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En mayo de 2022, el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) decidió cambiar el sistema de climatización de la Corona de Espinas, el edificio que lo alberga en Madrid, y causó daños irreversibles a 12.000 placas fotográficas del siglo XIX, la mayoría del catálogo del pionero en este arte, J. Laurent, por unas condiciones de conservación que no eran las óptimas. Así lo acreditó la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado mes de diciembre, aunque la responsabilidad quedó extinguida para la cúpula del organismo al haber prescrito el delito.
Lo que no quedó extinguido fue el conflicto laboral que este caso abrió entre uno de los trabajadores que arrancó la denuncia contra la dirección del Instituto, que depende del Ministerio de Cultura. Ese trabajador, C. T., presentó el pasado 30 de octubre una denuncia contra sus superiores, concretamente contra la subdirectora General del IPCE, Susana Alcalde Amieva y contra otras dos responsables, T. D. F. y E. M. C., en la que les acusaba de haber incurrido en un caso de acoso laboral, que ha sido desestimada.
Esta misma semana, al trabajador se le ha notificado un expediente disciplinario, según la documentación a la que ha podido acceder EL MUNDO, en el que se propone una suspensión de 37 meses de empleo y sueldo, es decir, tres años y un mes. En ese expediente, firmado por la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez, se acusa a C. T., con la categoría de personal laboral de la Subdirección General del IPCE, de «un presunto incumplimiento en las tareas que se le han encomendado». El texto recoge hechos como no cumplir, en 2022, con las labores de catalogación de fotografías para la exposición La Cataluña de Jules Ainaud; un retraso en el informe de valoración técnica de 2.930 imágenes del archivo Agromayor para remitirlas posteriormente a la Junta de Calificación de diciembre de 2022, y no haber cumplido con la limpieza y ordenación del depósito 1 de Fototeca.
Esas faltas han acabado sumando el total de los 37 meses de empleo y sueldo con los que el Ministerio plantea suspenderle. Sin embargo, trabajadores cercanos señalan a este diario que la apertura de ese expediente es consecuencia directa de «las denuncias de corrupción» de C. T., y que «es una forma de forzar su jubilación», ya que ha cumplido 67 años pero no tiene intención de abandonar su puesto de trabajo.
Durante la investigación que ha acabado en el expediente disciplinario, los representantes sindicales implicados han ahondado en el derecho de indemnidad que pesa sobre el trabajador, es decir, la capacidad de no tomar represalias contra quien denuncia irregularidades. Además, el trabajador ha solicitado protección urgente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
El pasado 17 de octubre, el trabajador del IPCE había presentado también una denuncia por «corrupción y prevaricación» contra los directivos del instituto por las obras de climatización que desarrollaron en su sede de Madrid. En la exposición de motivos se recogía que esa obra era «incompleta y defectuosa» y que había provocado daños en los archivos, como acreditó la Fiscalía. Aun así, «se certificó que todo estaba bien en el acta de recepción de la obra de climatización». «¿Por qué es tan importante ese acta de recepción? Ocurre que presuntamente se certificó que las obras eran correctas para que cobrasen pronto las tres empresas principales», señala ese texto al que también ha accedido este diario. Esas tres empresas, según el mismo, eran Elecnor Infraestructuras, Hydra Ingeniería y Urcotex.
Ahora quien ejercía de subdirectora general del IPCE, Susana Alcalde Amieva, y a quien el trabajador expedientado acusaba de acoso laboral, ha dejado sus responsabilidades en el organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Según recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 30 de octubre, la funcionaria se ha trasladado mediante un proceso de libre designación a la Consejería de Cultura del Gobierno regional, donde ocupa un puesto en la Subdirección General de Patrimonio Histórico.