El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha un plan estratégico con el que pretende atajar el problema de vivienda asequible que tiene la tercera capital de España. Aunque para la alcaldesa María José Catalá se trata de un asunto de Estado en el que debe implicarse el Gobierno de Pedro Sánchez, su gobierno va a tomar la iniciativa con acciones que favorezcan el acceso a la vivienda. Una de ellas es ampliar en diez años, hasta los 45, el acceso prioritario al alquiler asequible, pero se establecerá como requisito estar empadronado siete años como mínimo en la ciudad, para dar "prioridad a quienes han apostado por Valencia a largo plazo con arraigo".
A esa medida se une dentro del Plan+Vivienda a la creación de la Agencia Municipal de Alquiler, algo que la alcaldesa ya anunció en el debate sobre el Estado de la Ciudad. Su función es movilizar viviendas vacías que no salen al mercado, en muchas ocasiones, ha dicho, por miedo a la "inquiokupación". A través de esta oficina, el Ayuntamiento garantizará el cobro del alquiler mediante un seguro, siempre y cuando los propietarios alquilen sus viviendas "un 20% por debajo de las tarifas del mercado".
Se potenciará también la firma de convenios de responsabilidad social con el sector privado para reservar un cupo de Viviendas de Protección Pública de promoción privada, de manera que se aceleren las listas de demandantes.
La alcaldesa, en compañía del concejal de Urbanismo, Juan Giner, anunció también una revisión de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de 1989, para poder ejecutar varias acciones.
La primera, convertir parcelas de uso dotacional destinadas a centros educativos que, en 35 años, no se han materializado o que se consideran excedentes, a la construcción de viviendas destinadas a jóvenes. Según Catalá, hay medio millón de metros cuadrados en Valencia en esa situación de inactividad.
También se incrementará la densidad residencial elevando el estándar de 75 viviendas por hectárea hasta un nuevo techo de 140 viviendas por hectárea, lo que supondrá poder generar "800 viviendas más". Además, se permitirá la segregación y división de viviendas de grandes dimensiones que cumplan ciertos requisitos, como tener dos accesos, "de manera que donde ahora vive una familia puedan hacerlo dos, o que un padre pueda partir un piso para cada hijo", explicó Giner.
La otra gran medida fue anunciada hace unos días por Catalá: Valencia permitirá reconvertir bajos destinados a pisos turísticos en viviendas, siempre que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Eso permitirá poner en el mercado aquellas viviendas turísticas que sean retiradas de los barrios saturados. La alcaldesa anunció que eso pondrá a disposición "2.000 viviendas reconvertidas".
Con estas medidas, el Gobierno de Catalá pretende incrementar la cifra de 446 viviendas públicas que ha puesto en marcha, de las que 150 eran viviendas ya construidas, 273 viviendas son adquiridas y 23 son rehabilitaciones, y, actualmente, hay 1.000 viviendas en construcción.
Catalá no quiere quedarse ahí y ha pedido a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que inste al Gobierno a construir de manera inmediata vivienda de protección pública en el Parque de Artillería o el Cuartel de Ingenieros, tal y como estaban proyectadas.
Críticas desde la oposición
Desde la oposición, Compromís ha criticado que Catalá "no contempla ni una sola medida" para que baje el precio de la vivienda y del alquiler, "no hay una apuesta clara" por regular precios, limitar la especulación, frenar a los fondos de inversión o recuperar vivienda para uso residencial, y ha cerrado la Oficina por el Derecho a la Vivienda y no hay oficina antidesahucios.
La concejala socialista Elisa Valía ha lamentado que Catalá "siga lanzando medidas vacías, sin ningún impacto real, y cortinas de humo"; ha pedido que aplique la Ley de Vivienda, que permite controlar los precios del alquiler; ha calificado las medidas de "fake" porque "no afrontan el problema de acceso a la vivienda y expulsan a centenares de aspirantes de vivienda pública de la lista", y ha afirmado que el empadronamiento de siete años "no lo cumple ni ella misma".