La decisión fue difícil. Kemo tenía miedo al mar y sin saber nadar aceptó la salida. Caminó una noche junto a un grupo hasta la costa. Primero fueron trasladados en una embarcación pequeña y después al cayuco hacia Europa. Junto a Kemo iba Noa, amigo de su infancia. «Él quiso bajarse antes de la salida, estaba asustado», cuenta a Crónica. El traficante, que conocía como Keba, le respondió: «Si no quieres continuar, tírate al mar». Ambos permanecieron a bordo y llegaron a las Canarias. Estuvieron en un CATE tras el desembarco. Poco después, Kemo fue detenido y enviado a prisión acusado de ser patrón.
Kemo nos recibe en un pueblo de la costa almeriense. Fue trasladado allí cuando fue puesto en libertad y tuvo el pasaporte. El 28 de octubre de 2023 desembarcó en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. Tenía dieciséis años y era uno de los 226 ocupantes del cayuco. Otros tres ocupantes de la embarcación fueron detenidos. El juez había enviado a prisión a un niño.
Kemo es gambiano y no el único caso de menores que acaban en prisiones españolas de adultos. En otro cayuco, otro día, un joven senegalés también llegó a Canarias y acabó, igual que Kemo, en la cárcel tras ser señalados como patrones nada más pisar el muelle y acusados de favorecimiento de la inmigración irregular, a pesar de que desde el primer momento afirmaron ser menores.
El joven senegalés llegó a Fuerteventura y, según recoge una reciente sentencia del Tribunal Supremo, tenía 15 años cuando fue ingresado en una prisión de adultos en Tenerife. Los tribunales canarios habían considerado previamente que era mayor de edad en el momento de su llegada y confirmaron la competencia de la jurisdicción ordinaria. El caso tuvo que llegar hasta el Supremo, que revisó esa interpretación. La Sala estimó el recurso de casación, anuló el auto del TSJ de Canarias y declaró que, a la vista de la documentación oficial aportada y de las horquillas fijadas por los informes forenses —compatibles con que fuera menor—, debía presumirse su minoría de edad. Con esa decisión, el alto tribunal corrigió el criterio mantenido en las instancias anteriores y reafirmó que, ante una duda razonable sobre la edad, prevalece la condición de menor.
El tiempo que pasó Kemo en prisión marca esta historia, más de dos años en la cárcel de Tenerife II mientras se resolvía si debía ser tratado como adulto o menor. En su causa constaban desde 2023 su certificado de nacimiento y su pasaporte, documentos apostillados. No se presentó ninguna prueba que acreditara que esos documentos fueran falsos ni que desmintiera la fecha de nacimiento que figuraba en ellos. Se incorporó además un informe de Save the Children que apuntaba a su minoría de edad. Aun así, fue procesado como adulto por delitos tipificados en el artículo 318 bis del Código Penal y la Fiscalía pedía hasta 15 años de prisión por favorecimiento de la inmigración irregular, además de dos homicidios imprudentes y dos delitos de lesiones graves. El cayuco llegó con varios fallecidos.
En el juicio Kemo había cumplido 18 años la víspera de su declaración. Al día siguiente, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Tenerife acordó su libertad inmediata, sin esperar a redactar sentencia.
Dos resoluciones, en momentos distintos, que sitúan la edad en el centro del conflicto: la frontera entre el sistema penal de adultos y la protección reforzada que el ordenamiento reconoce a los menores extranjeros. Entre el desembarco y la excarcelación transcurrieron meses y, en uno de los casos, más de dos años. La rectificación llegó después. En la cárcel, un niño queda sometido al mismo régimen que los adultos, entre celdas, recuentos y módulos que no están diseñados para proteger niños.
SARA, LA ABOGADA QUE LE SALVÓ
Sara Rodríguez, abogada en los dos procesos, sostuvo que el procedimiento estaba viciado de origen porque el investigado era menor, circunstancia que —según explicó a este medio— se comunicó desde el primer momento. El 15 de diciembre de 2023 aportó documentación oficial que acreditaba que había nacido el 12 de noviembre de 2007: pasaporte original, certificado de nacimiento expedido y legalizado por el ministerio de Asuntos Exteriores gambiano y por el Consulado en Madrid e informe técnico psicosocial de Save the Children que concluía que se trataba de un menor. Ninguno de esos documentos fue desacreditado con pruebas de falsedad. Aun así, el joven permaneció encarcelado en una prisión de adultos.
Rodríguez cuestionó también el procedimiento de determinación de edad. Mantuvo que los informes periciales se elaboraron sin exploración directa, sin fijar una horquilla mínima y máxima y sin cumplir las garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Protocolo Marco para menores extranjeros no acompañados. Añadió que las pruebas se practicaron sin intérprete ni consentimiento expreso. A su juicio, incluso de las propias conclusiones forenses se desprendía la imposibilidad de establecer con certeza la mayoría de edad. Invocó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina del Comité de los Derechos del Niño y el principio de presunción de minoría.
Los dos recursos presentados, uno ante el juzgado instructor y la apelación ante la audiencia provincial fueron desestimados, dejando al menor encerrado hasta el juicio. Pese a la documentación aportada y a los informes de entidades de protección a la infancia, un niño migrante y sin recursos fue mantenido en prisión.
En el juicio, Rodríguez desmontó los argumentos de la acusación y la sentencia final le dio la razón. Los informes forenses ofrecían horquillas compatibles con que fuera menor y no descartaban esa posibilidad de forma concluyente. Ante la duda razonable, debía prevalecer su condición de menor. Para los jueces, no.
La abogada, que defiende tanto a menores cuya edad se cuestiona como a adultos investigados por presunto patroneo de pateras, llevó el caso hasta el límite de sus posibilidades procesales. Recurrió, presentó quejas ante el Instituto de Medicina Legal y solicitó nuevos dictámenes ajustados a la normativa. Nada de eso evitó que Kemo permaneciera dos años y tres semanas en prisión.
«Al chico lo filiaron policialmente cuando llegó aquí y había datos mal consignados, identidades deficientemente registradas, fue una basura, ahí empezó el problema», sostiene. Recuerda que comparecía «siempre esposado, con las manos engrilletadas, incluso en declaraciones y traslados». Y subraya: «Era un niño y no fue tratado como tal».
Acostumbrada a litigios difíciles, asegura que ver a un menor encerrado le resultó especialmente difícil. «No es solo un número. Es un niño negro, y los niños negros en España no son niños», afirma. En los momentos de mayor desgaste, era el propio Kemo quien intentaba consolarla.
El reconocimiento oficial de su minoría llegó dos días después de cumplir los 18. Demasiado tarde para acceder al sistema de protección. Sin red familiar de urgencia, una persona voluntaria lo acogió temporalmente hasta que pudo abandonar las islas. La defensa solicitó una autorización de residencia por razones humanitarias, que fue denegada.
Rodríguez llega a hablar de «ensañamiento» por parte del titular del juzgado de instrucción 4 de Arona, encargado de las diligencias que acordó su ingreso y posteriores medidas. «Él es quien lo ha sufrido», concluye.
LA TRAVESÍA DE KEMO HASTA ESPAÑA
Kemo nació el 12 de noviembre de 2007 en una zona de Gambia próxima a Senegal. Cuando llegó a Canarias tenía 16 años y 11 meses. Su infancia transcurrió en una familia de escasos recursos, con sus padres y un hermano menor. El divorcio de sus padres marcó un punto de inflexión. Pasó a residir con su padre y se separó de su madre y su hermano.
El padre se dedicaba al comercio de cangrejos en la frontera. Desde pequeño el fútbol fue su refugio. Destacaba entre los niños de su edad y sus allegados insistían en que debía desarrollar ese talento. En 2015, con siete años, su padre decidió enviarlo a vivir con una familia conocida a Senegal, convencido de que allí tendría más oportunidades.
Alli pasó cinco años. Intentó abrirse camino en el fútbol y un profesor le propuso trasladarlo a Mbour, un pueblo pesquero, para entrar en un equipo profesional. El proyecto se paró con la pandemia.
En 2020 regresó junto a su padre, que se había trasladado a Fatick, en Senegal, donde tenía la opción de acceder a una academia de un club de primera división. Superó la prueba, pero era con coste económico que no podían asumir. Mientras buscaban reunir el dinero, su padre falleció de manera repentina en 2021.
Tras el golpe regresó a Gambia para reunirse con su madre. Vivía en una habitación pequeña, con ingresos escasos y en malas condiciones. Los vecinos le acogieron en un cuarto y trató de conseguir dinero para su madre.
Contactó con una persona que le facilitó la incorporación a dos equipos locales. Jugaba en categoría juvenil y percibía unos 30 euros por partido, con los que apenas cubrían lo imprescindible. Durante dos temporadas mantuvo esa rutina. Más adelante, a través del mismo hombre, consiguió una plaza en un cayuco con destino a Canarias. El coste era de unos 400.000 francos CFA, alrededor de 600 euros. No disponía del dinero y un amigo desde Italia se lo prestó.
Hoy Kemo intenta ordenar su vida en la península. Carecía de arraigo en Tenerife y solo contaba con un tío en Almería, lo que motivó su traslado. Busca trabajo. Sigue pensando en el fútbol como una posibilidad. La travesía judicial ha terminado. El resto, apenas comienza.