Primera condena para el ex presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, por corrupción en el caso Taula. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia le impone una pena de cinco años de prisión por las contrataciones de afiliados del partido como trabajadores 'zombie' de las empresas públicas Ciegsa e Imelsa, es decir, que cobraban de ellas pero no desarrollaban ninguna labor en esas empresas.
Rus ha sido condenado, junto a otros 19 acusados, por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental al considerar la sala que participó en estas contrataciones, como también los han sido los gerentes de las dos empresas: Máximo Caturla y el 'yonki del dinero', Marcos Benavent. A todos ellos se les imponen 5 años de prisión, 14 de inhabilitación una multa de 5.400 euros. Sin embargo, la Sala no estima, como sí vio la Fiscalía Anticorrupción, el delito de pertenencia a organización criminal pero sí recoge en la sentencia que estamos ante un caso de "codelincuencia".
"No hay datos para afirmar que los acusados de la supuesta organización participaran de alguna forma en todos los actos delictivos. De ahí que no pueda hablarse con certeza de organización ni de estructura criminal, más allá del puesto ocupado por cada cual en la Administración y que resulta indispensable para la comisión de los delitos de prevaricación y malversación. Por lo que, más propiamente, podemos decir que estamos ante un supuesto de codelincuencia, en el que no procede aplicar las figuras jurídicas de grupo ni de organización criminal,", matiza.
La Audiencia constata que Rus "ejerció su influencia en al menos dos contrataciones de Imelsa", de una ama de casa y de un futbolista del Olimpic de Xàtiva, el club que presidía. Ambos han sido condenados a siete meses de prisión.
Entre los 25 acusados se encontraba también el ex subdelegado del Gobierno, el socialista Rafael Rubio, que ha sido exculpado por el tribunal junto a otros seis trabajadores contratados entre 2004 y 2015. Al resto se les acusa de falsedad documental o de haber sido cooperadores necesarios para los delitos de malversación y prevaricación y se les imponen condenas que van desde los cuatro meses de suspensión de empleo o cargo público a los 17 años y seis meses de inhabilitación.
Según recoge la resolución judicial, todas las contrataciones se realizaron "sin ningún proceso de selección basado en los principios de publicidad, igualdad, mérito o capacidad" y sin que respondan a una "necesidad real" de las empresas, que deberán ser indemnizadas con 655.310 euros Ciegsa y más 100.000 para la sucesora de Imelsa, Divalterra.
Algunos de los contratados nunca desarrollaron labor alguna en las empresas e incluso fueron derivados a sedes donde no había "ni control de presencia ni de las funciones realizadas", pero su trabajo se certificó para "dar apariencia de legalidad".
Pero la razón de su empleo fueron "favores políticos". Según el tribunal, Marcos Benavent "suscribió los contratos para realizar favores políticos o por amistad, desviando los fondos públicos del servicio a que estaban destinados, con el consiguiente lucro de quien percibía los fondos o de las personas que resultaban beneficiadas".
También han sido condenados con una pena de cuatro y cinco años de prisión la jefa de Recursos Humanos, María Escrihuela de Imelsa y el financiero José Enrique Montblanc, por haber articulado con Benavent un sistema de pago de productividad después de que se redujera en 2011 el salario de todo el personal. Este sistema, del que salieron especialmente beneficados los tres, "no tenía justificación en ninguna evaluación del rendimiento, ni se ajustaba al procedimiento previsto en el Convenio Colectivo".
Los audios que sostienen la causa
Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, pero la sala desmonta una de las principales tesis de las defensas que viene produciéndose en casa pieza del caso Taula: la nulidad de los audios que sustentan toda la causa y que estaban recogidos en dos pendrives que entregaron la ex consellera Rosa Pérez y el ex suegro de Marcos Benavent a la Fiscalía.
La Sala ha determinado que no se vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones y "no cabe imputar violación alguna a los órganos encargados de la investigación", pues el proceso penal "se ha desarrollado sin vulneración de derechos fundamentales ni desequilibrios de las partes".