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15.000 empleos, 27.000 hectáreas de regadío y 5.600 millones de euros anuales. Este es el impacto que tendrá solo en la economía de la Región de Murcia el recorte del 50% de agua que llega al regadío mediterráneo a través del trasvase Tajo-Segura. A esas cifras hay que sumar la agricultura de Alicante y Almería, que sufrirán en cuanto se apliquen las nuevas reglas de explotación que recoge el borrador de Real Decreto que el Ministerio de Transición Ecológica presentó el pasado martes y que ha desatado ya una rebelión política y social.
Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía, tres gobiernos liderados por el PP, solicitaron este jueves una "reunión urgente" con el Ministerio y preparan movilizaciones para evitar que se aplique una nueva norma "por decisiones políticas que hacen nuestra agricultura inviable", defiende el presidente murciano Fernando López Miras. Desde Valencia, Carlos Mazón considera esta propuesta "un ataque a nuestra forma de vida" y ante el que la Generalitat iniciará "acciones civiles, sociales y jurídicas de todo orden" para evitar que deje de llegar agua. Los tres consejeros con competencias en Agua mantuvieron ayer una reunión en la que trazaron una línea de actuación conjunta "ante la puntilla que Pedro Sánchez quiere poner al trasvase".
"Usa a los regantes del Levante como moneda de cambio para sus intereses partidistas en Castilla-La Mancha. Quiere un apagón hídrico cuando los pantanos de cabecera están en máximos históricos", recordó la consejera murciana Sara Rubira.
Las reglas de explotación recogen el desarrollo práctico del Plan de cuenca del Tajo en el que se incluyó un incremento de los caudales ecológicos del río que iban a tener incidencia directa los volúmenes trasvasados. Esta propuesta se basa en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y supone un recorte en la cantidad de agua que se puede derivar en cada situación hídrica. En la peor situación, el nivel 3 de excepcionalidad, no saldrá una gota de los embalses de Entrepeñas y Buendía si no hay almacenados 400 hectómetros cúbicos, cuando antes era entre 550 y 600.
Además, desaparecen los envíos discrecionales de agua de hasta 20 hm3 y se convierten en automáticos, que van en descenso desde los 11 para 2025 a los 9 en 2027. En el nivel 2, de normalidad hidrológica, se pasará de poder trasvasar 27 hm3 a 18 en 2027, mientras que solo se alcanzará el nivel 1 que permite trasvasar hasta 60 hm3 cuando haya en los pantanos 1.600 hm3, 300 más del máximo actual.
Este nivel se ha alcanzado este año por las danas que han dejado fuertes lluvias en el interior y han elevado el agua embalsada por encima de los 1.400 hm3, lo que permite que en los próximos tres meses 180 hm3 vayan del Tajo al Segura.
Esta nueva norma supone un recorte 50% de agua para el regadío y es interpretada como un "hachazo" no solo por los agricultores sino hasta por la Asociación de Municipios Ribereños, que acumula años pidiendo el recorte del trasvase, y es celebrada por el Gobierno de Emiliano García-Page, que insiste en que es el reflejo de las cinco sentencias judiciales que han ganado.
Mientras, los regantes se alzan proponiendo movilizaciones en Murcia, Alicante y Almería y señalando a los diputados del PSOE de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. "Esperamos un compromiso claro ante este apagón de nuestra economía", aseguró Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS). En su opinión, "tenemos que canalizar la indignación, el malestar y el miedo ante la destrucción del mejor regadío de la Unión Europea", añadió. No están solos porque las voces del sector agroalimentario se están alzando junto a ellos. Y es que no ven futuro sin agua, porque la desalación, en palabras de Lucas Jiménez, "es el timo de la estampita". "No cubre las necesidades y no hay un duro para producir más agua desalada. Esas inversiones prometidas no son reales", sentenció.
Los regantes quieren que esas movilizaciones sean inminentes, a la vez que el borrador de Real Decreto pasa por el informe de la comisión de Seguimiento del Trasvase y antes de que llegue al Consejo Nacional del Agua. Mientras, mantienen la esperanza en el Supremo resuelva los recursos presentados contra el incremento de los caudales ecológicos. De todos los presentados por gobiernos regionales y organismos afectados, no prosperaron los de Madrid y Andalucía. El Alto Tribunal validó la tesis del Ministerio y, con ella, los caudales ecológicos y el recorte al Tajo-Segura.