La Comisión Europea ha vuelto a poner el foco en los avales que la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), concedió en 2009 a las fundaciones de Valencia, Hércules y Elche. En 2016, la Comisión de Competencia consideró que aquellos avales, concedidos bajo el Gobierno de Francisco Camps, fueron una "ayuda de Estado" que permitió a los clubes conseguir menores condiciones de financiación en los mercados, por lo que les impuso una 'multa'. En el caso del Valencia, de 20 millones de euros; siete debía abonar el Hércules y 4,1 el Elche.
Esa resolución de la Comisión fue recurrida por todos los clubes ante el Tribunal General de la Unión Europea, que les dio la razón porque apreció que el razonamiento de Competencia para imponer las sanciones adolecía de "varios errores manifiestos de apreciación". Tres años después, el departamento, entonces dirigido por el socialista Joaquín Almunia y hoy por la vicepresidenta Teresa Ribera, no da por cerrado el proceso y vuelve a investigar.
El pasado 18 de julio, la Comisión Europea notificó esta reapertura al Reino de España, que la trasladó al IVF, según desveló Valencia Plaza. Se solicitada "nueva documentación para realizar una nueva evaluación" y se requería al IVF y a la Generalitat "información adicional y más detallada" que debían aportar antes del 30 de septiembre, según comunicó el propio IVF, que asegura que "atenderá con la máxima diligencia y transparencia" el requerimiento y lo ha trasladado a los tres clubes, que asisten atónitos y sin encontrar explicación a que se reabra un proceso ya juzgado.
Fuentes de Competencia consultadas por EL MUNDO, explican que aquel fallo del tribunal de 2022 contenía el mandado a la Dirección General para que volviera a tramitar el expediente con "determinados requisitos" que, por la confidencialidad que guarda la Comisión Europea sobre expedientes abiertos, no concretaron. Por tanto, el requerimiento al IVF para que aportara esa documentación se hizo para cumplir el mandato de la justicia europea, según las mismas fuentes. A la pregunta de por qué la Competencia ha tardado más de tres años en continuar con la investigación abierta en 2016, no hay respuesta desde Bruselas.
En el caso de Valencia, ganó la batalla jurídica hace cinco años y dio por enterrada la multa de 20 millones, más cuatro en intereses, que se le exigían. El origen era el aval público que recibió en 2009, en el caso su Fundación, para que sucribiera un préstamo de 75 millones con el que adquirir el paquete mayoritario del club en una ampliación de capital. El tribunal no aceptó la tesis de la Comisión, que consideraba que el respaldo de la Generalitat le permitió obtener ventajas a la hora de solicitar ese crédito en forma de mejores intereses. Calculó que el valor del club y de su Fundación en 2009 era de cero euros -por la importante deuda que arrastraba y el hecho de tener todos sus activos pignorados-, por lo que entendía que Bankia, sin el aval público, no le hubiera otorgado la financiación al 6% que obtuvo, sino que el mercado no le hubiera podido ofrecer nada mejor que un 12%. Así deducían que el club tendría que haber pagado 20,3 millones más en intereses hasta 2012, a los que sumaba cuatro millones más en concepto de demora en el pago.
Lo mismo ocurrió en el caso del Hércules y del Elche, aunque con la diferencia de que cuando arrancó la investigación de Europa, en 2016, Peter Lim ya era nuevo propietario del Valencia, el préstamo estaba saldado y el aval, que había sido ejecutado en cinco millones, quedó liberado. Aún así, la Comisión exigía al Reino de España, y por extensión a la Generalitat, que reclamara la devolución de ese importe.
En nada tiene en cuenta la Comisión el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, que le reprochó que no valorara si "resultaba manifiesto que el Valencia no habría obtenido facilidades comparables de un operador privado", en lugar del IVF, ni "respaldó suficientemente su afirmación de que no existía un precio de mercado para un préstamo similar no avalado".
Además, los jueces consideron "inexacto" el cálculo de Bruselas de que las acciones del Valencia tenían un valor prácticamente nulo al hallarse el club en crisis, ya que el ejercicio anterior a esa fecha había arrojado beneficios y la Comisión tampoco tuvo en cuenta "la existencia de un patrimonio neto importante del club".
"La Comisión no puede suponer que una empresa ha disfrutado de una ventaja que constituye una ayuda de Estado basándose en una mera presunción negativa, fundada en la inexistencia de información que permita llegar a la conclusión contraria, a falta de otros datos que puedan acreditar positivamente la existencia de una ventaja semejante", concluía la sentencia.
En el caso del Elche, el TJUE también anuló la multa de 3,7 millones en marzo de 2020. La diferencia de este caso y el del Hércules es que el IVF no recuperó todo el aval, como sí ocurrió con el Valencia, sino que lo hizo en acciones del conjunto ilicitano, después diluidas en sucesivas ampliaciones de capital, y convirtiéndose en la propietaria del estadio Rico Pérez del Hércules.
Real Madrid, Barça, Athletic y Osasuna
En 2016, junto a las investigaciones a los clubes valencianos, también se abrieron procesos en Competencia contra el Real Madrid y los clubes que son Sociedad Anónimas Deportivas (SAD), Barça, Athletic y Osasuna, por si el régimen fiscal que se les aplicaba pudiera vulnerar la competencia. En esos casos, la investigación quedó cerrada sin llegar a aplicar multas.
Sí que se le impuso una de 20 millones de euros al Real Madrid por la permuta de unos terrenos por los que el Ayuntamiento de Madrid les compensó en exceso, según la Comisión y se consideró ayuda de Estado las condiciones que el Ayuntamiento de Madrid le aseguró. El conjunto blanco llegó a depositar en una cuenta bloqueada esa cantidad, que no ha llegado a recuperar aún pese a que el Tribunal General sentenció en mayo de 2019 que estaba acreditado que obtuviera esa ventaja.