El pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, alumnos y padres del IES Grande Covián de Zaragoza, junto a representantes de distintas asociaciones educativas, decidieron congregarse a las puertas del centro para protestar por la reciente incorporación de un docente sobre el que pesa una condena por maltrato contra su mujer y sus tres hijos menores de edad.
El profesor contra el que clamaban, Luis Antonio Irzo, quien salió justo en ese momento del instituto y fue perseguido por varios de los manifestantes, que aprovecharon la oportunidad para increparle y señalarle por los hechos por los que la Justicia decidió imponerle una pena de siete años de prisión en el año 2019.
El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca le declaró autor de cuatro delitos de violencia habitual, por los que, al ser conmutada su pena, apenas tuvo que pagar 1.530 euros de multa, tras rechazar recibir un curso de formación en violencia de género y negarse a trabajar durante 510 días en servicios a la comunidad.
«Nos enteramos a principio de curso de lo que había hecho a través de redes sociales, pero no fuimos conscientes de la gravedad hasta que no vimos a su mujer hablando del tema. Da un poco de cosa estar con él al saber todo lo que ha hecho», expresaba ese día una alumna a quien imparte clases de Física y Química en 4.º de la ESO en el centro a El Periódico de Aragón.
Irzo era concejal por el PP en el Ayuntamiento de Huesca en el momento en el que fue detenido por, tal y como relata la sentencia, someter a sus hijos «a un clima de dominación, menosprecios, insultos y constante agresividad», llegando a romper «a patadas sus juguetes», golpearlos y agarrarlos «por el cuello o por el pelo». A pesar de ser condenado por ello, se acabó reincorporando al sistema educativo, debido a que la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) únicamente exige un certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales, sin contemplar otros tipos de violencia, como la de género o el maltrato familiar.
Así, como poseía la plaza ofertada por el Ministerio de Educación, retomó su carrera en las aulas, primero en la capital oscense y, posteriormente, en Zaragoza, donde trabaja hoy. «El año pasado fue el profesor de atención educativa de nuestros hijos en el Instituto Goya. Un día llegaron los chicos a casa y nos dijeron que habían buscado al profesor en Internet y que habían leído un artículo, concretamente del periódico EL MUNDO, que decía que un concejal del PP en Huesca había sido condenado a siete años de prisión. Los chavales se volvieron locos con esto y se formó un gran revuelo», explica Elena Fabre, presidenta de Docentes Decentes a este periódico.
Dicha plataforma fue impulsada por ella y otras madres al conocer estos hechos, con la intención de «que los condenados por violencia a menores no puedan entablar ningún tipo de contacto con otros menores en su trabajo», lo que sería aplicable a entrenadores de fútbol, monitores de actividades extraescolares y a otros profesores de instituto. «Nuestra causa no va exclusivamente en contra de Irzo, que es cierto que no ha tenido ningún comportamiento extraño con los alumnos; lo que queremos es cambiar la ley para que casos así no se vuelvan a producir», señala.
Para ello, a finales de noviembre de 2024, decidieron presentar una queja ante la Justicia de Aragón, quien la remitió al Defensor del Pueblo y al Gobierno autonómico presidido por Jorge Azcón. En aquel documento, denunciaban «la inadmisible situación de que un condenado por maltrato habitual pudiera ejercer la docencia». Asimismo, decidieron comenzar a reunir firmas para reclamar la inhabilitación de personas condenadas por cualquier tipo de violencia para trabajar en entornos educativos.
Este proceso llevó al Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, a abordar la reforma de la LOPIVI y abrir un proceso de consulta pública para que Docentes Decentes pudiera presentar sus propuestas. «Parece que lo van a recoger en un artículo del anteproyecto de ley y ahora estamos a la espera de que lo anuncien en el Consejo de Ministros», explica Fabre.
Sin embargo, vista la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, no son muy optimistas con que esta reforma pueda salir adelante. «Parece complicado, pero estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho. Si nos dicen que íbamos a llegar hasta aquí cuando empezamos a movilizarnos, no nos lo habríamos creído y ahora estamos a punto de conseguirlo», celebra.
Desde CGT, su secretaria general de Enseñanza en Zaragoza, Cristina Vallés, considera que el cambio en la legislación es «urgente», porque «un condenado por maltrato a menores no debería acceder a un centro educativo». Por ello, propone que, «mientras se apruebe la reforma, la propia administración reajuste sus funciones y le diera un puesto en el que no ejerza la docencia directa».
La condena de siete años al concejal Irzo
El 16 de febrero de 2019, Luis Antonio Irzo fue condenado por la Audiencia Provincial de Huesca a siete años de prisión como autor de cuatro delitos de violencia habitual contra su mujer y sus tres hijos.
Según la sentencia, desde que se produjo el nacimiento del primero de los retoños de la pareja, su esposa, médica de profesión, fue «objeto de menosprecios, se dirigía a ella a gritos y con actitud agresiva, insultante e intimidatoria».
Irzo, que entonces tenía 43 años, llegó a decirle que «se había deformado durante el embarazo y que le daba nueve meses más para que se recuperara».
En el juicio, él lo negó todo, pero el testimonio de la mujer y los niños gozó de «plena credibilidad» para el juez.
Irzo militaba en el Partido Popular y era concejal en Huesca en el momento en el que fue denunciado. Tras ser detenido, decidió renunciar al cargo y darse de baja en la formación. No entró en prisión y pagó una multa.