El ex presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha vuelto a pasar este jueves por los tribunales para declarar como investigado por un delito de administración desleal por el pago de unas supuestas comisiones irregulares en fichajes y honorarios jurídicos. El ex mandatario ha justificado ante el juez de instrucción haber abonado a través del club 1,7 millones al abogado José Ángel González Franco -el suyo personal- para lograr un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el caso Neymar 1, la primera condena penal a la entidad. El acuerdo de conformidad obligó a la institución azulgrana a pagar una multa de 5,5 millones de euros, una cantidad sustancialmente más baja de que la pedía en un inicio el Ministerio Público (22 millones), pero se saldó con Rosell y el propio Bartomeu exonerados.
En su comparecencia ante el magistrado, el ex presidente azulgrana ha asegurado que alcanzó un pacto verbal para que el club abonase dicha cantidad a su letrado personal, que ejerció de intermediario, según han informado fuentes jurídicas. Un apretón de manos que no formalizó ante la junta directiva del club hasta más tarde -mayo de 2017- cuando el conflicto ya estaba cerrado. Esos casi dos millones de euros correspondían al 10% del ahorro que suponía para el club ese pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria, ha detallado Bartomeu.
La Audiencia de Barcelona condenó en 2016 al FC Barcelona a pagar una multa de 5,5 millones de euros por dos delitos fiscales en la operación del fichaje del jugador brasileño Neymar da Silva. La cuantía inicial que pedía el fiscal era de 22,2 millones.
El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona archivó en julio de 2016 la causa contra Bartomeu y Rosell después de que se retirara la acusación de la Fiscalía y envió entonces el caso a la Audiencia de Barcelona, donde se ratificó el acuerdo que evitó la celebración del juicio (tras el pacto de conformidad alcanzado).
En la causa de ahora, la Fiscalía acusa al ex presidente del FC Barcelona y a sus principales directivos de un delito continuado de administración desleal por el pago de comisiones en fichajes de futbolistas y honorarios jurídicos, entre ellos el del abogado que medió en el caso Neymar 1. El Ministerio Público sostiene en la denuncia interpuesta contra Bartomeu que "omitió sus deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad que le correspondía a la Junta Directiva, a quien ocultó la realidad de varias operaciones".
En el caso de los pagos por el affaire Neymar, el Ministerio Público dice que se efectuaron "sin haber informado ni haber sometido a votación dicho acuerdo a la Junta Directiva" y pone en duda incluso la realidad de los servicios realizados. Así, la Fiscalía constata que no fue hasta el 11 de mayo de 2017 cuando el contrato se elevó a la junta directiva, meses después del pago de la primera de las dos facturas (en agosto de 2016).
En sus preguntas, las fiscales presentes también han insistido en el conflicto de interés que supuso que el club pagara al abogado personal de Bartomeu para alcanzar un acuerdo que fue negociado y refrendado por el abogado de la entidad, Cristóbal Martell. Algo que Bartomeu, representado por José María Fuster-Fabra, se ha limitado a justificar con el acuerdo verbal sellado con un apretón de manos con su letrado.
Ante el juez de instrucción, el ex presidente del Barcelona ha abundado que en una reunión junto a Sandro Rosell y Roman Gómez Ponti (el representante de los servicios jurídicos del club) pactaron con González Franco -el letrado personal de Bartomeu- que intentara un acuerdo con la Fiscalía en el caso Neymar 1. El abogado les pidió inicialmente dos millones de euros, una cuantía que terminó siendo el 10% del total de lo que se ahorró de pagar el Barça (17 millones) como entidad condenada. Según fuentes jurídicas, el ex mandatario azulgrana ha explicado que hay "muchos correos" que demuestran que González Franco fue el intermediario con el Ministerio Público.
Malcom y el Espai Barça
La denuncia por supuesta administración desleal se centra también en otras dos operaciones. La primera es el fichaje del jugador Malcom Filipe Silva, procedente del Girondis de Burdeos, por el que, subraya la Fiscalía, se abonaron comisiones superiores a los diez millones de euros. Así, el Ministerio Público arguye que el Barça "acordó el abono a intermediarios con los que el club no había contratado determinadas cantidades derivadas de labores para la contratación" del futbolista. En concreto, abonó 855.600 euros a Elenko Sports que colaboraba con Business Fútbol España SL, sin que el club hubiera firmado acuerdo alguno con esta empresa. Este jueves, la fiscal no le ha hecho ninguna pregunta relacionada con el contrato de Malcom.
La tercera operación es el desembolso de 1,5 millones de euros como indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça. Aquí, Bartomeu ha dicho que lo negoció un directivo del club y la junta lo validó posteriormente.
La querella del Ministerio Público contra Bartomeu se produjo a instancias de una denuncia de Joan Laporta, que encargó un informe 'forensic' sobre la gestión de su antecesor al frente del club.