La secuencia de los hechos muestra cómo no se está diciendo toda la verdad sobre el uso de cobrar por carreteras que son hasta ahora gratuitas. Se resume así: el Gobierno se ha comprometido con la UE a hacerlo, aunque Pedro Sánchez lo negó ante Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral del pasado lunes.
El director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, desmintió el jueves al líder socialista y, horas después, fue obligado a decir que ha hablado «sin tener información». Finalmente, el viernes, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró que lo que hace ahora el Gobierno «es renegociar con la Comisión Europea las condiciones de ese hito que garantice el mantenimiento de las carreteras pero que no sea a través de un sistema de pago por uso». Es decir, el actual Ejecutivo quiere renegociar compromisos del Plan de Recuperación que, según la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, entraña riesgo de paralización y pérdida de los fondos europeos cuando es el PP el que insinúa cambios en las reformas comprometidas.
La demagogia en este asunto es generalizada en el arco político, porque tanto en el Gobierno, como en el PP reconocen que hay que acometer un mecanismo de pago que financie los 10.000 millones de inversión necesaria para mantener y modernizar la maltrecha red de carreteras.
Tan evidente era para el Gobierno como que aparece en el documento europeo clave de junio de 2021 con acuerdo de Sánchez. Se trata de la llamada Decisión de ejecución del Consejo Europeo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. En ella, el Gobierno se comprometió a «la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga». La ministra Sánchez pareció dispuesta el pasado año a cumplir e incluyó en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible la disposición adicional 13 en la que asegura (ver reproducción adjunta) que «el mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado».
El plan estaba, por tanto, en marcha con idea de empezar en 2024 -como convenido con la UE- y no tanto con la introducción de peajes, según fuentes conocedoras , sino con la llamada viñeta que fuerza un pago al Estado a todo usuario de autovías que circula hasta ahora gratis por ellas. Sin embargo, la disposición 13 voló cuando el texto final fue remitido el pasado invierno por la misma ministra. ¿Qué pasó? . En sus declaraciones del viernes, la ministra admitió la retirada de la disposición del anteproyecto el pasado diciembre, alegando que «no tiene sentido una medida como ésta», porque cuando fue proyectada «no existía una guerra» ni la necesidad de dar «ayudas al sector del transporte».
En privado la razón fue otra. Altos cargos del Gobierno trasladaron al sector constructor que el plan de cobrar a los ciudadanos por el uso de las carreteras estaba en marcha, pero que se retiraría de momento del proyecto de ley previsto por el proceso electoral de autonómicas y municipales. Así lo confirman a EL MUNDO fuentes de ambos lados de las conversaciones. «Es un plan comprometido con Bruselas que habrá que terminar haciendo, pero que se decidió aplazar por las elecciones», admite una fuente no oficial en el bando gubernamental.
«En privado el mensaje que nos dieron es que "ahora no toca por las elecciones", pero que es un tema que hay que hacer para 2024», corrobora por su parte un alto ejecutivo en el sector constructor. En las constructoras y concesionarias de autopistas llevan décadas pidiendo implantar en España esta fórmula de pago por uso tan extendida en la UE, para blindar inversión en carreteras, que suele ser la primera a recortar cuando hay que hacer ajustes como los que se avecinan a partir de 2024 con la vuelta de las reglas fiscales.
En el sector aseguran que el mensaje que les llegó es que se retomaría tras las elecciones y que podía aprovecharse cualquier otra norma. De hecho, en el proyecto de ley, la propia Sánchez deja la puerta abierta en el texto con una frase destinada a ganar tiempo ante Bruselas: «Las disposiciones de desarrollo de esta ley podrán prever mecanismos de financiación de los planes de movilidad».
Por su parte, el portavoz económico del PP, Juan Bravo, dio por hecho el pasado junio que se hará gane quien gane: «Vamos a pagar por las autovías, pero no porque lo diga el PP, sino porque está comprometido por el actual Gobierno».
La ministra no aclara qué está renegociando y con qué otra fórmula. Lo que es seguro es que el entuerto queda para el ganador del 23-J.
La efeméride/UN CONSEJO DE NOTABLES
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un expediente sancionador a dos miembros del consejo de administración de Ecoener por una fea práctica de financiar a accionistas en la salida a Bolsa en 2021. Hace bien la CNMV en publicar lo que investiga, pero mal en no precisar, porque puede extender la mancha a todo el consejo de administración de la energética que incluye notables como los exministros Ana Palacio y Eduardo Serra. Todo apunta a que los señalados son el presidente, Luis de Valdivia, y el vicepresidente Fernando Rodríguez con el agravante de que éste es responsable jurídico. Ambos han relativizado el problema en el consejo y negado irregularidades. El grupo de energías renovables ha perdido un 5% esta semana en Bolsa. Vale 275 millones y Valdivia controla el 70%.
El personaje/CORREOS, EL AMIGO Y "LA QUIEBRA"
Un problema de colocar amiguetes al frente de empresas estratégicas es la inseguridad que se genera entre los ciudadanos cuando llegan momentos clave. Es el caso del ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y actual presidente de Correos, Juan Manuel Serrano. Está siendo acusado desde hace mes y medio por UGT y CCOO -antes que lo hiciera Feijóo- de no tomar medidas adecuadas para un buen funcionamiento del voto por correo el 23-J. Serrano ha logrado finalmente tranquilizar, afortunadamente, a la Junta Electoral, pero la polémica habría sido menor con un gestor menos politizado. Ambos sindicatos acogieron bien en 2018 a Serrano con la idea de que su cercanía a Sánchez sería beneficiosa para el grupo, pero ahora reprochan que «Correos tiene una quiebra financiera de 1.000 millones desde que lo preside».
Para seguir/ ACER: UN 340% MÁS A FRANCIA
El regulador europeo ACER evalúa sin ningún entusiasmo el impacto del llamado tope ibérico al precio del gas para generar electricidad. En su último informe no destaca un gran efecto del mecanismo en las facturas finales a los consumidores -sí en el precio mayorista- pero, sobre todo, resalta el efecto positivo en Francia, que se ha hinchado a importar energía subvencionada española. «El aumento medio del volumen exportado de España a Francia ascendió al 340 % en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2022 en comparación con la media entre 2017 - 2021», afirma el informe. Según su evaluación, este tipo de medidas aisladas llevan a «una redistribución bastante descoordinada de beneficios entre Estados, más que a un verdadero cambio en términos de bienestar».
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