CATALUÑA
CATALUÑA
Tribunales

Condenado a 15 años de cárcel el narco acusado de un crimen sin cadáver, un caso excepcional en Sant Andreu de la Barca

El suceso destapó una red dedicada al tráfico de drogas de "primer orden" que hizo llegar un submarino con 9 toneladas de cocaína a la costa cantábrica

El acusado durante el juicio
El acusado durante el juicio
Actualizado

Condenado a 15 años de cárcel Luis B, el acusado de un crimen sin cadáver, un caso excepcional en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) al no haberse encontrado nunca ni el arma homicida ni el cuerpo de la víctima, Diego Vargas. El suceso destapó además una red dedicada al tráfico de drogas de "primer orden" que hizo llegar un submarino con 9 toneladas de cocaína a la costa cantábrica

Después de que el jurado popular considerara culpable por unanimidad a Luis B, el tribunal le ha impuesto la pena más alta de prisión, los 15 años que solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima.

El crimen se remonta al 11 de mayo de 2020, día en el que Diego acudió a la nave de Luis tras haberse dado cuenta de que este último había fingido un robo para quitarle parte de una plantación de marihuana y así quedarse con todas las ganancias.

La víctima, siguiendo el código interno que usaban, hizo una llamada perdida a las 11.01 al acusado para que le abriera la puerta, el último movimiento de un teléfono que ya no registró más actividad. Diego entró con su coche, un Audi A4 azul eléctrico que tampoco se ha encontrado en todos estos años.

Luis B. salió de la nave alrededor de las 12:24 horas con una furgoneta (geolocalizada posteriormente), dejó en el interior su teléfono móvil y se llevó el de la víctima, que terminó apagado por falta de batería "en un lugar indeterminado de Gavà". Nadie respondió a las 121 llamadas que recibió. Todo para construirse una coartada falsa, según ha considerado probado el jurado.

Los Mossos iniciaron la investigación después de que la madre de Diego denunciara su desaparición. Tras una larga instrucción, el caso llegó a juicio a mediados de febrero en la Audiencia de Barcelona.

Ante la ausencia de una prueba que implique directamente al acusado -ni cuerpo ni arma-, sí que existe una prueba indiciaria, un conjunto de indicios que tienen valor en global y que no constituyen el crimen en sí pero llevan a él.

El jurado declaró probado por unanimidad que dentro de la nave el acusado mató "intencionadamente" a la víctima, de una forma que no se ha podido determinar, sin que hasta el momento se haya podido localizar su cadáver, como tampoco su móvil ni el coche con el que se desplazó hasta Sant Andreu de la Barca.

Ahora, y en la misma línea, el tribunal de la Audiencia de Barcelona le impone 15 años de cárcel al descartar por completo una posible marcha voluntaria de la víctima -"Tenía una relación muy cercana con su familia (...) así como con su pareja con la que tenía dos hijas pequeñas"- y "carecía de medios suficientes de vida para empezar en otra parte".

"El señor Diego Vargas tenía conocimiento de las actividades en todo este entramado que supera muy mucho una plantación de marihuana", aseguró durante su declaración el jefe de la unidad centra de desaparecidos de los Mossos durante el juicio. El mismo sargento describió a Luis y a su entorno durante la vista oral como "profesionales del crimen organizado de alto standing" que se encargaban de suministrar la logística -vehículos y naves- en operativos de tráfico de drogas a gran escala.

"Si yo caigo, tú caes conmigo", le mandó la víctima al acusado sobre la plantación de marihuana y sus negocios vinculados al narcotráfico, una amenaza que condujo a Diego a matarlo, según el veredicto.

De hecho, el acusado ocupaba un puesto de mayor relevancia en el entramado criminal y había estado implicado en el transporte de un submarino desde América Latina hasta la costa cantábrica cargado con unos 9.000 kilos de cocaína.

La sentencia respalda ahora esta conclusión y recuerda que la deuda económica entre ambos derivada del robo de la plantación de marihuana y las luchas por escalar dentro de la organización. "Diego reclamaba poder participar", sostiene el tribunal sobre sus vínculos con el narcotráfico.

La sentencia acuerda también una prohibición de comunicación y orden de alejamiento respecto de la mujer e hijos de la víctima e impone una indemnización total, para los familiares de la víctima, de más de 700.000 euros.