«Queremos que pague por lo que nos ha hecho y vaya a la cárcel para que no pueda engañar a nadie más». En esos términos se manifiestan las víctimas del abogado marbellí Pablo Abad Anderson, al que acusan de quedarse con el dinero de las operaciones de compra-venta de sus viviendas. Los afectados, extranjeros no residentes que confiaron sin saberlo la gestión de su patrimonio a un letrado condenado dos veces por apropiación indebida, podrían superar la decena y la cuantía «perdida» alcanzar los siete dígitos.
Al despacho de Abad Anderson recurrieron en 2024 Peter —nombre ficticio— y su mujer para gestionar la venta de un piso en Sotogrande (Cádiz). Más de un año después de firmar la operación, el letrado no les ha entregado el importe de la venta y ante la falta de respuesta, se han visto obligados a recurrir a la justicia.
La vivienda, un bajo de tres dormitorios con vistas al Club de Golf San Roque, se vendió en noviembre de 2024 por 450.000 euros, de los que hasta la fecha este matrimonio de origen irlandés no ha visto ni un sólo céntimo. Al parecer, el abogado está «siempre muy ocupado» y no les coge el teléfono, explican a Crónica.
Las víctimas de esta historia compraron la propiedad hace veinte años. No lo hicieron al contado, financiaron una parte que han ido pagando poco a poco durante todo este tiempo. Hace dos años decidieron vender la vivienda y recuperar lo invertido en ella, pero cómo residen en el extranjero, optaron por encargarle la operación al mismo despacho que en su día les gestionó la compra, el de Abad Anderson.
A pesar de que les asiste la razón, dicen, no se atreven a identificarse con sus nombres reales porque tienen miedo a que, además de perder el inmueble, los puedan demandar. En la voz de Peter al otro teléfono se observa una mezcla de enfado e indignación por lo sucedido. Abad Anderson era, comenta, su «abogado de confianza en España».
REINCIDENTE
Según ha podido confirmar Crónica, estos propietarios no son los únicos extranjeros que le han encomendado la venta de sus propiedades al letrado marbellí, ni los únicos que se sienten estafados o que han tenido que demandarlo para que les devuelva lo que por derecho les pertenece. Exactamente lo mismo le ocurrió a la familia de Anita y Jane en 2022.
No es la primera vez que este abogado, que se publicita en numerosas páginas internacionales y que se presenta como un experimentado asesor legal en materia inmobiliaria, se sienta en el banquillo acusado de quedarse con dinero de la venta de bienes ajenos.
Sobre Pablo Abad Anderson pesan dos condenas por apropiación indebida, tiene varios procesos judiciales abiertos y una decena de reclamaciones. Todas ellas por cuestiones similares y con el mismo perfil de víctima: extranjeros mayores no residentes en España, que confían en él porque ellos o sus allegados habían trabajado antes con su despacho.
La primera sentencia condenatoria en firme que recae sobre Pablo Abad Anderson por apropiación indebida y de la que tiene constancia Crónica es de enero de 2016. Si bien el delito se habría cometido diez años antes, en 2006. La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Málaga confirmó la decisión del Juzgado de Marbella y condenó al abogado a dos años de cárcel, inhabilitación para el sufragio pasivo mientras durase la condena y a una multa de 12 euros diarios durante nueve meses.
La segunda condena firme por un delito contra el patrimonio es de noviembre de 2017, aunque los hechos juzgados se remontan a junio de 2005. En esta ocasión fue la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Málaga la que condenó a Abad Anderson a seis meses de prisión. En este tiempo, el condenado estuvo, además, privado del derecho de sufragio pasivo y tuvo que pagar una multa de 10 euros diarios durante tres meses.
Por otro lado, el pasado mes de mayo de 2025 la familia de Anita y Jane —también de origen irlandés— denunciaban en este diario estar viviendo una auténtica pesadilla con la herencia que su padre, fallecido en 2022, les dejó en la Costa del Sol malagueña.
El abogado al que habían encargado tramitar la herencia y vender el piso que habían heredado en Estepona, que no era otro que Pablo Abad Anderson, lo vendió, sí, pero no les dio el dinero. Tres años después y tras un largo periplo judicial lograron sentarlo en el banquillo y unos meses después, merced a un acuerdo entre las partes, lograron recuperar los 265.000 euros por los que se vendió la vivienda.
FALTA DE PERSONAL
La familia de Anita y Jane, al igual que la de Peter, refieren un modus operandi similar. En un principio, el letrado marbellí fue muy amable y solícito con ellos, pero una vez que tuvo en sus manos el poder notarial que le facultaba para gestionar la venta y que la operación se había formalizado, «desapareció», recalcan.
Si bien Crónica ha tratado de contactar sin éxito con Abad Anderson para conocer su versión de lo sucedido, tanto en este como en otros casos, en una de sus declaraciones en sede judicial —a la que ha tenido acceso este diario—, él mismo ha reconocido haber recibido una decena de denuncias en relación a cantidades económicas que se han recibido en la cuenta de su despacho a nombre de sus clientes. El abogado ha justificado lo ocurrido alegando problemas administrativos y falta de personal para comprobar las solicitudes.
También se ha interesado Crónica por conocer la opinión del Colegio de Abogados de Málaga, al que está adscrito el letrado cuestionado y que, a pesar de las condenas y los procedimientos en los que se ha visto envuelto, sigue contando con licencia en vigor para ejercer la abogacía.