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Colectivos sociales por el derecho a la vivienda convocaron una concentración que reunió anoche a más de un centenar de personas junto a la sede de Junts per Catalunya para protestar por su voto en contra, el martes, del decreto ómnibus que incluía medidas contra los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.
El acceso al Passatge de Bofill, un pequeño pasaje en la zona derecha del Eixample barcelonés junto a la Sagrada Familia, quedó cortado a ambos lados con presencia de los Mossos d'Esquadra ante la sede central del partido presidido por Carles Puigdemont.
Los manifestantes reclamaron "medidas urgentes" contra el desahucio de colectivos vulnerables después de que el Congreso de los Diputados derogara anteayer el Real Decreto-ley, aprobado el 23 de diciembre por el Gobierno, que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, el refuerzo del bono social eléctrico y la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
Además de JxCat, votaron también en contra del denominado "escudo social" PP, Vox y UPN. La prórroga de la suspensión de los desahucios beneficiaba a más de 60.000 familias en toda España, según los datos de la Mesa Sindical de la Vivienda de Cataluña.
Vivienda y pensiones
A las organizaciones que forman esta agrupación [Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sindicat de Llogateres, Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya y Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya], se les unieron en la concentración de anoche otros colectivos sociales, como Marea Pensionista o Alianza contra la Pobreza Energética.
El portavoz de la PAH, Juanjo Ramón, lamentó que "el voto en contra de Junts y de la extrema derecha en general provoca que miles de personas puedan ser desahuciadas en cualquier momento".
Por su parte, la portavoz de la Confederación Sindical de Vivienda, Marta Espriu, calificó la jornada del martes en el Congreso, en la que se produjo la primera derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez este año, como "un circo parlamentario" y acusó a los neoconvergentes de querer ser "los portavoces de la patronal inmobiliaria".
A su vez, la portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista, Gisela Bermúdez, se quejó de que "se estén alcanzando máximos históricos" en el precio del alquiler, una situación que dijo que no es responsabilidad exclusiva de los partidos de la derecha, sino de todos los grupos de la Cámara.
Para Txema Escorsa, representante del Sindicato de Inquilinas, "con más de 150.000 contratos de alquiler que finalizan este año, la derogación del decreto conduce al límite del colapso".