Vic se ha convertido en el primer Ayuntamiento de Cataluña en ser condenado por exigir un nivel desproporcionado de catalán para acceder a un puesto de trabajo en el Consistorio. El municipio, que está gobernado por Junts, reclamó un nivel de catalán B2 para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento y, ahora, el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona declara «nulas» las bases de su concurso público y ordena al Ayuntamiento que pase a requerir el nivel A2 «básico» a los candidatos.
El juez considera que «la elevación del requisito al nivel B2, aplicada de forma indiscriminada y no conectada con las funciones [del puesto de trabajo ofrecido], genera una barrera de acceso con efecto excluyente para quienes no acrediten ese nivel». Y añade la sentencia: «Ello constituye una discriminación directa por razón de lengua». El fallo -al que ha tenido acceso EL MUNDO- subraya que «cabe concluir que el puesto es eminentemente manual, sin exigencias propias de interacción lingüística compleja».
Reseña la sentencia que el decreto 161/2002 sobre la acreditación del conocimiento de catalán en los procesos de selección de personal en las administraciones públicas de Cataluña estipula que se debe acreditar el conocimiento de este idioma cooficial «en el grado adecuado a las funciones de las plazas de que se trate». Y ese argumento blande el juez para tumbar el concurso de Vic y su imposición desproporcionada de catalán a sus operarios.
El abogado y presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, que recurrió la excesiva reclamación de catalán por el Consistorio barcelonés, constata que, «con esta nueva sentencia, se refuerza la obligación que tienen los ayuntamientos de exigir en sus oposiciones un nivel de catalán razonable y acorde con las funciones que se van a desempeñar». «No tiene ninguna justificación hacer un examen de gramática o literatura catalanas en una oposición para cubrir un puesto de peón albañil en un cementerio, a no ser que lo que realmente quieras es evitar que ciudadanos no catalanohablantes del resto de España puedan optar a esa plaza», suma el letrado.
El Ayuntamiento de Vic, célebre por su ferviente respaldo al proceso independentista -emitió consignas secesionistas por la megafonía municipal o permitió poblar de cruces amarillas la plaza central del municipio-, defendió su postura lingüística excluyente, pero ha acabado condenado a rectificar y a pagar 1.000 euros de costas, que deberán salir del erario público.
Otros consistorios que habían impuesto requisitos excesivos de catalán en sus procesos de selección prefirieron desistir de sus intenciones tras ser denunciados judicialmente.
Tal y como reveló este diario el pasado mes de mayo, ocurrió con ayuntamientos catalanes del PSC, ERC o Junts. En concreto, los consistorios socialistas de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) y Roses (Gerona) rectificaron tras haber reclamado un nivel B1 de catalán -intermedio- para optar a una plaza como operario de la brigada municipal de mantenimiento.
También reculó antes de ser condenado el municipio barcelonés de Sant Andreu de la Barca, en este caso gobernado por ERC y que también reclamaba el nivel intermedio B1 para convertirse en uno de los operarios de limpieza de su plantilla. Y lo mismo hizo La Roca del Vallès, municipio barcelonés que en su día estuvo gobernado por el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que ahora se encuentra bajo el control de Junts. En este caso se requería el nivel B1 a los aspirantes a peón de la brigada de obras.