Carlos Fernández está estos días de retiro espiritual. El antiguo concejal del Ayuntamiento de Marbella —donde llegó a ser teniente de alcalde con Marisol Yagüe— tiene la costumbre, desde hace unos años ya, de desconectar(se) temporalmente del mundo material y refugiarse en el recogimiento y el silencio.
Por eso pasan varios días antes de que responda a los mensajes de WhatsApp y ni contesta a las llamadas, incluidas las de su hermano y abogado. Algo más de 10.000 kilómetros le separan de la ciudad en la que levantó su carrera política de la mano de Jesús Gil y en la que llegó a formar parte de esa élite que hizo y deshizo y que, a la postre, acabó entre rejas tras descubrirse la mega trama de corrupción a través de la cual saquearon las arcas del Ayuntamiento marbellí.
Cayeron todos, menos Fernández, que huyó en junio de 2006, justo un día antes de que la Policía Nacional fuese a detenerle y durante diez años no se tuvo noticia de él. En 2016 reapareció en la provincia de San Juan, en Argentina, donde se había refugiado y rehecho su vida, casándose con una periodista con la que tiene dos hijas. Fue detenido allí pero la Justicia argentina decretó que las causas por las que era buscado en España habían prescrito y desde entonces tiene una idea en la cabeza: regresar a su país.
La vuelta del que es el último prófugo del caso Malaya parece más cerca que nunca. O, al menos, eso piensa el propio Carlos Fernández, quien, de la mano de su letrado, su hermano Antonio, está llamando insistentemente a la puerta de la Audiencia Nacional, que tiene la llave de su retorno, la última palabra para que el viaje que anhela emprender pueda realizarse.
Esa llave es la retirada de la orden internacional de detención que pesa sobre el ex edil marbellí desde que se dio a la fuga en 2006 y que la Interpol mantiene activa. Por mucho que los tribunales argentinos hayan declarado que los delitos de los que estaba acusado ya han prescrito, Fernández no puede subir a un avión que le traiga de vuelta a España mientras su nombre siga en la lista de buscados de la Interpol.
Por eso, su abogado ha remitido varios escritos a la Audiencia Nacional solicitando, precisamente, la desactivación de esa orden internacional con la idea, dice, de que el ex concejal pueda comparecer lo más pronto posible ante los magistrados.
Pese a que ha echado raíces en Argentina, donde vive desde hace dos décadas y trabaja como asesor, Fernández ansía cerrar el capítulo de su vida como prófugo. Lleva, en realidad, diez años intentándolo, desde que se entregó a la policía del país sudamericano y quedó libre después de pasar dos meses en prisión.
Desde su refugio junto a la frontera con Chile, dice que no quiere entrevistas, no, al menos, hasta que pueda pisar suelo patrio. Pero proclama que «yo soy un hombre libre» y asegura confiar en que, esta vez sí, los obstáculos que no le han permitido retornar a Marbella desaparezcan de una vez por todas.
Él habla de un «tema burocrático» y augura que «se va a resolver», aunque la Audiencia Nacional ya le dijo una vez que no a una petición similar para retirar su foto de los carteles de 'se busca'.
Porque mientras eso no suceda, quien fuera niño bonito de Gil y, después, aliado de Yagüe, está atrapado en un bucle del que no parece demasiado fácil salir.
Cada vez que Fernández ha pretendido coger un vuelo en un aeropuerto argentino ha sido detenido al saltar la alarma de la orden de detención de la Interpol. Entre 48 y 72 horas tardan las autoridades locales en comprobar que la Justicia de aquel país ya rechazó la extradición y declaró prescritas sus causas, pero cuando eso sucede y queda libre, el avión en el que tenía que embarcar estaba ya al otro lado del océano Atlántico y él varado, atrapado, en tierra.
Juzgado una vez y condenado
«Ya he sido juzgado», afirma también, aunque para ser precisos solamente fue juzgado por una de las imputaciones que le hicieron y condenado a dos años y medio de cárcel por malversación, por quedarse con 80.000 euros del club de fútbol de San Pedro Alcántara. Eso ocurrió en 2005, pero no llegó a entrar nunca en la cárcel.
Lo hubiera hecho, con toda probabilidad, si se hubiese quedado en España, pero aprovechó que estaba en Galicia —dijo que estaba haciendo el camino de Santiago— para cruzar la frontera y llegar a Lisboa, donde cogió un vuelo a Sao Paulo y, de ahí, se trasladó a Argentina. En el camino, por cierto, paró en un monasterio en León.
Se fue con 3.000 euros en el bolsillo y el pasaporte porque, curiosamente, la orden de búsqueda internacional tardó en activarse. Hay quien dice que con él hicieron la vista gorda porque colaboró en la investigación.
Ese supuesto manto de protección le habría permitido llevar una vida discreta pero relajada en la provincia argentina de San Juan, donde su esposa, Carla Coppari, le defiende y ha declarado en alguna entrevista que su marido, el último prófugo del caso Malaya, «nunca» se llevó dinero.