. A falta de ese último dato, que previsiblemente no variará demasiado el cálculo total, el resultado de aplicar esa fórmula de revalorización apunta a un alza del 2,8%.
Todas las pensiones contributivas subirán en esa proporción el año que viene, porcentaje que se superará en el caso de las prestaciones mínimas y no contributivas en una cuantía aún por determinar. Y como resultado, la factura total de la revalorización de más de 12,3 millones de nóminas superará los 7.300 millones de euros, ya que por cada punto de incremento anual del IPC el coste de subir las pensiones aumenta en 2.606 millones, según los cálculos que expone el propio Ministerio en la memoria de impacto económico.
Esa subida del 2,8% empujará la pensión media del sistema, que actualmente se sitúa en 1.259,6 euros mensuales, hasta los 1.294,9 euros. En el caso de la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas) y alcanza ya los 1.447,4 euros, se elevará hasta los 1.487,9 euros al mes, de acuerdo con las proyecciones realizadas por este medio en base a la revalorización prevista.
Mención a parte merece la pensión máxima del sistema, que es el tope legal que fija el Gobierno cada año para los pensionistas que tengan la edad ordinaria de jubilación y cumplan una serie de requisitos, como tener un mínimo de 36 años y seis meses cotizados y haber cobrado por la base máxima durante los 25 años anteriores a la solicitud de la pensión. Actualmente el máximo que puede cobrar un pensionista asciende a 3.175,04 euros mensuales o 44.450,56 anuales, cantidad que se verá incrementada de forma notable en 2025.
En concreto, el año que viene la pensión máxima escalará en algo más de 92 euros y alcanzará los 3.267 euros. Esa cantidad es el resultado de incrementar la cuantía actual en función del IPC, como establece la ley para todas las pensiones, y de mejorar esa subida en 0,115 puntos adicionales, que es la medida que introdujo Escrivá en su reforma para acompasar el incremento de las bases máximas de cotización entre 2025 y 2050.
En todo caso, la base máxima, que alcanza en estos momentos los 4.720,50 euros mensuales (56.646 anuales), subirá muy por encima del IPC, ya que la misma reforma establece un aumento adicional anual del 1,2% en el mismo periodo para apuntalar los ingresos de cara a los años de mayor tensión financiera por la jubilación de la generación del baby boom. Con la previsión de IPC del 2,8%, la base máxima de cotización subirá en torno a un 4% en 2025, lo que supone un incremento de casi 189 euros que elevará el umbral máximo por el que cotizan los sueldos más altos al nivel de los 4.909 euros mensuales.
Con todo, el próximo año será el primero en el que se aplique esa subida adicional de la pensión máxima. Aunque esta mejora podría tener que esperar por la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2025, ya que aunque el decreto de revalorización de las pensiones es independiente de los PGE, la norma que fija la cuantía máxima de las prestaciones establece que la aplicación del incremento extra de 0,115 puntos debe incluirse en las sucesivas leyes anuales de presupuestos de 2025 a 2050. Por ello, ante la ausencia de unas cuentas públicas para el próximo año, esa subida podría tener que aplicarse a posteriori con carácter retroactivo.