Anis, como se identifica esta refugiada afgana, está ante Ekaterina, periodista de Die Welt en Alemania. Habla en voz baja. Denuncia que Rahim Peerzada, el jefe de la embajada de Afganistán en España, la citó en un bar de Madrid con la promesa de ayudarla. Humo de shishas, burbujas en los vasos. Le ofreció alcohol, pero ella pidió Coca-Cola. Bebió, fue al baño y, al volver, su vaso seguía allí. Lo terminó. «Me sentí débil, como si tuviera que dormir urgentemente. Ya no podía ver con claridad ni controlar mis movimientos». Escenas difusas: «El bar, un coche, una habitación de hotel. Él encima de mí. Oscuridad. Un vaso de agua. Todo se apagó». Al despertar, el hombre la llevaba a la estación. Sonrió desde el andén mientras ella subía al tren.
La puerta de la embajada afgana en Madrid sigue abierta, pero en un limbo legal. España no reconoce al régimen talibán; sin embargo, el diplomático continúa en su cargo, expidiendo documentos, gestionando trámites, manteniendo reuniones oficiales y participando en eventos sociales en otras embajadas, como la de Serbia, donde coincidió con el ministro Grande-Marlaska el pasado mes de febrero. Lo que ocurre dentro de ese edificio de Aravaca ha encendido las alarmas en una parte de la comunidad afgana en España. La investigación del diario alemán Die Welt ha sacado a la luz las denuncias de tres afganas refugiadas contra Peerzada por agresiones sexuales y acoso.
La Fiscalía provincial de Madrid recibió el 26 de agosto de 2024 una de estas denuncias, pero se inclinó por su archivo alegando a la inmunidad del denunciado: «La condición de miembro del cuerpo diplomático impide realizar las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos». Incluso en un caso de este tipo. «La República Islámica de Afganistán no ha renunciado mediante consentimiento expreso o tácito a la inmunidad en este caso ni constituye una excepción a la inmunidad los delitos contra la libertad sexual», reza la argumentación del Ministerio Público consultada por este suplemento.
Este redactor no ha obtenido respuesta de Rahim Peerzada al intentar recabar su versión a través de los canales de contacto oficiales de la embajada. Pero en un correo electrónico a Die Welt sí aseguró que la embajada actúa «siempre en conformidad con las leyes y regulaciones vigentes» y que es «responsable ante las autoridades de supervisión correspondientes por sus acciones, de acuerdo con las leyes, normas y principios diplomáticos».
Al mismo tiempo, una activista afgana que reside en Madrid y conoce a Peerzada, afirma que la acusación de Anis es infundada y tiene motivaciones políticas. Asegura que había oído hablar del caso previamente y que, tras recibir mensajes en distintos grupos, concluyó que se trata de «un asunto personal» y que la mujer ha sido utilizada «como herramienta» por otras personas con la intención de destituirlo y restarle autoridad. Añade que el anonimato de la denunciante es una prueba de que todo responde a un intento de desacreditar a la embajada. También menciona que la legación diplomática tiene «muchos opositores».
Una jurista especializada en derechos de refugiadas afganas explica a Crónica que en su organización nunca han recibido denuncias directas de agresiones sexuales vinculadas a la embajada. Sin embargo, sí recuerdan un correo anónimo. «No mencionaba nombres, solo decía que un hombre de la embajada había cometido abusos», relata la fuente, que prefiere no ser mencionada.
El silencio de las mujeres afganas en España no es casual. Muchas temen represalias, no solo del entorno diplomático, sino también de sus propias comunidades. «Hay muchas rencillas internas. Algunas se han quitado el velo, otras las señalan. Algunas callan por miedo a ser expulsadas de sus círculos», explica la abogada. «No es solo una cuestión de violencia sexual. Es un sistema de dominación que sigue operando incluso en el exilio».
El principal interrogante es: ¿cómo puede seguir operando una embajada que representa a un gobierno no reconocido por España? «Si España no reconoce oficialmente al Emirato Islámico de Afganistán, no debería haber representación diplomática. No debería haber trámites oficiales gestionados por personas que no tienen reconocimiento», argumenta una jurista consultada.
Arreglar trámites a cambio de dinero
Sin embargo, en la práctica la embajada sigue funcionando. «Los ciudadanos acuden allí a pedir documentos y se les cobra por ello», denuncia. Una asociación de refugiados afganos en Barcelona denuncia que Peerzada les ofrecía arreglar trámites consulares a cambio de dinero. Según el mismo grupo, los pagos se pedían en su cuenta personal.
A pesar de esta situación, Crónica ha confirmado, a través de documentos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que Peerzada sigue acreditado como representante diplomático en Madrid. Una acreditación que le permite continuar en su puesto a pesar de las graves acusaciones en su contra.
Según la Ley Orgánica 16/2015 sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, que esgrime la Fiscalía, Peerzada no puede ser juzgado a menos que Afganistán renuncie expresamente a su inmunidad. Y el régimen talibán, que lo mantiene como representante en Madrid, no tiene intención de hacerlo. Fuentes consultadas sostienen que el ministro José Manuel Albares fue informado de las acusaciones contra Rahim Peerzada en un acto en el que participó junto a miembros de la comunidad afgana en el exilio. Sin embargo, el Gobierno sigue sin declararlo persona non grata, única vía para que sea investigado.
La Fiscalía admite que no puede actuar mientras el diplomático conserve su estatus, pero el Ejecutivo tampoco mueve ficha para forzar su retirada. Mientras, las afganas que llegaron a España huyendo del horror talibán siguen atrapadas en una espiral de miedo, silencio e impunidad.