Los pliegos para el nuevo concierto de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ya están negro sobre blanco. La Administración acaba de publicar las condiciones del proceso de licitación, cuya tramitación se hace por la vía de urgencia, debido a que, según consta en el documento de pliegos, la Dirección General de Muface, "hasta fechas recientes no ha conocido la disponibilidad presupuestaria real para la asistencia sanitaria en los años 2025 y 2026".
Las compañías aseguradoras, tanto las que hasta ahora daban cobertura sanitaria al millón y medio de funcionarios -SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV- como otras que deseen concurrir, disponen hasta el próximo 5 de noviembre a las 10 de la mañana para presentar sus ofertas y tras cumplir los requisitos establecidos.
Como ya anunció el Gobierno, el nuevo concierto tendrá una dotación de 2.681.613.068,7 euros repartidos entre los dos años de vigencia del concierto: 1.337.059.970 euros en 2025 y 1.344.553.098 euros en 2026.
La resolución de la Dirección General de Muface establece que pueden concurrir a la convocatoria del concurso "toda entidad que reúna los requisitos que se indican a continuación y que deberán mantenerse durante la vigencia del concierto": tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibición de contratar con la Administración; acreditar la solvencia económica y financiera exigida en la resolución; acreditar suficiente solvencia técnica o profesional para la prestación del servicio a concertar, y estar en posesión de la preceptiva habilitación empresarial para su ejercicio.
El concierto tendrá efecto, una vez adjudicado, a las "cero horas del 1 de enero de 2025" y se extenderá hasta las "24 horas del 31 de diciembre de 2026".
El documento establece que "si la entidad no suscribiera con Muface un nuevo concierto para el año 2027, continuará obligada por el contenido del presente concierto hasta el treinta y uno de enero de 2027". Además, si en esa fecha la aseguradora o aseguradoras adjudicatarias "continuase prestando una asistencia en régimen de hospitalización o una asistencia por maternidad (con fecha prevista de parto para el mes de febrero), la entidad quedará obligada a seguir prestando la asistencia hasta el día en que se produzca el alta hospitalaria o se concluya la asistencia por maternidad, respectivamente".
Como fecha tope, el convenio marca finales del mes de marzo de 2027 para que la aseguradora siga prestando asistencia; a partir de esa fecha, la cobertura "deberá asumirla la nueva entidad de adscripción".
Primas según la edad
Entre los numerosos puntos del pliego, se establece también el precio del concierto que se establece mediante una prima fija, "que se abonará por persona mensualmente y que variará en función de la edad".
Ese importe de las primas fijas (exentos de IVA) se distribuye así: entre 0 y 4 años, 90,39 euros para 2025 y de 90,87 euros para 2026; para la franja de 5 a 14 años, 75,33 y 75,73 euros; entre 15 y 44 años, 85,36 euros para 2025 y 85,81 para 2026; entre 45 y 54 años, 90,39 y 90,87; entre 55 y 64 años, 100,45 y 100,98; entre 65 y 74 años, 120,53 euros y 121,57 euros, y para pacientes mayores de 74 años, 130,57 euros en 2025 y 11,26 euros para 2026.
Como ya adelantó el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, el nuevo concierto incorpora servicios sanitarios incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud, tales como la salud bucodental, el incremento del gasto en farmacia hospitalaria, medicamentos innovadores y terapias avanzadas. En este apartado, el concierto destaca que algunas de estas prestaciones como son las terapias avanzadas o la protonterapia, están sometidas al "dictamen de un comité de expertos".
Para ellas, Muface abonará a la entidad para cada tratamiento autorizado en iniciado en terapias avanzadas "la cantidad correspondiente al 60% del precio total de la financiación pública en las condiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad". En el caso de la protonterapia, la entidad recibirá por cada tratamiento "la cantidad de 24.000 euros".
El plazo que se establece para el abono de esas prestaciones es "dentro de los dos meses siguientes a la finalización de cada trimestre natural por los tratamientos que se haya autorizado e iniciado y respecto de los que la entidad es ese trimestre haya remitido la factura correspondiente".
Las aseguradoras que finalmente decidan concurrir a la licitación, según consta en los pliegos, deberán acreditar entre otros aspectos, que "han tenido un volumen de negocios igual o superior a 10.000.000 de euros, en primas devengadas en seguros de salud en todo el mundo, por seguro directo y reaseguro aceptado, como promedio de los tres últimos ejercicios económicos".
En cuanto a la solvencia técnica o profesional, las entidades deben disponer de "medios hospitalarios privados propios o concertados en un volumen suficiente para garantizar la prestación" y que serán como mínimo: "disponer de centro hospitalario propio o concertado en los municipios o agrupaciones que estén incluidos en el Nivel II de Atención Especializada en un volumen de al menos el 45% de los centros hospitalarios privados ubicados en dichos municipios o agrupaciones (sobre un total de 56 centros hospitalarios), y disponer de al menos un centro hospitalario propio o concertado con especialidades correspondientes al Nivel III en el 75 % de las provincias y medios hospitalarios con especialidades correspondientes al Nivel IV en el 80 % de las comunidades autónomas".
Las tres aseguradoras que prestan la asistencia médica a los funcionarios públicos durante los últimos tres años aún no han decidido si acudirán al concurso, a pesar de que en el último momento el Gobierno decidió una subida de la prima del 17,1%, calificada como "la mayor de la historia desde que existen registros". Sin embargo, se trata de un incremento muy alejado de las peticiones de las compañías (40%) y de la propia mutualidad (24%). A penas quedan 22 días para que se resuelvan las incógnitas sobre la continuidad del modelo.