En Boya (Zamora), un rincón olvidado de la sierra de la Culebra, la calma se ha roto por una acusación que ya ha llegado a los medios. Los titulares hablaban de gatos acuchillados, de ladrillos volando, de crímenes atroces contra una colonia felina. Pero cuando Crónica ha llegado al lugar, las versiones han empezado a desdibujarse. Se revela una realidad más compleja y esquiva. Como en tantas otras zonas rurales, el verdadero drama se esconde entre silencios y reproches pasados. Las acusaciones van y vienen, pero las pruebas inculpatorias de asesinato siguen sin ser claras. Este suplemento ha hablado con todas las partes para intentar esclarecer la historia de este pueblo. Uno que, como tantos otros, podría estar sacado de las páginas de Delibes y que ha llevado sus disputas hasta los tribunales.
En 2009, aparecieron en las calles del municipio cuatro gatos abandonados. Gema, la ahora denunciante, empezó a alimentarlos. Como suele suceder, esa pequeña colonia felina fue creciendo con el tiempo. José, un vecino del pueblo que falleció el pasado febrero, también comenzó a cuidar de los gatos. Su pensión era escasa, apenas suficiente para él, pero cada día pedía pan duro al panadero, lo reblandecía con agua y se lo daba a los gatos acompañándolo con un poco de pienso. En este ritual diario también participaba Isabel, según cuenta ella misma a este diario, y que a día de hoy está acusada de matanza.
No todo era armonía en torno a la colonia. A lo largo de los años, algunos gatos desaparecían. Muchas veces, Gema pensaba que la propia madre de los cachorros los movía a lugares más seguros. Empezó a documentar la colonia para tener pruebas por si ocurría algo. Su principal sospecha era que, quizás, alguien estaba acabando con la vida de los felinos. En mayo descubrió a cuatro crías muertas y, una de ellas, partida por la mitad. El acta de constatación de los hechos de la Guardia Civil —a la que ha tenido acceso Crónica y datado del 2 de mayo— recoge en sus observaciones que la parte delantera del cachorro recogida como prueba presentaba «un corte limpio del tronco, sangre fresca y no apreciándose rigor mortis».
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En este mismo documento se refleja el hecho de que una vecina llamada Isabel habría confesado el asesinato de los cachorros. Isabel llegó a decir a la denunciante que debería haberlo hecho antes. Aunque la anciana hubiese comunicado el asesinato a los agentes de la Guardia Civil su confesión, sin un abogado presente, tiene un valor probatorio limitado y, por lo general, solo podría considerarse como un indicio, no una prueba plena en un juicio penal.
Tanto la acusada como el concejal del municipio, admiten que sí se acabó con la vida de un gato. Isabel habría sacrificado un ejemplar este año «por compasión» debido al mal estado del animal. No obstante, se le atribuyen las otras cuatro muertes.
El conflicto escaló aún más el 14 de agosto, cuando Gema encontró a una gata con un «fuerte traumatismo» en la cadera, incapaz de caminar. Ese fue el último incidente violento conocido.
Dos días antes, el 12 de agosto, apareció colgado en un tablón de la asociación cultural del pueblo un bando municipal. Lo redactó Florentino Gil, el concejal. Aunque cuando habla con Crónica insiste en que no es el alcalde —pues Boya depende administrativamente del Ayuntamiento de Mahíde— en ese papel firma como «el alcalde». Un bando con directrices para la convivencia bajo el lema «vive y dejar vivir» para todos «los hijos de bien de bien de la localidad».
El caso se encuentra en fase de instrucción y todavía se está llamando a declarar a los implicados. Algunas asociaciones animalistas, como la catalana Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), están personadas en la denuncia como acusación popular.
"MANDAMIENTOS" MUNICIPALES PARA LA CONVIVENCIA
Como en los viejos relatos del campo, Gil toma una postura dual propia de la figura del poder local. Conciliador en sus conversaciones con Crónica. Austero y férreo al dictar unos «mandamientos», como él mismo los califica al final del documento.
Arranca en un registro paternalista diciendo «a todo el que esto leyera, les exhorto en nombre del pueblo y del referido ayuntamiento a que contribuyan con su buena voluntad y saber estar a fomentar las buenas relaciones de convivencia entre sus vecinos (...)». Para posteriormente, arengar a los paisanos a que «reprochen y afeen en público aquellas conductas molestas, desagradables, hipócritas y desleales que están fomentadas por determinadas personas, difundiéndolas en medios de dudosa credibilidad y reconocida vanidad que no se ocupan contrastar informaciones unilaterales».
«Por un lado te quedas perplejo, por otro te da tristeza o, incluso, rabia», dice Gema respecto al comunicado.
Al ser preguntado por los hechos, el discurso de Gil no tarda en cambiar de rumbo. Su voz se vuelve dura. Deja de hablar de los gatos, de las muertes, de las pruebas y su relato le lleva a Gema. Aprieta los dientes, como si la rabia lo atravesara. Desvía la conversación y empieza su retahíla de insultos. «Tonta», «Tamara Falcó con menos categoría», «la princesa del pueblo» y sigue... Reproches que resuenan más a un ajuste de cuentas personal.
Cuando por fin vuelve al tema, Gil menciona las medidas que dice haber tomado. Afirma que, antes de las muertes violentas de los gatos, ya había solicitado al Ayuntamiento de Mahíde la aprobación de un programa para la gestión de la colonia. Según cuenta a Crónica la alcaldesa de Mahíde, María Asunción Audina, llevan trabajando en este programa desde el año pasado, pero hasta el 20 de junio de 2024 no pudo ser aprobado por el pleno.
LA PROTECCIÓN DE LA COLONIA A LA ESPERA DE UNA SUBVENCIÓN
Este pequeño ayuntamiento —de apenas 230 habitantes censados y repartidos en cinco territorios anejos— tan solo dispone de 2.000 euros en su partida presupuestaria destinada a este asunto. Actualmente, se encuentran a la espera de la resolución de una subvención solicitada al Estado, a través de la Diputación de Zamora, por un importe de 44.577 euros, con el fin de cubrir los gastos que se derivan de esta situación.
Gil no se muerde la lengua cuando habla de la Ley de Bienestar Animal. Esa norma que, desde un despacho, impone el método C.E.R. (Captura, Esterilización y Retorno) como solución para el control de gatos callejeros. Una medida para alimentarlos bien, seguirles el rastro y supervisarlos. Pero para Gil, la ley no es más que un «churro», tan incomprensible y alejada de la realidad como otras leyes polémicas, como la del sólo sí es sí.
«La ley dice que los animales deben quedarse en su hábitat natural para no estresarse si los trasladan», señala con ironía. «A ver quién me explica eso. Están en la calle, molestando a los vecinos, pero no se pueden mover porque, claro, se estresan si los llevas a tres calles más allá». Así, las leyes que deberían proteger, acaban olvidando la realidad del rural y sus habitantes.
Esta ordenanza —en vigor desde el 29 de septiembre de 2023— prohíbe en su artículo 42 «el sacrificio de los gatos, salvo por desórdenes que comprometan la salud del gato a largo plazo o en los supuestos excepcionales permitidos» pero siempre «será debidamente certificado y realizado por un profesional veterinario». El incumplimiento de estos preceptos conlleva multas oscilantes entre los 500 a los 200.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La alcaldesa —quién reconoce, sin rodeos, que el bando no fue de su agrado— asegura a este periódico que, desde el Ayuntamiento, están poniendo «todo el empeño posible» para cuidar la colonia felina, intentando devolver al pueblo la paz que, no hace tanto, reinaba entre los vecinos.
Por su parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido. Su informe —ahora judicializado— será crucial para determinar en qué circunstancias perdieron la vida los gatos.
Mientras tanto, en Boya aguardan que la batalla judicial arroje algo de luz a lo ocurrido. Durante la espera, el pueblo seguirá viviendo en un equilibrio insólito: la desbordante población felina —más de 40 ejemplares— seguirá compartiendo su vida con las apenas 30 almas humanas que habitan el pueblo.